La firma de un nuevo convenio entre la Junta de Andalucía y los arzobispados andaluces para garantizar la asistencia religiosa católica en los hospitales públicos ha vuelto a poner en duda las prioridades del sistema sanitario andaluz. La parlamentaria de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, ha criticado duramente el acuerdo, que contempla la presencia de 117 capellanes en centros hospitalarios de la comunidad, y ha acusado al Gobierno de Moreno Bonilla de destinar recursos públicos a servicios religiosos mientras persisten problemas estructurales relacionados con la falta de personal sanitario y las listas de espera.
La polémica surge tras la renovación del convenio que regula la asistencia religiosa católica en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según el acuerdo, los capellanes podrán desarrollar su labor pastoral en los centros sanitarios, acceder a los hospitales para atender a pacientes que así lo soliciten, celebrar actos religiosos y disponer de espacios habilitados para estas funciones.
Desde Por Andalucía consideran que la medida evidencia una escala de prioridades equivocada por parte del Ejecutivo autonómico. Así, Rodríguez ha asegurado que la sanidad pública andaluza atraviesa un momento especialmente delicado y que las necesidades actuales pasan por reforzar las plantillas de médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios.
“Mientras las listas de espera siguen creciendo y muchos centros de salud denuncian falta de personal, el Gobierno andaluz decide firmar un convenio para incorporar 117 capellanes a los hospitales públicos”, ha señalado la diputada de la coalición de izquierdas.
Prioridades sanitarias
La formación sostiene que la asistencia espiritual a los pacientes es un derecho reconocido, pero considera que el debate debe centrarse en el destino de los recursos públicos en un contexto de presión asistencial. Según ha defendido Rodríguez, la prioridad debería ser aumentar la contratación de personal sanitario para mejorar la atención y reducir los tiempos de espera que acumula el sistema.
“La sanidad pública necesita médicos, enfermeras, técnicos y más recursos asistenciales. No necesita nuevos convenios con instituciones religiosas”, ha manifestado la parlamentaria.
Petición de transparencia sobre el convenio
Uno de los aspectos que más cuestiona Por Andalucía es el impacto económico que tendrá el acuerdo para las arcas públicas. La formación ha reclamado al Ejecutivo autonómico que detalle públicamente qué recursos se destinarán al desarrollo del convenio y cuáles serán los costes asociados a la presencia de los capellanes en los hospitales andaluces.
De este modo, Rodríguez ha pedido que la Junta explique con claridad las condiciones económicas del acuerdo y el alcance de las contraprestaciones contempladas: “Los andaluces tienen derecho a saber cuánto dinero público se destina a este convenio y si esos recursos podrían emplearse para reforzar la atención sanitaria”, ha afirmado.
La coalición considera que el debate trasciende el ámbito religioso y afecta directamente a la gestión de los servicios públicos. En este sentido, insiste en que cualquier inversión realizada dentro del sistema sanitario debe responder prioritariamente a criterios asistenciales.
La asistencia religiosa en los hospitales
La presencia de asistencia religiosa en hospitales públicos no es una novedad en Andalucía ni en el resto de España. Este servicio se encuentra amparado por los acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede, así como por la legislación que reconoce el derecho de los pacientes a recibir atención espiritual durante su estancia hospitalaria.
El nuevo convenio firmado por la Junta actualiza el marco de colaboración existente con la Iglesia católica y regula la actividad de los capellanes en los centros dependientes del SAS. Sin embargo, los sectores de la izquierda política consideran que, en el contexto actual, la prioridad de la sanidad andaluza debe ser reforzar las plantillas y los recursos materiales de los centros sanitarios.
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