Todas las miradas en el Consejo General del Poder Judicial apuntan hacia una sola mesa de despacho: la de Ricardo González Conde Díez. Este magistrado, convertido desde hace años en el “gran inquisidor” de la carrera judicial, es el responsable de decidir qué ocurre con los expedientes que pesan sobre el juez Juan Carlos Peinado, cuyas últimas actuaciones han provocado quejas formales desde el Gobierno y el PSOE.
El vigilante de la disciplina judicial
Desde septiembre de 2017, Conde ocupa el cargo de Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, una figura clave dentro de la arquitectura judicial. En la práctica, se trata del responsable de “asuntos internos” de la judicatura: el magistrado que recibe las quejas contra jueces, instruye los expedientes disciplinarios y propone sanciones o archivos a la Comisión Disciplinaria. Su función, recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo coloca en la delicada posición de decidir si un juez merece una amonestación, un apercibimiento, incluso una suspensión, o si por el contrario no hay base para actuar.
En el caso de Peinado, Conde ya ha dado el primer paso: la apertura de diligencias informativas. Este mecanismo intermedio permite recabar documentación, escuchar alegaciones del afectado y decidir si procede incoar un expediente disciplinario. Es decir, será él quien ponga el sello final al futuro inmediato del magistrado madrileño.
Peinado, en el ojo del huracán
La figura de Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha estado rodeada de polémica en los últimos meses. El magistrado se ha visto señalado por su gestión de la causa sobre la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, un procedimiento en el que investigaba un posible sobrecoste en contratos. El juez dejó expirar los plazos legales sin solicitar prórroga, lo que llevó al archivo automático del caso. La decisión favoreció al gobierno local de José Luis Martínez-Almeida y derivó en la queja presentada por el diputado socialista Guillermo Hita, que denunció una “dejación de deberes” en la tramitación.
A esta se suma la queja formal del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que trasladó al CGPJ su malestar por el tono y las preguntas de Peinado durante un interrogatorio en el que compareció como testigo. Y, más recientemente, el juez volvió a generar titulares al citar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en un procedimiento por presunta malversación que él mismo había cerrado meses atrás. La reapertura, inesperada y en plena escalada política, desencadenó lo que juristas y partidos describieron como una “tormenta institucional”.
Una carrera marcada por el PP
La trayectoria de Ricardo González Conde Díez muestra un hilo conductor claro: su proximidad al Partido Popular. Ingresó en la judicatura en 1990, con destino inicial en Juzgados de Extremadura, Cataluña y Madrid. Sin embargo, su perfil despegó con los gobiernos del PP de José María Aznar, cuando pasó a ejercer funciones en el Ministerio de Justicia y fue asesor directo de Carlos Lesmes, entonces alto cargo del departamento.
Ya en la etapa de Mariano Rajoy, su nombre volvió a sonar en posiciones clave. En 2015, Lesmes trató de incorporarlo como secretario general del CGPJ, aunque el ministro de Justicia Rafael Catalá se opuso a perder a uno de sus altos funcionarios de confianza. No era un detalle menor: Conde ejercía en aquel momento como director general de Relaciones con la Administración de Justicia, un cargo que había asumido en 2012 bajo el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y que mantuvo después con Catalá hasta 2016.
Ese puesto lo situó en la sala de máquinas de las políticas judiciales del PP, en contacto directo con las asociaciones profesionales y con capacidad de interlocución con jueces y fiscales. Tras dejar el ministerio en 2016, su siguiente destino fue el CGPJ, donde la mayoría conservadora impulsó su elección como promotor disciplinario.
Conde, pieza clave del núcleo duro conservador
Su adscripción ideológica no solo se explica por los cargos políticos ocupados, sino también por su militancia asociativa. Conde es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial y reconocida por su perfil conservador. La propia APM celebró su nombramiento en 2017 como un logro para la organización, subrayando que “uno de los nuestros” pasaba a ser la autoridad disciplinaria sobre todos los jueces de España.
Ese respaldo consolidó la imagen de Conde como parte del núcleo duro conservador de la judicatura, frente a otras asociaciones como Juezas y Jueces para la Democracia, de sensibilidad progresista. En su entorno, sin embargo, lo describen como un magistrado meticuloso, con fama de hiperactivo y gran capacidad de gestión, que combina severidad en los expedientes con dotes de “don de gentes” para manejar situaciones delicadas.
