La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, se sientan este jueves en calidad de investigados ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Leire’, Santiago Pedraz, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.
Así, en el marco de la causa que investiga una supuesta trama para influir en causas judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE, González declarará a partir de las 10:15 horas y, al término de su turno, hará lo propio el DAO. Cabe recordar en este punto que la directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) reflejara en un informe que esta llegó a mantener hasta tres reuniones con Leire Díez, exmilitante socialista, quien, a juicio del magistrado, habría coordinado la supuesta trama junto con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Concretamente, la UCO apuntó a varios encuentros presenciales entre González y Díez que tuvieron lugar los días 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025. "Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo 'investigaciones internas' en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa", señala la UCO en uno de sus informes. Y añade: "Se ha apreciado cómo Leire Díez pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediante entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".
No obstante, después de que este informe saliera a la luz, la directora general de la Guardia Civil aseguró que "nunca, jamás" ha influido en ninguna investigación de la UCO, ni tampoco presionado a ningún agente ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales. Al margen de ello, González reconoció varios encuentros con Díez, así como que intercambió "unos cuantos mensajes de WhatsApp" durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando la exmilitante socialista era directora de Relaciones Institucionales de Correos.
En aquel momento, González subrayó que mantuvo un encuentro con Díez en septiembre de 2024, aunque subrayó que la exmilitante "en ningún momento habló de nada relacionado con investigaciones en curso de la Guardia Civil. Asimismo, en una última cita en el mes de mayo, Díez le planteó "retornar a su destino" al comandante Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo', algo que la directora general dijo que "rechazó de plano", según afirmó.
El DAO, imputado por presiones para "ponerse de perfil"
En otro orden de cosas, el juez Pedraz imputó el pasado 2 de julio a Llamas después de que la UCO reflejara en un informe que el que fuera jefe de la unidad entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, había destapado presiones por parte del DAO y el ex director general del Instituto Armado Leonardo Marcos para "ponerse de perfil" en la investigación judicial a David Sánchez, hermano del jefe de Ejecutivo.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción se mostró a favor de citarle como investigado al entender que la intención de Llamas era "generar un efecto de desaliento" a la UCO para que no impulsara investigaciones. En este sentido, Anticorrupción describió que la presunta trama llevó a cabo "actuaciones dirigidas, indiciariamente, a inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales de los más variados modos".
Uno de ellos habría sido "impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada", como la posible filtración a la prensa de mensajes comprometidos entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y otros miembros relevantes del PSOE que "se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel".
"La apertura sucesiva de informaciones reservadas frente a los integrantes de una unidad policial encargada de investigaciones penales de especial trascendencia posee una evidente capacidad para generar un efecto desaliento sobre el ejercicio independiente de las funciones de policía judicial", relataron las fiscales del caso.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
