Debido al desacuerdo de Italia con la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, cerró el espacio Shenguen e implementó controles a los pasajeros españoles que viajasen a su territorio. Una decisión que ha provocado la advertencia del Gobierno de Pedro Sánchez en operar de la misma manera si no se daba un paso atrás en cuestión de tres días. Un escenario que el Gobierno de Giorgia Meloni ha terminado por rechazar: “Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”.
El Ejecutivo de Meloni ha precisado que mantendrán esta medida “hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad” para su país y ante el temor de una nueva oleada de inmigrantes hacia Ceuta para esa fecha, con el telón de fondo de movilizaciones en redes sociales que planeaban una entrada masiva similar para ese día. En caso de que estas condiciones “dejen de existir” continuará “un diálogo constructivo” con Moncloa.
“Las autoridades fronterizas italianas harán todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad a los ciudadanos españoles y europeos, quienes, cabe destacar, no se ven afectados por la reintroducción de los controles en las fronteras aéreas y marítimas”, ha precisado el Gobierno de Roma en un comunicado. Una realidad que, pese a las características de este choque, entienden desde Italia que no es un “menoscabo” para “la relación con un país amigo como España”.
Tras conocer la amenaza de Moncloa, también en voz del ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, ha sido como han trascendido que Roma ignora la postura de Madrid y mantendrá estos controles hasta el próximo sábado 15 de agosto por vía aérea y marítima alegando razones de “seguridad nacional”, llegando a no descartar una posible prórroga de la medida especial.
“Adoptamos esta medida con el único objetivo de proteger la seguridad nacional: lo haremos de forma limitada. Una vez que tengamos la certeza de que el peligro ha pasado, nos alegraremos, ante todo, por España, luego por Europa y, finalmente, también por Italia”, ha defendido el ministro italiano ante la “controversia” de la suspensión del Acuerdo de Shenguen con España durante su intervención este viernes en un acto de Fratelli d’Italia, el partido que lidera Meloni, en Sorrento.
Piantedosi ha precisado a su vez que mantiene “una relación cordial” con su homólogo del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, pero ha priorizado en este sentido “los intereses” italianos, reiterando que la suspensión del acuerdo de Schenguen “es temporal”.
El ultimátum de España
Este viernes, a través de un comunicado, el Gobierno de Sánchez se ha plantado ante la decisión italiana recordando que el pasado 1 de agosto, el Ejecutivo de Meloni “reintrodujo los controles en la frontera” con nuestro país, afectando así a “la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival”, una medida que han considerado “sin precedentes” y que se materializó “sin previo aviso, de forma unilateral y con argumentos espurios” sin ajustarse a los criterios de Schenguen.
En este sentido, España ha defendido este viernes que ninguno de los migrantes que cruzaron la frontera en Ceuta “pudo ni puede entrar libremente al espacio Schenguen porque Ceuta tiene un régimen especial en el mismo”, así como que la práctica totalidad de ellos ya fueron devueltos a Marruecos de manera ordenada.
“Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España”, además de que, en 2022, el Gobierno de Meloni no cumplió con el Reglamento de Dublín, “generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros” de la UE.
Al tiempo, el Gobierno de Sánchez ha precisado que en ningún momento de la historia reciente nuestro país “ha introducido controles para Italia” y que, en cambio, “siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023”.
Por esta retahíla de motivaciones, España ha claudicado que la decisión de Italia es “injusta, contraria a los intereses de la UE y discriminatoria para la población española”, instando asñi a la rectificación y el fin de los controles. “Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos. Confiamos en que el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan. Los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas”, ha culminado argumentando Moncloa.
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