El escándalo de los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía ha tocado de lleno al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, pero es el choque con las mujeres afectadas el que continúa en pleno apogeo. Este miércoles, el nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz, incluso ha acusado a la Asociación Amama de haber provocado una “alarma social bestial” por esta cuestión.

En estos términos, ha defendido que la denuncia impulsada por la asociación de mujeres ante la Fiscalía Superior de Andalucía por estos errores en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) provocó una entrada masiva de usuarios en el sistema que declinó en un “colapso” de los servicios informáticos.

De esta manera, ha acusado a Amama de haber denunciado sin pruebas “una falsedad y un bulo”: “En ningún caso la Junta ha hecho desaparecer pruebas clínicas, y esto ha provocado una alarma social bestial. Si dicen que están desapareciendo mamografías de la aplicación ClicSalud, eso provoca un aluvión de mujeres que entran para ver sus pruebas, y esa es la razón del colapso y la caída informática”, ha señalado en rueda de prensa desde Sevilla.

Sanz, a su vez, ha reiterado que no se puede confundir una “caída informática”, situando el reciente ejemplo que afectó a Amazon, con una “desaparición de pruebas”: “¿Dónde está la desaparición de pruebas si ya está reactivado el sistema y hay acceso a todas ellas?”, se ha preguntado ante los medios de comunicación, instando a las mujeres de Amama a introducirse de nuevo en el sistema y ver “si está toda su documentación o no”.

 

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) restableció a las 01.36 horas de la madrugada de este miércoles 22 de octubre todas las secciones de la aplicación ClicSalud+, de modo que ya están disponibles en ella los informes, imágenes y servicios digitales de todos los usuarios.

Sobre las acusaciones de “injurias y calumnias”

El responsable de Salud ha secundado de la misma manera su preocupación por las “injurias y calumnias” que dice que se han dirigido a la Junta de Andalucía en las últimas semanas y que, por este hecho, se estén “imputando delitos a funcionarios y responsables públicos”.

Por este motivo, ha precisado que la información clínica en Diraya -el sistema que utiliza la Junta- “no se puede eliminar” a excepción de que venga respaldado por mandato legal o depuración histórica, y por el cual se “conservan registros de acceso durante al menos dos años y medio, incluyendo la identificación del usuario, fecha, hora y motivo de la cesión”.

Las historias clínicas de los pacientes han de conservarse “de forma permanente”, ha reiterado Sanz, salvo aquellas “hojas de tratamiento u observaciones de procesos ya cerrados que tienen que eliminarse en un plazo legal de 5 a 15 años”. Debido a esta explicación, el consejero ha alertado de los riesgos de poner en duda el funcionamiento del sistema “cuando no se aportan pruebas”, por lo que ha pedido a la ciudadanía “prudencia y serenidad”.

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