Las 7.291 personas muertas sin atención y abandonadas en las residencias madrileñas durante la pandemia de la Covid-19 no son solo ignoradas por la Comunidad de Madrid en lo que asunción de responsabilidades se refiere. Años después, la administración de Isabel Díaz Ayuso no ha extraído ninguna enseñanza de la crisis sanitaria ni de las consecuencias que tuvo gestión. Solo así puede explicarse la decisión de eliminar las ratios de personal de limpieza de la residencias, que obligan a las empresas adjudicatarias a contar con un mínimo de trabajadores por usuario, en pleno aumento de brotes de parásitos.
Hasta 2021, la autonomía no contaba con una ratios mínimas para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento, pero tras la lucha sindical se consiguió establecer un mísero 0,15, que se traducía en 5 personas de limpieza diarias en cada centro de más de 100 residentes. Esta exigua exigencia ha desaparecido del nuevo Acuerdo Marco 2026 para la gestión de plazas residenciales, lo que deja vía libre a unas empresas que solo buscan maximizar beneficios para contratar el personal que considere oportuno, sin ninguna restricción.
En una residencia llevan más de ocho meses con sarna y no consiguen erradicarla
La decisión tomada por la Consejería de Familia, Asuntos Sociales y Juventud ha sido denunciada por Comisiones Obreras (CCOO) por “comprometer gravemente la salud y el bienestar de las personas mayores y dependientes que viven en las residencias concertadas de la región”. Todo ello en un momento en el que los brotes de sarna y chinches se extienden y afectan ya a seis centros. “En una residencia llevan más de ocho meses con sarna y no la consiguen erradicar”, expone a ElPlural.com Juani Peñafiel, trabajadora de una residencia.
“La que se nos viene encima con el envejecimiento es muy preocupante”, advierte Juani, también responsable de residencias privadas y concertadas y centros de día de CCOO Madrid. La precarización de los recursos y el cierre sin reposición de otros que se encuentran en condiciones indignas para los residentes está afectando a la calidad del servicio, al la cola en las listas de espera y a la atención, dado que se recortan trabajadores para un mayor influjo de usuarios y los existentes se ven obligados a cubrir tareas que no les corresponden.
La situación lleva siendo dramáticas desde hace décadas, tal y como demostró el Covid-19, y desde el sindicato lamentan que esté empeorando justo en la antesala de la llegada de un gran flujo poblacional. La eliminación de las ratios mínimas en áreas “tan sensibles” coma la de limpieza o cocina es un peligro, dado que se deja la organización de estos servicios en manos de empresas adjudicatarias que “no piensan en la calidad asistencial, sino en engrosar el dinero que se pueden embolsar”, relata Juani a este periódico.
Un mínimo rácano y ahora inexistente
La no existencia de ratios construye una autopista sin limitación de velocidad para las empresas que se hacen con los concursos residenciales, que a partir de ahora ni siquiera podrán ser multadas por dar un servicio insuficiente. No obstante, la presencia de estos mínimos rácanos e indescifrables tampoco garantizaban un servicio de calidad. Los parámetros exigidos que ahora desaparecen eran muy bajos y se daban en valores confusos con base cero, como el ejemplo de 0,15 contemplado en el anterior pliego de condiciones.
“Lo hacen así para que nadie sea capaz de saber el número concreto que tiene que haber”, denuncia la responsable de CCOO, que reclama que se comunique “cuáles son las presencias que tiene que haber en cada servicio”. Pero ni con esas parece que pueda arreglarse el mal cronificado que sufren profesionales como las gerocultoras, auxiliares de geriatrías que deberían dedicar el 100% de su tiempo al cuidado y la asistencia de las personas mayores y con dependencia y, por el contrario, se ven obligadas a realizar labores de lavandería y concina en la mayoría de los centros.
Aun así, y aunque “las ratios eran insuficientes”, Juani reconoce que “por lo menos eran un mínimo”. En consecuencia, desde la delegación madrileña del sindicato reclaman al Gobierno de Ayuso “la inmediata restitución” de las exigencias mínimas de personal de limpieza, cocina y mantenimiento y “la creación de mecanismos de control y seguimiento efectivos para garantizar su cumplimiento”, evitando el escapismo de las empresa, que en muchas ocasiones prefieren incluso pagar la multa. “La calidad asistencial y la seguridad sanitaria no pueden estar sujetas a la lógica del beneficio empresarial”, zanjan Juani, CCOO y el conjunto de trabajadoras de residencias.
