Varapalo judicial a Ayuso por no entregar a tiempo información sobre el Zendal a un diputado del PSOE

Enésimo correctivo judicial para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al diputado socialista Daniel Rubio al entender que la Comunidad de Madrid vulneró su derecho como parlamentario a participar en la vida política regional. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, el Ejecutivo madrileño no respondió en los márgenes legales que establece la normativa vigente a las solicitudes de información y documentación que su señoría reclamó sobre expedientes administrativos del Hospital Isabel Zendal. Estima la Sala, por tanto, el recurso presentado por Rubio y falla contra la Comunidad de Madrid, con base a lo establecido en el artículo 23.1 de la Constitución Española.

De este modo, el tribunal declara nula la actuación del Gobierno madrileño al no ajustarse a derecho. Desde la Puerta del Sol, según publica El País, esgrimen que se respondió a la solicitud del diputado del PSOE-M, aunque se hizo tarde. Asimismo, admiten la sentencia y acatan la decisión judicial de asumir las costas del proceso. Una cuantía que puede ser de 2.000 euros más la cantidad en concepto de IVA que corresponda. Rubio había solicitado acceder a las fechas y expedientes de las autorizaciones administrativas de apertura y funcionamiento del hospital. Sin embargo, al contestar fuera del plazo que delimita el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, acudió a la justicia por la vía especial de protección de derechos fundamentales.

A pesar de que el Gobierno envió al diputado la información solicitada, lo hizo toda vez que arrancó el proceso judicial. Por lo tanto, según el tribunal, la respuesta tardía no eludió la vulneración del derecho fundamental de Rubio. Así, según consta en la sentencia, la Justicia expone que el acceso a la información es una pata fundamental de las facultades inherentes al ejercicio de la función representativa de los diputados, por lo que su negación o retraso injustificado deteriora el contenido esencial del derecho de participación política.

Rubio presentó la denuncia en mayo de 2024, tras no recibir respuesta a varias peticiones dirigidas al Consejo de Gobierno madrileño sobre la documentación que acreditara la autorización administrativa de apertura y funcionamiento del Zendal. El retraso, que se prolongó durante más de tres meses, le impidió - según relata - ejercer su labor de fiscalización y control sobre posibles irregularidades.

El socialista sostiene, en declaraciones al diario El País, que la negativa del Gobierno regional a entregar estos documentos vulnera el derecho de control parlamentario y puede haber ocultado irregularidades administrativas e incluso posibles ilícitos, de confirmarse la falta de autorizaciones formales. Así, ni la Comunidad ni el Ayuntamiento de Madrid, al que también solicitó la información, han proporcionado la licencia de funcionamiento ni la certificación final de obra, pese a que el Zendal lleva años en activo.

Un fallo con consecuencias políticas

El fallo del TSJM, que reconoce la vulneración de los derechos de Rubio, fue anunciado por el propio diputado durante el debate de una Proposición No de Ley del PSOE en la Asamblea, en la que los socialistas reclamaban mecanismos de control y supervisión para evitar el fraccionamiento de contratos públicos.

En su intervención, Rubio acusó al PP de “confundir el dinero público con el fondo de maniobra de sus campañas y de sus amigos”, y advirtió de que “lo que llaman libertad no es más que impunidad para los suyos y abandono de los servicios públicos”. El fallo judicial refuerza las sospechas del PSOE sobre la opacidad y las irregularidades en torno al hospital Zendal, uno de los símbolos más polémicos de la gestión sanitaria de Ayuso.