La vivienda es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Conviene recordarlo desde el principio porque en Andalucía el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla lleva años intentando desviar responsabilidades hacia otras administraciones. Pero la realidad es incontestable. Si los alquileres se han disparado hasta niveles históricos, si miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y si trabajadores esenciales están empezando a abandonar o rechazar empleos porque no pueden permitirse vivir cerca de su puesto de trabajo, el máximo responsable político está en San Telmo.
Y las consecuencias ya son visibles. La política de vivienda del Gobierno andaluz no solo está agravando la desigualdad social. También está empezando a provocar un problema económico y laboral de enorme magnitud. Sanitarios durmiendo en coches o caravanas porque no pueden pagar un alquiler en Marbella. Camareros que rechazan trabajar en la Costa del Sol porque el sueldo no les llega para cubrir una habitación. Profesores que no encuentran vivienda asequible en municipios turísticos. Andalucía empieza a expulsar a los trabajadores que sostienen la sanidad pública, la educación y el turismo.
Los datos son demoledores. Desde que Moreno Bonilla llegó a la Junta en 2019, el precio del alquiler en Andalucía ha subido de forma descontrolada. Según los portales inmobiliarios de referencia, el precio medio ha pasado de rondar los 8,4 euros por metro cuadrado a superar ya los 13,5 euros. En términos reales, el incremento se acerca al 60% en apenas unos años. Y en provincias como Málaga, Cádiz o determinadas zonas de Sevilla y Granada, la subida ha sido todavía mucho mayor.
En Málaga capital y en numerosos municipios de la Costa del Sol, encontrar un alquiler asequible se ha convertido directamente en una misión imposible. Lo que antes era un problema limitado a determinadas zonas turísticas empieza ya a extenderse a buena parte de Andalucía.
Mientras tanto, Moreno Bonilla sigue negándose a aplicar la Ley Estatal de Vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una ley que permite declarar zonas tensionadas y limitar los precios del alquiler allí donde el mercado se ha convertido en un mecanismo de expulsión social.
La Junta rechaza utilizar esa herramienta pese a que ya existen ejemplos claros de que funciona. Cataluña, donde sí se han aplicado medidas de contención de precios, está registrando descensos significativos en el coste de los alquileres en muchas ciudades.
El relato del PP andaluz vuelve a chocar con la realidad. Allí donde se regula, los precios empiezan a moderarse. Allí donde se deja el mercado completamente en manos de fondos de inversión, especulación y pisos turísticos, los alquileres se disparan.
Y Moreno Bonilla no puede escudarse en falta de competencias. Porque la vivienda depende principalmente de las comunidades autónomas. La Junta tiene capacidad para impulsar vivienda pública, movilizar suelo, limitar zonas tensionadas o frenar determinados excesos especulativos. Pero ha optado por exactamente lo contrario.
El ejemplo más evidente del fracaso está en la vivienda protegida. Desde que Moreno Bonilla llegó al poder, Andalucía ha construido una cantidad claramente insuficiente de VPO para afrontar la emergencia habitacional que vive la comunidad. El propio Gobierno andaluz presume de algo más de 13.000 viviendas protegidas impulsadas desde 2019. Si se divide la cifra entre los años de mandato, apenas sale una media cercana a las 2.000 viviendas anuales para toda Andalucía.
Una comunidad con más de ocho millones y medio de habitantes no puede afrontar una crisis de vivienda levantando tan pocas viviendas protegidas al año. Y menos aún cuando buena parte de esas promociones dependen además de fórmulas de colaboración público-privada que no garantizan realmente precios asequibles para quienes más lo necesitan.
Mientras tanto, los registros de demandantes de vivienda protegida siguen creciendo sin parar.
Las consecuencias empiezan ya a ser muy graves en sectores esenciales. El caso del Hospital Costa del Sol de Marbella se ha convertido en el símbolo perfecto del desastre. Sanitarios durmiendo en coches, furgonetas o caravanas porque no pueden permitirse un alquiler en Marbella ni en municipios cercanos.
