El ocultismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en lo que a las relaciones empresariales se refiere es cada vez más evidente. Las sospechas sobre adjudicaciones públicas a empresas relacionadas con la baronesa del Partido Popular (PP) crecen y el Gobierno regional, lejos de despejar cualquier incógnita facilitando la información pertinente, ha optado por no aclarar las dudas. Madrid Network, chiringuito montado por Esperanza Aguirre, y Ariete Seguridad, empresa propiedad de una exconcejala y antigua alumna de Ayuso, aúnan las principales críticas.

La excusa dada por el Ejecutivo ayusista para no dar explicaciones es la misma: la supuesta confidencialidad de los datos. “Contiene datos relevantes sobre estrategia comercial, costes internos, capacidad de competir en el mercado, etc”, justifica la Comunidad de Madrid, asegurando que la información, en caso de caer en manos de un tercero, podría suponer un “riesgo evidente” para la compañía “superior al perjuicio que genera para el solicitante el no darle acceso al documento requerido”. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Tribunal Supremo no piensan lo mismo.

El Alto Tribunal ha fallado contra el equipo de Ayuso en el caso de Madrid Network, instando a la publicación de las memorias anuales de la entidad. La publicación de los datos “no puede impedirse sin una motivación específica y acreditada del perjuicio concreto”, señala el tribunal, tumbando la excusa genérica dada por la Comunidad. Ahora, la oposición persigue que suceda lo mismo con lo relacionado con Ariete Seguridad, beneficiaria de una asignación pese a ser una de las empresas con peor valoración técnica del concurso.

“El contrato para la vigilancia del Metro de Madrid se lo llevó por 38 millones. Se adjudicó en baja económica temeraria, a pesar de que el presupuesto en el pliego está calculado en función al convenio estatal”, denuncia Marta Lozano, diputada de Más Madrid, quien advierte de que esta asignación provocará que trabajadores “cobrarán por debajo del convenio”. Variable que no parece importar a la administración madrileña, que pese a ello ha entregado uno de los lotes a la exalumna de Ayuso.

Además, la diputada de la oposición recuerda a ElPlural.com que, desde 2019, la valoración de las ofertas se reparte en un 60-40%, siendo el mayor peso porcentual para los criterios cualitativos, por encima los económicos. “En este concurso se venía de malas experiencias y el cambio fue bien valorado, pero ahora el lote lo gana Ariete, conocida como empresa pirata que paga por debajo del convenio nacional”, explica, resaltando además que obtuvo una de las peores calificaciones cualitativa. “La Comunidad de Madrid está ocultando información. No se sabe la valoración cualitativa completa ni las ofertas económicas del resto de empresas”, añade.

“Metro debe presentar el informe justificativo de la oferta económica de Ariete. Pero se niegan alegando lo mismito que en el caso Madrid Network: perjuicio para los intereses de empresas”, denuncia también un ciudadano madrileño, Óscar H., que ha intentado acceder sin éxito a la información. “La exalumna de Ayuso y exconcejala del PP en Alcorcón, Silvia Cruz, dirige un entramado de empresas que ha conseguido decenas de millones de adjudicaciones de la Comunidad de Madrid desde 2019”, ahonda el mismo denunciante, que ha escudriñado todas las relaciones entre la empresaria y el Gobierno regional.

Millones de euros en asignaciones

La principal empresa señalada es Ariete, que ha incrementado sus fondos en los últimos años. Desde que hay datos, la compañía ha conseguido adjudicaciones de 46 entes de la Comunidad de Madrid, la mayoría de ellas relacionadas con hospitales. Sin embargo, la gran asignación, fechada en 2024, procede de Metro Madrid y fue obtenida a través de lo que en el mundo empresarial es conocido como “baja temeraria”. Es decir, una oferta económica que, por su precio excesivamente bajo, genera dudas sobre la viabilidad de su ejecución.

El montante total de la adjudicación fue de 66.158.116,09 euros, si bien solamente una parte de ella se corresponde con Ariete, concretamente el lote 1 centrado en los recintos y adjudicado por algo más de 38 millones de euros. Las sospechas se basan en oferta anormalmente baja, argumento principal que justifica la asignación a la empresa que recibió la octava calificación técnica. A esto se suma la propiedad de la empresa y la negativa autonómica a facilitar información.

Una habitual de la contratación

La firma ha sido una habitual en la contratación de la Autonomía, que le ha concedido 41.256.793,24 euros mediante adjudicaciones solo hasta el año 2024, 3.975.138,81 euros mediante modificaciones de contratos y 30.498.668,97 euros mediante prórrogas de contratos públicos. De este número total de contratos, 155 fueron menores y se ejecutaron por el conocido como procedimiento de urgencia; es decir, sin acudir a concurso público.

Tanta asignación que escama a la oposición madrileña, que no deja pasar los vínculos que unen a Ayuso y Cruz. Una relación más que palpable y que tiene su origen en el Curso Superior de Estrategia de Comunicación para equipos políticos que la ahora responsable de la administración madrileña impartió entre enero y junio de 2014. Cruz fue alumna de esta titulación, que costaba 950 euros y servía en la práctica para inflar el currículum de cargos ‘populares’.

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