La semana pasada, el gobierno de España presentó dos documentos clave para entender el futuro económico de nuestro país: el cuadro macroeconómico en el que va a basar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y el primer borrador de las orientaciones políticas del Programa de Recuperación y Resiliencia dirigido a orientar la senda de la recuperación económica. Dos documentos que, sin ser exactamente complementarios, ofrecen, si se analizan de manera conjunta, un reflejo de las orientaciones de política económica de los próximos años.
Y hablamos de reflejo porque tan importante como lo que aparece en dichos documentos es lo que no aparece. El gobierno presentó un cuadro macroeconómico presidido por una recuperación de la actividad económica notable, pero insuficiente para recuperar a corto plazo la senda de crecimiento potencial que mantenía la economía española previamente a la crisis del coronavirus. De cumplirse los planes, a finales de 2021, España se encontrará todavía con un PIB que estará entre cuatro y cinco puntos por debajo de los niveles de 2019. La recuperación del consumo y de la inversión, con fuertes tasas de crecimiento en 2021, no podrán enjugar las caídas de 2020, aun sin conocer los efectos que tendrá la nueva oleada del virus en los resultados económicos del cuarto trimestre, no ya sólo en nuestra economía, sino también en las economías de nuestro entorno, dado que, como ya ocurrió en primavera, la segunda oleada transcurre en el continente solo con unas semanas de retraso respecto de España. Aún no conocemos con exactitud la profundidad de esta segunda oleada, y cuáles serán sus impactos, pero de extenderse, no llegarán buenas noticias.
Con todo, lo más destacable del cuadro macroeconómico es la evolución del desempleo, que se mantiene en cifras similares a las experimentadas en 2016, esto es, muy por debajo de las cifras que vivimos en la anterior crisis económica, cuando España sobrevivió con 22 trimestres seguidos de un desempleo por encima del 20%. El motivo de esta diferencia hay que buscarlo en el funcionamiento de los esquemas de protección del empleo, los famosos ERTE, que han permitido mantener un nivel de empleo que, de otra manera, se habría derrumbado hasta cifras catastróficas.
En definitiva, la gestión de la crisis ha permitido, de algún modo, proteger gran parte del empleo en lo que probablemente haya sido la crisis más profunda de los últimos 80 años de nuestra economía. La clave ahora no es la intensidad del apoyo, sino su extensión. Porque si examinamos con detenimiento los datos ofrecidos por este cuadro macroeconómico, y pese a los anuncios de un presupuesto expansivo, nos encontramos con que quizá no lo sea tanto: excluyendo las ayudas europeas, el crecimiento del consumo público en 2021 se sitúa en el 0,5%, bien lejos de los datos que ofrece el consumo y la inversión, que crecen un 6% y un 7% respectivamente. En otras palabras: excluyendo el gasto provocado por la inyección de fondos europeos, se espera una recuperación liderada por el sector privado. No hay más estímulo público adicional que el que generará el plan de recuperación financiado por la Unión Europea.
Esta realidad sitúa todas las esperanzas para reforzar la senda de recuperación en el buen uso de los fondos europeos. Si su utilización se retrasa -como existen riesgos de que ocurra- o no es plenamente aprovechada, España no cuenta con muchos programas adicionales para hacer frente a cualquier desviación del crecimiento económico previsto. Por lo que tendremos que hacer un uso intensivo de los programas europeos de recuperación.
Y aquí es donde surge, de nuevo, la inquietud. El programa presentado no es más que un cuadro general al que todavía le falta concreción y detalle, pero que ya manifiesta una limitación importante: de entre todas las iniciativas planteadas, no hay ni un solo instrumento dirigido a reforzar la solvencia de las empresas viables. La palabra “solvencia” no se menciona ni una sola vez en todo el documento. La inversión en digitalización no puede suplir el necesario apoyo para que empresas que son viables a largo plazo aguanten estos momentos difíciles. Tanto el Banco de España como el Fondo Monetario Internacional ha reclamado insistentemente al gobierno de España una acción dirigida a reforzar la solvencia de las empresas. Si las empresas viables terminan insolventes con motivo de la crisis, los riesgos de trasladar la crisis económica al sector financiero son muy altas, y si esto ocurre, las consecuencias podrían ser imprevisibles.
Es absolutamente imprescindible reforzar la solvencia de las empresas viables. Podrá ser caro en estos momentos, pero a la larga resultará una medida inteligente y ahorradora de no pocos quebrantos públicos y privados en el medio plazo. Sorprende que este aspecto haya quedado fuera de las prioridades del plan de recuperación, y quien escribe estas líneas piensa que todavía estamos a tiempo de corregir una ausencia injustificable. De lo contrario, podremos encontrarnos con un país conectado y digitalizado donde buena parte de su tejido productivo ha desaparecido por falta de capacidad de reacción en momentos clave como los actuales. Si algo hay que achacarles a los planes de recuperación de cara al próximo ejercicio, es esta clamorosa ausencia.
