Cinco años después de los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’, que impidieron la derivación de personas mayores que vivían en residencias a hospitales durante los primeros días de lo peor de la pandemia del Covid, los familiares siguen buscando justicia.
Lo cierto es que, cada vez que parece que empiezan a ver la luz al final del túnel, se encuentran con una nueva traba que dificulta que el peso de la ley recaiga sobre quienes consideran que fueron los responsables de aquellas muertes indignas.
Los denunciantes recibían otro revés hace unos días, cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid descartaba aunar en una sola causa las investigaciones relacionadas con lo ocurrido en los centros de mayores, aprobado en marzo de 2020 por la región.
Más allá de la jerga judicial, en la práctica esto supone que los tiempos de la investigación se dilaten. ElPlural.com ha hablado con Carmen López, portavoz de Marea de Residencias -una de las plataformas de afectados que lleva desde el primer día peleando porque se haga justicia- para conocer su opinión sobre las últimas novedades.
López, familiar de una de las víctimas de los polémicos textos, asegura a este periódico que no se oponían a la posibilidad de que un solo tribunal acumulara todas las causas abiertas en este sentido (la del Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, el número 2 de Navalcarnero y el mismo número de Collado-Villalba) en una misma sede judicial.
La propuesta la llevó a cabo Francisco Javier Martínez Peromingo, uno de los ex altos cargos del Ejecutivo madrileño llamada a declarar como imputado por el caso de las geriátricos, y se opusieron el director general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur y el exdirector del SUMMA 112 Pablo Busca.
Analizar los casos individualmente
La balanza ha ido en detrimento finalmente de la solicitud del primero y de los familiares de víctimas que veían con buenos ojos que esto fuera así. En el auto que refleja la decisión, la magistrada defiende la negativa alegando que los procedimientos no comparten un mismo objetivo procesal.
Así las cosas, si bien en tres de ellos aparecen las mismas personas como investigadas, considera que cada una de las causas se encuentra vinculada a “una víctima distinta, con contextos asistenciales no coincidentes” y subraya que los posibles responsables cambian en cada caso; por ejemplo, que un geriatra no es lo mismo ni tendría la misma responsabilidad que un facultativo. Dicho de otro modo, la magistrada emplaza a analizar cada caso de manera individual para valorar si existe la infracción contemplada
La responsable de Marea de Residencias habla en un tono agridulce desde el otro lado del teléfono. “La sensación que nos da es que nadie quiere coger esa patata caliente y es un poco desesperante”, reconoce. Pero tiene claro que, pese a todo, no van a dar su brazo a torcer y que siguen dispuestos a llegar hasta el final, máxime después de todo el camino recorrido: “Estamos totalmente decididos”.
López se muestra consciente de que “es un camino muy largo”, pero que confían en que, aunque se esté alargando más de lo que les hubiera gustado, llegará algún juez que haga una investigación “al menos exhaustiva” y “dé con las responsabilidades”. “Tenemos confianza en que llegará hasta quien tiene las verdaderas responsabilidades y se haga justicia”, concluye. Tal y como están las cosas, es probable que sea la Audiencia Provincial el que finalmente tenga que decidir quién es el órgano que se tiene que hacer cargo de la investigación.
Macrodenuncia
En octubre de 2024, familiares de 115 mayores y que contiene la actuación de 72 residencias, presentaron una macrodenuncia por la gestión relacionada con los bautizados como ‘protocolos de la vergüenza’ durante la pandemia.
El documento, al que tuvo acceso este medio, emplazaba al Ministerio Público a estudiar la “discriminación sufrida por las personas que vivían en residencias durante la primera ola”. Obedecía a una acusación penal, dado que para la representación los familiares apelaron al mencionado artículo, el cual habría sido vulnerado en el momento de la firma. “Delito continuado de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios”, apuntaba.
Durante semanas, el órgano jurídico competente llamó a declarar a decenas de personas, pero debido a los tiempos la Fiscalía Provincial y las de Alcalá y Getafe-Leganés pisaron el acelerador con el objetivo de que todos los participantes pudieran intervenir en sede judicial, afirmando así la dejadez de funciones que, a juicio de los denunciantes, por parte del equipo del gobierno de Sol.
