La figura de los agentes forestales para la prevención y control de incendios ha visibilizado en la última semana, tras los incendios que han calcinado miles de hectáreas en el país y han movilizado medios estatales para atender para atender emergencias que se propagan rápidamente por las condiciones climatológicas.
La protección del medioambiente junto con medidas de prevención de incendios forestales cobra especial importancia en los meses de verano y puede evitar que la gravedad de estos aumente innecesariamente. Sin embargo, estas medidas han encontrado resistencia desde la derecha, donde el Partido Popular (PP) se ha abstenido de votar a favor de medidas históricas que protegen los bomberos forestales y medioambientales.
A finales del año pasado, el PSOE aprobó la Ley Básica de Bomberos Forestales, que reconoce legalmente la figura del bombero forestal para garantizar que sus derechos estén protegidos. El procurador del PSOE, José Luis Vázquez, explicó que la medida busca hacer que el trabajo sea “público, permanente, coordinado y perfectamente dotado de medios personales y materiales” dado que los bomberos y bomberos forestales “dan hasta la vida” por la protección de los civiles.
Pese a contar con 178 votos a favor, la medida registró 171 abstenciones por parte del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN). En el caso del PP, su diputado Tomás Cabezón Casas criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta Teresa Ribera por estar “ocupados con otros asuntos y no tener en cuenta la opinión ni de las comunidades autónomas, ni de los órganos consultivos, ni de los ayuntamientos” al desarrollar el proyecto de ley.
"El Gobierno únicamente se dedica a hablar de política medioambiental cuando hay un incendio en una comunidad del PP para decir que es por los nefastos gobernantes del PP. En cambio, si el incendio es en una comunidad socialista se debe al cambio climático", sentenció el diputado. Además, el comunicado del PP remarca que considera que la ley “crea inestabilidad jurídica y rompe la igualdad entre Comunidades Autónomas” dado que a su juicio, representa una “invasión de competencias” autonómicas.
Otro proyecto de ley que se ha aprobado, junto con la anterior, pero que tampoco contó con el respaldo del PP, es la Ley básica de Agentes Forestales y Medioambientales. Esta medida regula la profesión y busca crear un régimen jurídico aplicable en todo el país, algo que tanto la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) como la asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) resaltaron haber reclamado durante muchos años.
Sin embargo, el proceso de aprobación de estas leyes fue entorpecida por el PP. Presentando enmiendas a ambas leyes, se retrasó su tramitación parlamentaria por modificaciones que “no aportan nada nuevo” y que, en algunos casos, son “regresivas”, según advirtió en su momento Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), UGT y la AEAFMA.
Los bomberos y agentes forestales y medioambientales amenazaron con concentraciones porque los ‘populares’ mantenían las enmiendas, pese a que tanto el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) retiraron las suyas. El delegado sindical del Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y agente medioambiental de Castilla y León, Marcelino Arribas, señaló a EFE que: "No se entiende que el Partido Popular introduzca enmiendas en el Senado a un texto que fue aprobado en julio por el pleno del congreso sin ningún voto en contra".
Sin embargo, la ley se aprobó a finales de octubre con una enmienda propuesta por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para aplicar la jubilación anticipada a los agentes rurales y para incluir modificaciones que excluye los bomberos del País Vasco, dado que ya que ya está regulada la figura de los bomberos forestales.
La fórmula habitual: culpar al Gobierno
Además de la evidente abstención por parte del PP de proteger la figura de los agentes forestales y medioambientales que ahora son esenciales para controlar los fuegos que arrasan grandes partes del país y especialmente a Castilla y León, el PP ha optado por culpar al Ejecutivo por las dificultades para extinguir los incendios.
Este jueves, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social de los ‘populares’, Carmen Fúnez, ha atribuido los retos en controlar los incendios a que el Gobierno no haya conseguido aprobar los Presupuestos Generales del Estado para este año.
Defendiendo que el uso de los presupuestos de 2023 no atiende a las necesidades del país dos años después, ha mostrado frente a periodistas un supuesto documento del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que se han contratado cinco aeronaves menos de las previstas -42 en total- por “la ausencia de Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2025”. Según Fúnez, esto es “el motivo por el que se han contratado cinco aeronaves menos y, por lo tanto, nos hacen tener menos medios para luchar contra el fuego”.
El Gobierno ha desmentido esta afirmación porque “la realidad es que el número de aeronaves del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para esta campaña asciende a 56”, enfatizando además que el presupuesto destinado a la extinción de incendios forestales ha “incrementado un 29% respecto al ejercicio anterior”.
Pese a que el control de los incendios forestales es competencia de las Comunidades Autónomas y no del Estado -aunque una autonomía le puede solicitar asistencia al Ejecutivo en el caso de que el incendio no puede ser controlado por los medios disponibles- según el artículo 148 de la Constitución Española, la vicesecretaria de Sanidad del PP ha obviado este hecho y ha cargado contra el Ejecutivo: “La debilidad parlamentaria de Sánchez no lastra solo al PSOE, sino que está lastrando la seguridad de todos los españoles, como así atestigua un documento del propio ministerio”.
