Pablo Crespo, el 'amigo peligroso' que acerca la trama Gürtel a Feijóo

La trama de la Gürtel, que en palabras de su denunciante José Luis Peñas ha "marcado un antes y un después en la relación de España con la corrupción", vive en estas jornadas su último episodio, aunque el próximo año contará con un epílogo que será el juicio de la Kitchen. El punto y final se dará cuando el magistrado emita su veredicto, si bien Francisco Correa y Pablo Crespo, los cabecillas de esta red que amañó contratos públicos haciendo que numerosas personas obtuvieran beneficios económicos de forma irregular, han confesado ya los delitos que cometieron. Hasta el próximo 20 de noviembre, una veintena de acusados pasarán por los banquillos de la Audiencia Nacional para prestar declaración en un proceso en el que, durante estos años, se ha venido investigando un entramado que ha dejado 94 condenados que enfrentan ya hasta 750 años de cárcel, al haberse identificado un fraude de 200 millones de euros. Entre ellos, muchos, al igual que Correa y Crespo, están buscando alcanzar acuerdos con la Fiscalía para reconocer su culpabilidad y reducir así sus penas.

La trama de la Gürtel operó desde antes de la entrada del mileno hasta el 2009. José Luis Peñas, quien fuera concejal de Majadahonda, fue quien sacó este caso a la luz al denunciarlo a través de grabaciones que realizó. Un enorme entramado cuya gran extensión ha obligado a que fuera necesario dividir la causa en más de diez piezas para poder juzgarla, terminando ahora todo con el paso por la Audiencia Nacional de los acusados en la que sería la "pieza principal". No obstante, a pesar del trabajo realizado estos años en las investigaciones y las condenas que ya se han interpuesto, la Gürtel todavía deja misterios por resolver, como quién fue aquel M.Rajoy al que no lograron identificar y por qué a determinadas personas, como Pablo Crespo, se les mantuvo en sus cargos a pesar de las sospechas que había en la formación política sobre las irregularidades que cometían.

Esta es trama corrupta que adquirió enorme protagonismo al haberse dado en el seno del Partido Popular, en torno al cual se tejió una red de empresas que amañaban concursos públicos a cambio de sobornos y cobraban sobrecostes en eventos y contratos, especialmente en las comunidades de Madrid y Valencia, aunque con extensión a otros territorios de España, como, por ejemplo, Galicia. Según las investigaciones, los implicados se repartieron alrededor de 30 millones de euros en comisiones ilegales por adjudicaciones amañadas. Francisco Correa, como intermediario principal, llegó a obtener más de 30 millones de euros de beneficios ilícitos, que ocultó al fisco mediante una compleja estructura de sociedades pantalla en paraísos fiscales.

Pablo Crespo, uno de los dos cabecillas de la trama, ocupó un cargo en una entidad pública hasta el 2005

Las justificaciones en las que se han basado durante mucho tiempo para argumentar por qué Feijóo no tomó una decisión sobre si mantener o cesar a Pablo Crespo como miembro del consejo de administración de Portos de Galicia, una entidad pública, se sustentaron en que, por un lado, este organismo había heredado el equipo predecesor de Xosé Cuiña y, por otro, que el político no sabía que Crespo actuaba como vocal del consejo de administración del ente público Portos de Galicia, pese a que este órgano dependía de su departamento y que Feijóo llevaba formando parte del PP gallego y ocupando cargos políticos desde 1991.

Esta fue una situación que se dio en los años que Alberto Núñez Feijóo, después de Xosé Cuiña, fue consejero de Política Territorial en Galicia en el último Gobierno de Manuel Fraga y, también entre 2004 y 2005, siendo vicepresidente de la comunidad autónoma. Portos de Galicia formaba parte de la Consejería que el actual líder de los populares estuvo gestionando entre 2003 y 2005. 

Las existentes sospechas en torno a las irregularidades que Pablo Crespo cometía existían en el PP desde 1999, cuando surgieron dudas en torno a si se estaría dando "una situación irregular" en las finanzas del partido. En ese momento, Crespo fue destituido como Secretario de Organización del Partido Popular de Galicia, si bien no se le excluyó del consejo de administración de la entidad pública mencionada anteriormente, en el que ocupaba un asiento desde 1996. La desconfianza que se dio en la formación política pareció materializarse cuando el sumario de la Gürtel apuntó a que se habría pagado en dinero negro buena parte de los gastos electorales correspondientes a las campañas que realizó el partido mientras Crespo estaba al frente de la Secretaría. 

De hecho, en una Comisión de Investigación llevada a cabo en el Congreso de los Diputados en el año 2018, Crespo aseguró que solo un 35% del total de las partidas económicas dedicadas en Galicia para la financiación de las campañas electorales en Galicia en las que él fue responsable como Secretario de Organización tenían una procedencia "legal", señalando que el 65% del dinero restante utilizado era "negro". No solo eso, sino que hablaba de la existencia de "donaciones irregulares", que él no consideraba que fueran ilegales, que llevaban a cabo empresarios lo que hacía que, verdaderamente, hubiera, tal y como precisaba, "una contabilidad que no estaba en la contabilidad del partido"

Además de ello, Pablo Crespo afirmaba en aquella Comisión que, efectivamente, se pagaban "sobresueldos" a los políticos y que él mismo los entregó porque así se lo "encargaron", aunque apuntaba que aquello era una competencia del tesorero del partido, Luis Bárcenas. De hecho, según él, todos los secretarios generales del Partido Popular conocían la existencia de aquello que se conoció como los "papeles de Bárcenas".