No es una exageración. Es la realidad de profesionales sanitarios que trabajan para la sanidad pública andaluza y que no encuentran vivienda a precios asumibles.
La situación ha sido denunciada por sindicatos y trabajadores, que alertan además de otro problema todavía más grave: muchas plazas médicas quedan vacantes porque los profesionales rechazan trasladarse a determinadas zonas de Andalucía ante la imposibilidad de pagar un alquiler.
La imagen es devastadora. Médicos y enfermeros durmiendo en aparcamientos mientras el Gobierno andaluz sigue negándose a intervenir un mercado completamente fuera de control.
Y lo más preocupante es que el problema ya se está extendiendo a otros sectores. También ocurre con docentes, policías, empleados del comercio o trabajadores de servicios básicos. Cada vez resulta más difícil cubrir determinados puestos en zonas especialmente tensionadas por el turismo y la especulación inmobiliaria.
Ahí aparece otro de los grandes riesgos para Andalucía: el impacto sobre el turismo.
La hostelería lleva meses alertando de la falta de trabajadores, especialmente camareros. Pero detrás de ese problema hay una realidad mucho más compleja de la que algunos quieren reconocer.
Durante años, miles de trabajadores del interior de Andalucía acudían cada verano a la Costa del Sol o a otras zonas turísticas para trabajar en hoteles, restaurantes y bares. Hoy muchos ya no pueden hacerlo porque simplemente no les salen las cuentas.
El problema no es únicamente el precio de la vivienda, aunque sea un factor decisivo. También influye la precariedad laboral que sigue existiendo en buena parte del sector hostelero.
Muchos camareros continúan soportando jornadas larguísimas, horas extras no pagadas y salarios insuficientes. En numerosos casos, los sueldos apenas superan los 1.300 o 1.400 euros mensuales. Y con esos ingresos resulta prácticamente imposible asumir alquileres que en ciudades como Marbella, Málaga o determinados municipios costeros superan con facilidad los 800 euros incluso por habitaciones pequeñas.
La consecuencia es evidente. Trabajar en la costa ya no compensa para muchísimos empleados.
Y eso empieza a generar un problema estructural para el principal motor económico andaluz.
Porque Andalucía puede batir récords turísticos, pero si los trabajadores no pueden permitirse vivir donde trabajan, el modelo empieza a resquebrajarse.
No se trata únicamente de camareros. También faltan cocineros, personal de limpieza, recepcionistas o empleados del comercio. Sectores enteros empiezan a sufrir las consecuencias de una vivienda completamente descontrolada.
La paradoja es enorme. Andalucía presume de crecimiento económico y liderazgo turístico mientras expulsa precisamente a quienes sostienen ese modelo con su trabajo diario.
Y todo ello sucede mientras Moreno Bonilla continúa rechazando cualquier medida seria para intervenir el mercado del alquiler.
El Gobierno andaluz habla constantemente de “facilitar” la construcción y de colaboración público-privada, pero evita actuar sobre el verdadero núcleo del problema: la especulación inmobiliaria, la falta de vivienda pública y el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos en determinadas zonas.
El resultado es una Andalucía cada vez más desigual. Jóvenes expulsados de sus barrios. Familias destinando más del 40% de sus ingresos al alquiler. Sanitarios durmiendo en caravanas. Camareros que rechazan empleos porque trabajar ya no garantiza poder vivir dignamente.
Y mientras todo eso ocurre, la Junta sigue intentando culpar a otros.
Pero la realidad es mucho más simple. La vivienda es competencia autonómica. Y cuando una comunidad autónoma permite que los alquileres se disparen durante años sin actuar con contundencia, las consecuencias terminan llegando a todas partes.
Primero fue un problema social.
Ahora empieza a ser también un problema sanitario, laboral y económico.
Y Andalucía ya está pagando el precio de la política de vivienda de Moreno Bonilla.
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