La página 28 de la UCO que acaba con todos los “ríos de tinta” que lee Feijóo

A veces, una sola página basta para desarmar una estrategia política. La número 28 del informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo ha bastado para hacerlo. Feijóo había construido durante meses un discurso sobre la supuesta financiación irregular del PSOE. Pero el documento de la UCO, citado por Pedro Sánchez en el Congreso, no solo niega esas acusaciones, sino que acredita que los movimientos económicos estaban perfectamente justificados.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había acudido a la sesión de control con la intención de reforzar su ofensiva sobre el llamado caso Koldo. Con tono solemne, anunció que el presidente del Gobierno sería citado este mismo mes para comparecer ante la comisión de investigación del Senado. Su intervención fue recibida con entusiasmo por la bancada popular, que aplaudió la promesa de llevar al jefe del Ejecutivo al terreno parlamentario del PP.

Sin embargo, la respuesta de Sánchez cambió el tono de la Cámara: “Ánimo, Alberto”, replicó entre risas y aplausos de los diputados socialistas. Luego, con una aparente calma, lanzó el mensaje que resuena desde entonces: “Léase la página 28 del informe de la UCO”.

En esa página se encuentra el párrafo que desmonta por completo el relato de Feijóo sobre las supuestas cuentas opacas del PSOE. En él, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil afirma, tras analizar la información tributaria, los datos aportados por el Congreso de los Diputados y los movimientos bancarios de José Luis Ábalos, que “las retribuciones parlamentarias se ingresaban en cuentas titularidad del PSOE, abonando al investigado mensualmente desde esta cuenta una nómina neta inferior a la imputada por la AEAT”.

Donaciones, no irregularidades

Lejos de ser un mecanismo de financiación irregular, el informe detalla que esa diferencia se debe a las aportaciones voluntarias al partido, una práctica común en todos los grupos parlamentarios. La Guardia Civil subraya además que “se aprecia correspondencia entre la información aportada por el PSOE, la AEAT y el Congreso”, es decir, que todas las fuentes coinciden y no existe ningún desvío de fondos ni alteración contable.

El texto es explícito: “La suma de las cantidades declaradas como donaciones, junto con los ingresos netos percibidos de la cuenta vinculada al PSOE, coincide con lo declarado ante la AEAT”. En otras palabras, no hay dinero oculto, ni doble contabilidad, ni nada parecido a una “caja B” como la que en su día reconoció el propio Partido Popular ante los tribunales.

Sánchez aprovechó el turno de réplica para convertir ese párrafo en argumento político. “Que la realidad no le estropee un buen titular”, le dijo al líder de la oposición, recordando los meses de titulares y tertulias que daban por cierta una supuesta red de financiación socialista. “Con todos los ríos de tinta que se han vertido sobre la financiación irregular del PSOE, llega la Guardia Civil, léase la página 28, y dice que sus acusaciones son absolutamente falsas. Para sobrecogedor, el PP”, añadió, en alusión al famoso “Luis, sé fuerte” de Rajoy a Bárcenas.

El informe completo del caso Koldo

Pero el informe de la UCO va más allá de esa página. En su conjunto, el documento ofrece una radiografía detallada del caso Koldo, la investigación sobre una presunta trama de comisiones ilegales en contratos públicos que afecta al entorno del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. El texto también menciona al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que los agentes atribuyen un papel relevante en la gestión de pagos vinculados a esas operaciones bajo sospecha.

Según el informe, Cerdán habría actuado como coordinador de los presuntos pagos y de las adjudicaciones amañadas que se investigan, ejerciendo de enlace entre los intermediarios y las empresas beneficiadas. Los investigadores sostienen que existía una dinámica sostenida en el tiempo en la que los tres interlocutores —Ábalos, Cerdán y Koldo— mantenían comunicación constante sobre pliegos, adjudicaciones y cobros pendientes.

El documento incorpora intervenciones telefónicas y registros de mensajes en los que los implicados hacen referencia a cantidades de dinero, pagos por cerrar y la necesidad de agilizar determinados contratos. Para la Guardia Civil, estas conversaciones apuntan a que la trama no fue un hecho puntual, sino un sistema organizado de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.

En su vertiente económica, la UCO identifica al menos cinco empresas que habrían participado en las operaciones bajo investigación. Según el informe, estas compañías se habrían beneficiado de adjudicaciones públicas presuntamente amañadas, realizando contraprestaciones económicas a los intermediarios de la trama. Los investigadores cifran los pagos irregulares en torno a 620.000 euros, aunque advierten de que la cifra podría ser mayor conforme avance la instrucción judicial.

El documento concluye que no se trata de actuaciones aisladas, sino de una estructura sostenida entre 2020 y 2023, en la que podrían haberse cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.