Este lunes 20 de octubre arrancaba en la Audiencia Nacional el juicio final del caso Gürtel, el escándalo de corrupción que estalló hace casi dos décadas y que sacudió al Partido Popular (PP). Con 94 personas condenadas, en este último juicio se han sentado en el banquillo 26 acusados, entre ellos Francisco Correa y Pablo Crespo, los dos cabecillas de la macro trama, y ambos han aceptado el delito de fraude fiscal y blanqueo de capital procedente de adjudicaciones irregulares.

Tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, ambos han conseguido reducir penas después de casi dos décadas de investigaciones, condenas anteriores y procesos judiciales. Cabe destacar, además, que Crespo fue secretario de Organización del PP en Galicia, bajo el gobierno del ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. A razón de todo ello, lo cierto es que la hemeroteca ha vuelto a estrechar el cerco sobre este último dirigente, especialmente después de las acusaciones vertidas sobre el Gobierno central en el marco de la causa del ‘caso Koldo’ que investiga “presuntas irregularidades habidas en contratos de emergencia relacionados con la Covid-19, formalizados por la Administración Central del Estado y el sector público institucional, así como otras irregularidades”. 

Poco después de conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se detectaron 95.000 euros de gastos sin justificar por parte del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, el líder del PP anunció que citarían a comparecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación en el Senado, previsto para el próximo 30 de octubre. “Usted es el máximo responsable de todo, está tan pringado como ellos”, le dijo Feijóo al jefe del Ejecutivo. 

Sin embargo, con estas declaraciones, el presidente de los populares parece haber olvidado lo que defendió en 2009 en el marco de la trama Gürtel, cuando los primeros informes policiales ya señalaban al PP. “En un estado de derecho los juicios tienen que hacerse con la tranquilidad y la independencia judicial y acatar todas y cada una de las resoluciones una vez que estas sean firmes. Un informe policial no es una decisión judicial”, señaló en ese entonces Feijóo, una postura completamente contraria a la que ahora muestra con los informes de la UCO sobre el ‘caso Koldo’. Asimismo, el presidente del PP prosiguió señalando que “cuando se trata de justicia”, los políticos deben “hablar poco” y deben atenerse “a todas las decisiones judiciales”. “Una cosa es un juicio y otra cosa es un prejuicio. Y los prejuicios y los juicios es lo contrario”, esgrimió.

Asimismo, acerca de los responsables y del papel que debe ejercer el responsable de partido, Feijóo también defendió que “cuando hay un problema en el PP en una comunidad autónoma ha de ser el dirigente del PP en esa comunidad autónoma el que adopte esas decisiones”. “Si mañana hubiere un problema en el PP de Galicia, el responsable sería yo”, defendió. Sin embargo, uno de los que este lunes se sentó en el banquillo por la Gürtel -Pablo Crespo- fue secretario de Organización del PP de Feijóo en Galicia.

Correa "nunca" pagó impuestos 

Al margen de estas declaraciones de Feijóo que lejos quedan de lo que ahora aplica con el 'caso Koldo', este lunes, en el juicio final, el cabecilla de la trama admitió que "nunca" pagó impuestos, ni realizó la declaración de la renta en España. A su vez, afirmó que movió el dinero en territorios como Suiza, Miami e Islas Caimán. 

Según el escrito de acusación, Correa dirigió entre 1998 y 2009 un entramado de empresas y sociedades interpuestas diseñado para enriquecerse ilícitamente a costa de fondos públicos. Su estructura se nutría de comisiones por contratos amañados, sobornos a cargos públicos y operaciones opacas destinadas a esconder las ganancias.

Una de las declaraciones de Correa más resonadas fue la afirmación de que pasó 300.000 euros “a una señora”, también acusada en la trama, Carmen L.H., quien le comentó que poseía unas “relaciones excelentes” para que le gestionara la residencia en Panamá y así poder evitar tributar en España después de que se practicara un registro en el despacho de su asesor fiscal, el también acusado José Ramón Blanco Balín.

Correa aseguró, además, que no logró hacerse con una cuenta en Panamá por culpa del juez Garzón: “Pero no conseguí abrir una cuenta en Panamá porque el juez Garzón me detuvo”. Asimismo, señaló a Carmen L.H por presunta estafa ya que le dio dinero y no le consiguió la residencia.

Del mismo modo, apuntó que ella expresamente le ofreció solucionar el problema de la residencia y que incluso Correa estuvo viviendo unos meses en ese país. Pero finalmente, Carmen L.H. le fue “dando largas” y no le consiguió dicha residencia. “Fue una auténtica estafa y una tomadura de pelo”, ha sentenciado. Esta “estafa” no le sentó muy bien al líder de la trama, ya que señaló que se enfadó mucho: “Me enfado todos los días; tengo muy mal carácter”. 

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