La figura del juez Juan Carlos Peinado vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política y mediática española. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha decidido imputar por un presunto delito de malversación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Una decisión que supone un giro respecto a lo que él mismo señaló en mayo, cuando descartó esa posibilidad en un auto previo.
El caso sitúa en el foco no solo a la esposa de Pedro Sánchez, sino también a la propia independencia del poder judicial. Y es que la imputación ha sido recibida con críticas desde varios sectores políticos y jurídicos, que acusan al magistrado de actuar de manera contradictoria o incluso de desarrollar una investigación “prospectiva”, es decir, abierta a encontrar cualquier indicio hasta dar con un delito.
Peinado decidió en su última resolución citar a declarar a Gómez el próximo 11 de septiembre, mientras que su asesora deberá hacerlo un día antes, el 10 de septiembre. Según el auto, existen indicios de que se habría producido un uso indebido de fondos públicos vinculados a proyectos de la Universidad Complutense, con los que Gómez habría tenido algún tipo de vinculación.
Sin embargo, la decisión contrasta con lo manifestado meses atrás. En mayo, el propio magistrado descartó que Gómez o su asesora pudieran cometer malversación, al entender que no tenían capacidad para decidir sobre los fondos. Ahora, tras una valoración de la Audiencia Provincial, el juez opta por reabrir esa vía de investigación.
Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el PSOE, varios dirigentes han mostrado su indignación y han acusado a Peinado de impulsar un “caso prospectivo” sin base suficiente. El ministro de la Presidencia, Óscar López, aseguró que el magistrado “está buscando delitos donde no los hay”. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, tildó a Peinado como “activo para la derecha”.
En paralelo, la oposición ha utilizado la imputación como arma política. PP y Vox han insistido en que la investigación confirma sus denuncias de opacidad en el entorno de Moncloa, aunque sin entrar a valorar las contradicciones en la instrucción judicial.
Por su parte, la Fiscalía ha mostrado en distintas fases del proceso su discrepancia con algunas decisiones del juez. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado parte de sus actuaciones, como la imputación de varios testigos, al considerar que no existían pruebas suficientes. Todo ello ha alimentado la percepción de que el procedimiento no sigue un camino lineal y abre el debate sobre si hay factores externos que lo condicionan.
El nombre de Peinado ya ha sonado en otras ocasiones en la prensa por sus resoluciones controvertidas. Pero nunca como ahora había estado en el centro de una tormenta política de esta magnitud, con la esposa del presidente del Gobierno como principal imputada.
La pregunta que sobrevuela es clara: ¿está actuando el juez con absoluta independencia o existen motivaciones ocultas? Para algunos juristas, se trata de una investigación legítima que debe proseguir hasta aclarar los hechos. Para otros, la manera en que ha cambiado de criterio erosiona la credibilidad de la justicia y alimenta sospechas de lawfare.
