La Junta de Andalucía de Moreno Bonilla ha cruzado una línea roja que despoja a la sanidad pública de su carácter social para convertirla en un frío negocio de parquímetros. Bajo la falsa promesa de la modernización y con el pretexto de las obras del futuro Hospital Virgen de la Esperanza, el Gobierno del PP ha perpetrado un ataque directo a la línea de flotación de los malagueños: transformar el suelo 100% público del Hospital Civil en un lucrativo negocio privado mediante una concesión a una UTE por 23 años que obligará a enfermos, familiares y trabajadores a pagar un peaje para poder acceder al recinto sanitario.
Este vergonzoso “impuestazo a la enfermedad” no es un hecho aislado, sino la enésima estrategia diseñada por Moreno Bonilla para deteriorar lo público, asfixiar a los usuarios y favorecer la sanidad privada.
El desembarco de las máquinas en el histórico Hospital Civil de Málaga no comenzó con la colocación de tecnología médica de vanguardia ni reforzando las plantillas de facultativos. Comenzó destruyendo el entorno. Han eliminado radicalmente la arboleda que antes proporcionaba sombra a los vehículos convirtiéndola en una inmensa y desoladora explanada de alquitrán. Un destrozo medioambiental urbano perpetrado para dar paso a un parquímetro forzoso que alcanzará las 650 plazas provisionales en superficie.
La codicia recaudatoria de este proyecto es tan desmedida que parece haber olvidado los principios más elementales de la humanización hospitalaria y el bienestar del paciente. Alguien en la Junta debería explicar qué modelo de vehículo han utilizado los ingenieros para diseñar el tamaño de unas plazas de aparcamiento tan estrechas que casi obligarán a los usuarios a cambiar sus coches por modelos con puertas correderas para poder salir de ellos.
Peor aún es la situación que sufrirán los enfermos ingresados tanto en el Hospital Civil como en el colindante Materno Infantil, donde se encuentran niños hospitalizados de especial fragilidad. ¿Nadie en la Junta se ha dado cuenta del impacto de la brutal contaminación lumínica que generarán las nuevas torretas de iluminación del recinto cuando se enciendan por la noche? El descanso nocturno es un pilar terapéutico clave para la recuperación, y la literatura médica desaconseja la exposición a focos intensos de luz artificial pues altera los ritmos circadianos y eleva el estrés. ¿Esto les da igual?
La humillación económica a la plantilla es flagrante. El nuevo sistema establece una tarifa supuestamente reducida de 0,61 euros por hora para los trabajadores. Lo que la Junta vende como privilegio se traduce en un desembolso diario superior a los 5 euros, superando los 7 euros cuando toca realizar turnos de doce horas.
Al mes, acudir a trabajar al Servicio Andaluz de Salud le costará a cada profesional unos 100 euros solo por estacionar su coche en suelo público. Hasta ahora, los sanitarios disponían de un bono de 16 euros válido para 20 días de estacionamiento. El incremento actual dinamita cualquier lógica de derechos laborales. La propia Junta de Personal del Complejo Hospitalario ha denunciado ante los medios este abuso.
La medida de la Junta carece por completo de progresividad y demuestra una alarmante falta de sensibilidad social, ya que no contempla las diferencias retributivas de las distintas categorías profesionales del hospital. Aunque el pago de 100 euros mensuales resulta doloroso e injusto para el bolsillo de un médico, el impacto es devastador cuando se aplica a los colectivos de la base salarial del sistema.
Un celador, una limpiadora, una auxiliar de enfermería o un pinche de cocina de la sanidad pública andaluza perciben, en muchos casos, salarios que superan por poco los 1.000 euros netos mensuales. Obligar a estos trabajadores de los niveles más humildes a destinar un 10% de su sueldo mensual única y exclusivamente a pagar el aparcamiento para poder cumplir con sus obligaciones laborales roza el despropósito y la explotación laboral encubierta.
Por si fuera poco, el Gobierno del PP solo va a bonificar a un número mínimo de profesionales: apenas 163 trabajadores. Una cifra ridícula, un porcentaje insignificante que deja a miles de empleados públicos completamente desamparados ante la voracidad de la empresa concesionaria.
Si los profesionales están viviendo una pesadilla, para los pacientes y los familiares de los enfermos acudir al hospital será aún peor. La tarifa general impuesta por la Junta de Andalucía asciende a 1,36 euros por cada hora que el vehículo permanezca estacionado en el recinto. Cobrar esto a las personas que acuden al hospital de día a hacerse analíticas rutinarias, someterse a pruebas diagnósticas que acumulan horas de retraso o a visitar a sus seres queridos es una barbaridad que rompe el principio de gratuidad del sistema. Es un copago encubierto que castiga al ciudadano cuando se encuentra en su situación de mayor fragilidad.
Las recomendaciones de la Junta invitando a utilizar el transporte público es un insulto a la inteligencia. Un paciente oncológico que sale exhausto de una dura sesión de quimioterapia no puede coger un autobús urbano y el metro no llegará a esta zona hasta dentro de varios años. Por lo que o vas en coche o no llegas a tiempo.
La caótica reorganización temporal del aparcamiento, ejecutada de manera chapucera por la Junta de Andalucía desde el mes de marzo, ya ha provocado un colapso circulatorio diario y escenas de profunda desesperación en los accesos al centro sanitario. Al haber reducido de golpe el espacio disponible a escasas 300 plazas operativas mientras duran los trabajos, encontrar un hueco por la mañana se ha convertido en imposible.
Los testimonios de los profesionales del hospital reflejan el nivel de malestar y degradación de las condiciones de trabajo que sufre la sanidad malagueña bajo la gestión del PP. SER Málaga hace unos días se ha hecho eco de la queja de una enfermera del complejo hospitalario, quien prefiere mantener su anonimato por temor a represalias, y que relata que tiene que trabajar el sábado por la mañana y se tiene que ir el día antes a dormir en el coche porque sabe que luego no hay aparcamiento y debe buscar un hueco como sea. Esta sanitaria denuncia además que las máquinas de las empresas concesionarias están trabajando constantemente y se está molestando de forma directa a los pacientes ingresados porque el ruido en las habitaciones es insufrible.
Hoy, ante la cruda realidad de los parquímetros privados sobre suelo público y los recortes presupuestarios, a muchos remuerde la conciencia. El enfado actual de los profesionales de los hospitales es comprensible, pero quizás muchos de ellos debieron pensar mejor las consecuencias de su voto a un partido cuyo modelo de gestión de los servicios públicos pasa obligatoriamente por la privatización y el beneficio empresarial. Ahora, ya no valen las lamentaciones.
El modelo de Moreno Bonilla queda perfectamente retratado en el Hospital Civil: un sistema de salud desmantelado donde la enfermedad cotiza en bolsa y el cronómetro de la recaudación privada empieza a facturar dinero desde el mismo instante en que el ciudadano apaga el motor de su vehículo para entrar en la consulta médica.
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