Las comunidades del PP se unen a Ayuso y se declaran insumisas con Sanidad para no facilitar los datos sobre el cribado del cáncer

El escándalo provocado por los errores en el cribado en el cáncer de mama que se focalizó en un primer momento en la gestión en Andalucía se ha extendido al resto de comunidades autónomas. En aquellas gobernadas por el Partido Popular, no entregarán los datos de sus respectivas pruebas tal y como viene solicitando el Ministerio de Sanidad en aras de realizar un ejercicio de transparencia y claridad ante la ciudadanía.

Bajo este marco, desde Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, pasando por el Madrid de Isabel Díaz Ayuso; la Xunta gallega de Alfonso Rueda y Murcia con Fernando López-Miras, hasta volver a la Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla, diversos barones territoriales del PP han rechazado la entrega de los cribados al departamento de Mónica García en los últimos días.

Según rezan algunas de las cartas enviadas por los gobiernos autonómicos a Sanidad, consideran que la solicitud estatal es una “estrategia de confrontación política”, argumentando así su exclusividad competencial con respecto a estas pruebas diagnósticas del cáncer de mama -también incluyéndose los cribados de colon y cérvix-, las cuales defienden que han de realizarse “con plena autonomía, profesionalidad y éxito contrastado”. De la misma manera, reprochan a Sanidad que no se haya consensuado la entrega de dicha información desde el Consejo Interterritorial de Salud.

En las misivas de distintas comunidades enviadas a Sanidad, tachan que la intención estatal sea que las comunidades “adelanten” este trabajo, considerando que es una decisión que viene “con fines más políticos que técnicos” y cuando “no existe ningún documento oficial del Ministerio que regule el funcionamiento o la evaluación de estos programas”.

De Ayuso a Mazón, las claves de la negativa del PP

El epicentro de los fallos en el sistema comenzó en Andalucía, donde en torno a 2.000 mujeres se vieron afectadas por los errores en sus pruebas del cáncer de mama. Ahora, por parte de la Junta, Moreno Bonilla se ha sumado a la decisión territorial del PP de tampoco entregar los datos a Sanidad, acometiendo al tiempo cambios estructurales en su sanidad pública.

Al cese de su anterior consejera de Salud, Rocío Hernández, puesto que ahora ocupa Antonio Sanz, se suma ahora a la dimisión del jefe de servicio -responsable de los cribados-, además de que próximamente anunciará otros cargos que asumirán “sus responsabilidades”.

Situando el foco a su vez en el Consell de Mazón, en la mencionada carta remitida a Sanidad, argumentan que “no consideran procedente” remitir los datos solicitados al justificar que se trata de una “estrategia de confrontación política” para “desviar la atención pública de las graves carencias en la gestión sanitaria”. Cabe recordar en el caso valenciano que, desde la oposición al PP, revelan que habría más de 90.000 mujeres en la comunidad que no han sido llamadas para realizarse las pruebas preventivas.

Otra de las voces cantantes en negarse a entregar los datos ha sido la madrileña Díaz Ayuso, tachando la petición del Ministerio de “improcedente”. Y es que el Ejecutivo de Sol otorgó una licitación a una empresa cuyo producto para detectar si la paciente está infectada con el Virus del Papiloma Humano (VPH) y que deviene en el cáncer de cuello uterino fue el peor valorado a nivel técnico pero que, a su vez, era el más barato.

Le sigue el ejemplo de la Xunta de Galicia, donde este martes su presidente, Alfonso Rueda, se ha sumado a sus homólogos de partido respaldando que dichos cribados son “competencia exclusiva” de los territorios. En palabras del consellero de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, su departamento “no considera procedente remitir la información solicitada en los términos planteados”.

Mismo escenario el que también ha tenido lugar en la Región de Murcia de Fernando López-Miras, cuyo consejero, Juan José Pedreño, ha instado al Ministerio a desarrollar sistemas de información y calidad asistencial en cuanto a los cribados de cáncer: “Deje a un lado las maniobras políticas y de intentar fiscalizar a las comunidades como un ‘auditor partidista’ porque el Ministerio carece de las herramientas para valorar los datos de cribados”, ha argumentado, acusando así de realizar una utilización “maliciosa el trabajo que realizan las comunidades”.

Sanidad reprocha el gesto de las comunidades del PP: “No dan votos, salvan vidas”

 Preguntada por esta cuestión, la ministra ha defendido este martes la necesidad de comprobar el funcionamiento de los programas de prevención oncológica en las distintas comunidades autónomas, argumentando así que estas políticas “no dan votos, salvan vidas”.

“Que una comunidad diga que no va a ser transparente ni leal con sus ciudadanos porque dice que se están manoseando los datos es una prueba clara del manosea de datos”, ha defendido García, reiterando que precisan de estas cifras para identificar y actuar sobre los fallos en el sistema en aras de que no vuelva a repetirse el caso acontecido en la sanidad andaluza.

En estos términos, la titular de Sanidad ha hecho inciso a través de sus redes sociales que la verdadera maniobra política radica en “ocultarle los datos de cribados de cáncer a la ciudadanía, amén de una confesión explícita de que no son buenos datos”.

Maniobra política es ocultarle los datos de cribados de cáncer a la ciudadanía amén de una confesión explícita de que no son buenos datos. Los gobiernos del PP no le ocultan la información al Ministerio, se la ocultan a los y las ciudadanas.

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— Mónica García (@monicagarciag.bsky.social) 20 de octubre de 2025, 16:38

En la misma dirección se ha pronunciado este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ante la negativa de los barones del PP: “Ese oscurantismo nos preocupa mucho, porque estamos hablando de la salud de muchas mujeres, quienes tienen el derecho de saber si las comunidades autónomas les están prestando este derecho fundamental”, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.