El Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés ha decidido suspender las declaraciones previstas para el próximo 17 de junio de tres ex altos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, imputados por su implicación en los llamados “protocolos de la vergüenza”. Estos documentos restringieron el traslado de personas mayores desde residencias a hospitales durante la primera ola de la pandemia, y están siendo investigados por un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria.
La decisión llega después de que la defensa de uno de los imputados, Francisco Javier Martínez Peromingo - señalado como el principal impulsor de estos protocolos - solicitara que el caso se trasladase al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, al considerar que allí ya se investigan hechos similares. El tribunal ha aceptado la petición, paralizando así las declaraciones que también afectaban a Carlos Mur, quien firmó las distintas versiones de los protocolos, y a Pablo Busca Ostalaza, entonces máximo responsable del SUMMA 112, el servicio público de emergencias médicas de la Comunidad de Madrid. También estaba citada la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
El Juzgado 6 de Leganés ha argumentado su inhibición señalando que el Juzgado 3 de Madrid ya instruye causas previas sobre los mismos hechos, lo que justifica la acumulación de procedimientos. Esta no es la primera vez que el juzgado leganense deriva piezas de esta investigación al tribunal madrileño, que en anteriores ocasiones ya abrió diligencias al considerar que los hechos podían constituir delito.
De esta forma, será ahora el Juzgado 3 de Madrid quien decida si acepta integrar todas las causas abiertas sobre los protocolos en residencias durante la pandemia. El abogado de Martínez Peromingo ha presentado un escrito formal solicitando dicha acumulación. Cabe recordar que ese mismo juzgado ya tenía previsto tomar declaración a los imputados el pasado 26 de mayo. Sin embargo, esa citación también fue suspendida tras alegar los ex altos cargos que no se les había entregado debidamente la documentación de las actuaciones previas.
Las querellas que han dado lugar a este complejo proceso judicial fueron interpuestas por familiares de personas fallecidas en residencias durante los primeros meses de la pandemia. Acusan a los responsables políticos y técnicos del Gobierno de Ayuso de haber emitido instrucciones que impidieron el traslado hospitalario de ancianos, a pesar de encontrarse en situaciones críticas de salud.
Las asociaciones personadas en la causa, Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, han manifestado que no se opondrán a la acumulación de los procedimientos en el Juzgado 3 de Madrid. Consideran que este paso es coherente con la normativa procesal penal. Sin embargo, han pedido públicamente a las autoridades competentes que refuercen ese juzgado con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una instrucción eficaz, y que se haga justicia tras más de cinco años de espera.
