El juez que investiga la causa del caso Mascarillas ha señalado "indicios racionales" de criminalidad contra el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, a quien atribuye una "aquiescencia" activa en la trama de cobro de comisiones ilegales camuflada bajo un "lenguaje encriptado". Estos mensajes que el juez ha indicado como "indicios racionales" son alusiones a ir al dentista, donde los implicados se referirían al cobro de las presuntas mordidas millonarias que se investigan en este caso.

Frases como "tengo que ir al dentista y no sé cuándo ir"; "Yo también me tengo que hacer una limpieza", son alguno de los mensajes que se intercambiaron Aureliano García, el exvicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, y el exvicepresidente tercero y también investigado, Óscar Liria.

Estos tres hombres del PP almeriense habrían mantenido conversaciones particulares y también a través del grupo de Whatsapp 'Naranjito' en el que hacían continuas alusiones a términos odontológicos que el juez ve vinculados a la tramitación de contratos públicos que se gestionaban desde, al menos, 2016 en la Diputación. Como ejemplo, el juez instructor, Eduardo Martínez Gamero, ha señalado un contrato correspondiente al 11 de junio de 2018, cuando Óscar Liria preguntaba a Aureliano García si había visto el "orden del día", pudiéndose referir a la Junta local en la que se aprobaban las contrataciones, a lo que el exvicepresidente de la Diputación contestaba: "esperaba poder ir al dentista", a lo que Liria respondió: "Te vas a poder cambiar la piñata entera".

"El uso de esta terminología es muy recurrente y se encuentra totalmente desvinculado del contenido material de las conversaciones", agrega el instructor, quien ha señalado una docena de ejemplo más donde los implicados estarían utilizando este lenguaje en 'clave', 'encriptado', para referirse a las presuntas mordidas millonarias que se están investigando y que han supuesto la detención de hasta cinco personas y la dimisión tanto del presidente como del vicepresidente. La última, la del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, también implicado en la trama.

Según el auto judicial que autorizó los registros y detenciones desarrollados hace una semana, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a García en el vértice de una presunta organización criminal dedicada al cohecho, blanqueo de capitales y fraude en la contratación.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería destaca como indicio clave un mensaje de WhatsApp enviado por el presidente a las 20.53 horas del 8 de abril de 2020, consistente únicamente en un "emoticono de un diente". Un mensaje que fue enviado "solo tres minutos después" de que García estampara su firma en el decreto de adjudicación de un contrato de material sanitario a la empresa Azor Corporate Ibérica S.L, según el auto que adelanta este martes Diario de Almería. Para el instructor, este hecho evidencia el conocimiento del presidente sobre el cobro de comisiones, utilizando términos como "dentista", "muelas picadas", "cambiar la piñata" o "limpieza" para referirse en diferentes mensajes de WhatsApp a los amaños de contratos y el reparto de beneficios ilícitos. 

La resolución judicial detalla que el contrato adjudicado a Azor Corporate, propuesto por el entonces diputado de Presidencia Fernando Giménez —también investigado y detenido—, generó unos sobrecostes de "945.327,61 euros", lo que supone el "42,27% del contrato total". El juez afirma que estos fondos fueron "retornados ficticiamente" a una sociedad instrumental controlada por la trama, denominada CORPFAM, y que parte del dinero fue entregado en efectivo por el administrador de la empresa adjudicataria a intermediarios para su distribución entre cargos públicos.