Las constantes filtraciones de informes de la Unidad Central Operativa (UCO) tienen al cuerpo especializado de la Guardia Civil en una constante pugna por su honorabilidad. ElPlural.com, habida cuenta del detalle con el que ciertos medios y periodistas hablan sobre los próximos pasos de la división de la policía judicial, ha trasladarles una serie de preguntas lógica: ¿hay algún topo? ¿Se ha activado alguna investigación interna para conocer quién puede estar detrás de estas filtraciones? ¿Está en riesgo el prestigio de la UCO?

La respuesta es clara: no. Ni topo, ni investigación ni dudas sobre el reconocimiento de la labor que realizado el órgano especializado del Instituto Armado. Además, la negativa es tajante, llegando a mostrar un visible enfado con el “juego mediático” que, a su juicio, está detrás de este tipo de acusaciones: “De aquí no ha salido ningún papel. En el caso, por ejemplo, del informe sobre Ángel Víctor Torres se lleva diciendo que es inminente desde febrero. Hay periodistas lanzando predicciones al aire para asegurarse la tertulia de la tarde”, sostienen.

Además, las fuentes consultadas por este periódico apuntan en otra dirección. Se trata, concretamente, de la cantidad de personas y asociaciones personadas como acusación en los diferentes procesos judiciales, receptores en muchas de las ocasiones de los informes cuando los mismos aún no son públicos ni se les ha sido levantado el secreto. “Ni de la UCO, ni de sus agentes ni de sus servicios de prensa ha salido ninguna filtración”, insisten, poniendo además varios ejemplos en los que los medios de comunicación no han acertado en ninguna de sus exclusivas sobre las conclusiones halladas por la división del Instituto Armado.

La sombra de las filtraciones: un malestar que crece dentro de la UCO

El debate sobre las filtraciones atribuidas a la UCO no es nuevo, ni mucho menos aislado. En los últimos meses, varias informaciones publicadas por distintos medios —especialmente en torno al llamado caso Koldo o al informe que afecta al expresidente canario Ángel Víctor Torres— han reavivado un malestar que, según diversas fuentes, lleva tiempo acumulándose dentro del cuerpo. La sensación entre los agentes es que se está utilizando el prestigio de la Unidad Central Operativa como una herramienta más en la contienda política, sin tener en cuenta el daño que esas insinuaciones provocan en su credibilidad.

Desde el Instituto Armado se considera que estas publicaciones están erosionando la imagen de la unidad, que durante décadas ha sido considerada un ejemplo de rigor técnico, confidencialidad y solvencia dentro de la Guardia Civil. La UCO, creada a mediados de los años noventa, ha participado en algunos de los casos más relevantes de la historia judicial reciente de España, desde la trama Gürtel hasta las investigaciones en torno al caso Villarejo, pasando por las operaciones contra el narcotráfico o el terrorismo yihadista.

En el caso Koldo, por ejemplo, algunos medios de comunicación adelantaron fragmentos de informes que supuestamente procedían de la UCO antes incluso de que estos fueran remitidos al juzgado instructor. Aquello provocó una reacción inmediata dentro del cuerpo, donde se cuestionó cómo era posible que detalles de investigaciones todavía bajo secreto sumarial acabaran siendo debatidos en tertulias televisivas o filtrados con precisión de párrafo. El eco mediático fue tal que, durante semanas, se difundieron hipótesis sobre el contenido de un documento que ni siquiera estaba finalizado, generando confusión entre la opinión pública y presión sobre los investigadores.

Asimismo, cabe destacar que el flujo de información dentro de un procedimiento judicial es mucho más amplio de lo que se cree, y que la UCO no es, ni de lejos, la única parte con acceso a los informes. De hecho, una vez que un documento entra en el circuito judicial, pasa por numerosas manos, entre ellas secretarios judiciales, abogados de las partes, procuradores e incluso peritos externos en algunos casos.

En este sentido, hay que recordar que en varias ocasiones se ha comprobado que las filtraciones no provenían de la Guardia Civil, sino de otras instancias con acceso al sumario. Un ejemplo reciente fue el del informe sobre el expresidente Ángel Víctor Torres, cuya existencia fue anunciada como inminente en algunos medios de comunicación desde el mes de febrero, pese a que en aquel momento ni siquiera se había cerrado la fase de recopilación de pruebas.

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