Este es el informe sobre las residencias de Ayuso que nadie en el PP quiere que leas: “La situación es crítica”

La Asamblea de Madrid, con mayoría absoluta del PP vuelve a las andadas y ha prohibido nuevamente un acto que tiene que ver con las residencias de mayores, en este caso no concretamente en la pandemia del Covid, cuando se firmaron los bautizados como protocolos de la vergüenza que impidieron el traslado de mayores de geriátricos a hospitales, sino que el documento que iba a dar forma al evento responde a un problema estructural, aunque especialmente grave en Madrid.

Se trata del Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, que se centra, como su título indica, en el personal que trabaja en estos espacios, a todas luces insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los usuarios. El texto alude a una situación “crítica” y toca varias aristas: habla de un sector todavía especialmente feminizado, con una alta siniestralidad o con una sobrecarga más que notoria.

El informe, redactado por la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en residencias (Pladigmare), personas usuarias, familiares y expertos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) se empezó a redactar en octubre de 2023 pero no se publica hasta julio de 2024, y refleja la realidad de un sistema que no se sostiene, sustentada en las “pésimas” condiciones de sus, sobre todo, trabajadoras (700 analizan la situación en este caso), e “ignorada” por la Comunidad madrileña. Los firmantes no saben por qué de esto último.

Prioridad absoluta a las residencias privadas

Los datos son reveladores a la hora de mostrar la manera en la que se prioriza el negocio privado, también en este ámbito, sobre el público. En concreto, según el documento, más del 88% de los geriátricos están gestionados de esta manera, una realidad que contrasta con el 11,62% de los centros de mayores que dependen de las administraciones públicas.

La comunidad dispone, según el exhaustivo documento, de 55.308 plazas para personas en situación de dependencia, de las que solo 6.430 son absolutamente públicas, 13.693 concertadas y el resto totalmente privadas. En definitiva, hablamos de un territorio, el madrileño, en el que más del 90% de estos lugares están gestionadas de manera privada, por menos de un 10% que disfruta de gestión pública.

La situación en la región capital no deja lugar a dudas. Actualmente, las ratios que aportan la administración de la Puerta del Sol enseñan que hay 8.820 trabajadoras únicamente para atender más de 20.123 plazas con financiación pública. El estudio revela que haría falta exactamente casi el doble de personal que opera ahora mismo en la Autonomía para prestar atención a las personas mayores como se merecen: 15.773. 

En este sentido, los autores del último informe vetado por el Ejecutivo de Ayuso explican que hace unos 20 años que las ratios no se actualizan en tanto en cuanto siguen el marco legal de la década de los 90, cuando las residencias eran muy diferentes.

Más detalladamente, entre otras cosas, en ese momento el porcentaje de grandes dependientes era mucho más pequeño que hoy en día, cuando se sitúan en 25 gerocultores por cada 100 residentes no dependientes y en 35 por cada 100 dependientes.  La cifra de profesionales para atender dignamente a las personas residentes debería ser también claramente mayor: 83 profesionales para atender a un centenar de mayores.

Soluciones planteadas

El informe, que se puede leer de manera íntegra en este artículo, detalla el personal necesario para cada franja horaria considerando las horas que emplean cada profesional en función del tiempo que le lleva realizar cada una de las tareas y el grado de dependencia del interno.

A modo de conclusión, en lo que a medidas se refiere los firmantes abogan por un “empleo digno y de calidad”, de manera que “al menos el 80% de los empleos sean indefinidos y a jornada completa”, mientras que las parciales, “como mínimo, serán del 66% de la jornada ordinaria”.

Ya con un lenguaje algo más general, se defiende la “formación permanente, adecuada y para todas las categorías”, el “cumplimiento de las medidas preventivas, de seguridad y salud en el trabajo, en particular el uso de ayudas técnicas”, la “vigilancia de la calidad asistencial, con inspecciones sin preaviso y sanciones ejemplares, que se hagan públicos” o que el “criterio económico no será determinante para la adjudicación”.

La plataforma, expertos y sindicatos dibujan una tabla de tiempos para cada puesto de trabajo -enfermería, auxiliares, terapia ocupacional, trabajo social, cocina, etc- como horizonte a cumplir para que el trabajo se desarrolle sin sobrecarga y el trato recibido por las personas que se encuentran en geriátricos sea el adecuado.