La escena se repite. Una dirigente histórica del Partido Popular cuestiona a un juez cuando una sentencia o una investigación golpea al partido. Esta vez ha sido María Dolores de Cospedal, que desde el plató de TeleMadrid ha acusado al magistrado José Ricardo de Prada de prevaricar, reavivando el largo historial de ataques del PP a la justicia durante el caso Gürtel.

Las declaraciones se produjeron este martes en el programa 'El Análisis: Diario de la Noche', presentado por Antonio Naranjo, donde la ex secretaria general del Partido Popular fue más allá del cuestionamiento técnico de una sentencia. Cospedal aseguró que De Prada actuó movido por intereses políticos y acusó directamente al presidente Pedro Sánchez y a su Ejecutivo de “atacar a los jueces y a la justicia”. Un discurso que, lejos de ser novedoso, conecta con una estrategia sostenida en el tiempo por el PP cada vez que la justicia ha puesto en jaque a la formación.

Negación y ataque desde el inicio

Desde que estalló el caso Gürtel en 2009, la reacción del Partido Popular fue cerrar filas y negar de forma tajante cualquier implicación orgánica en la trama. Las detenciones, registros y primeras imputaciones no dieron lugar a una reflexión interna ni a asunción alguna de responsabilidades políticas. Muy al contrario, la dirección popular activó desde el primer momento un discurso defensivo que pasaba por desacreditar el trabajo de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado. Las investigaciones judiciales fueron presentadas como una ofensiva política y mediática, una supuesta “cacería” orquestada contra el principal partido de la derecha española.

En aquellos primeros días, dirigentes del PP insistieron en que no existía una trama de corrupción, sino “comportamientos individuales” sin relación con el partido. Se habló de “montajes”, de “filtraciones interesadas” y de una “causa general” impulsada desde instancias políticas y judiciales con el objetivo de desgastar al PP en un contexto de fuerte polarización política. El foco del debate no se situó en los hechos investigados, sino en la legitimidad de quienes los investigaban.

Esta estrategia de negación se acompañó de una ofensiva verbal constante contra el poder judicial. El PP evitó asumir cualquier responsabilidad institucional y optó por señalar a jueces y fiscales como piezas de una supuesta operación para alterar el equilibrio político. Las comparecencias públicas, ruedas de prensa y entrevistas de aquellos años repitieron un mismo mensaje: no había corrupción estructural, no existía financiación irregular y las investigaciones respondían a intereses ajenos a la justicia.

El relato fue especialmente intenso cuando la causa comenzó a avanzar y a señalar a cargos públicos, estructuras territoriales del partido y sistemas de adjudicación de contratos. En lugar de colaborar con la investigación o depurar responsabilidades, el PP reforzó la idea de que estaba siendo víctima de una persecución. Esa narrativa sirvió para cohesionar internamente al partido y para trasladar a su electorado la idea de que Gürtel no era un problema de corrupción, sino un ataque político disfrazado de proceso judicial.

Con el paso del tiempo, y a medida que las pruebas se acumulaban y las sentencias confirmaban la existencia de la trama, el discurso inicial no se corrigió, sino que se endureció. La desconfianza hacia la justicia se convirtió en un elemento central de la estrategia comunicativa del PP, sentando las bases de una relación conflictiva con los tribunales que se prolongaría durante toda la instrucción y que, años después, sigue reapareciendo cada vez que se revisa el legado judicial del caso Gürtel.

De Prada, en el centro de la diana

El nombre de José Ricardo de Prada se convirtió en uno de los principales blancos del PP a partir de 2018, cuando la Audiencia Nacional dictó la sentencia que acreditó la existencia de una caja B en el partido y señaló que el PP se había beneficiado económicamente de la trama Gürtel. Aquel fallo judicial no solo tuvo consecuencias penales, sino que provocó un terremoto político al servir de base para la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Lejos de aceptar el contenido de la sentencia, dirigentes populares cuestionaron abiertamente la imparcialidad del magistrado. Se insinuó que había actuado con motivaciones ideológicas, se puso en duda su profesionalidad y se llegó a afirmar que la resolución judicial excedía el ámbito jurídico para entrar en el terreno político. Las palabras de Cospedal en TeleMadrid encajan exactamente en ese patrón.

El relato del “lawfare”

Con el paso del tiempo, el PP ha sofisticado su discurso. A la acusación de “causa general” se ha sumado el uso del concepto de lawfare, con el que algunos dirigentes conservadores intentan presentar las decisiones judiciales desfavorables como una forma de persecución política. En este marco, la Gürtel ha sido reinterpretada por sectores del partido como un ejemplo de supuesta utilización de la justicia para provocar un cambio de gobierno.

Este relato omite, sin embargo, que las sentencias del caso Gürtel han sido confirmadas en instancias superiores y que los hechos probados describen una trama de corrupción prolongada en el tiempo, con condenas firmes a empresarios, cargos públicos y responsables políticos vinculados al PP.

Una estrategia reiterada

Las declaraciones de Cospedal no son una excepción ni un desliz individual. Forman parte de una estrategia reiterada del PP cuando las resoluciones judiciales comprometen su imagen o su estabilidad política: negar los hechos, minimizar su gravedad y desacreditar a quienes los investigan. Una dinámica que se ha repetido en distintos momentos del caso Gürtel y que ha contribuido a erosionar la confianza en las instituciones judiciales desde la propia esfera política.

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