El pasado jueves, la Comisión Europea puso en conocimiento del público los documentos básicos para la elaboración de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia, que dan acceso al fondo europeo del mismo nombre, principal instrumento de la iniciativa Next Generation EU. Con ello, se aclaran bastante los requisitos, contenidos y estructura de un documento que debe guiar el proceso de recuperación, en línea con el documento de orientaciones para el crecimiento de 2021, otro de los documentos clave que define el marco de la gobernanza económica europea.

Que estos documentos se hayan hecho públicos en el mismo momento señala la inequívoca voluntad de la Comisión Europea de dotar de coherencia a los esfuerzos de la gobernanza económica: reformas, inversiones, control de desequilibrios y presupuesto van dirigidos a lograr los objetivos de crecimiento económico europeo, y estos objetivos no son otros que el Green Deal Europeo. En otras palabras: la iniciativa Next Generation no se ha añadido a la gobernanza económica existente en el marco del semestre europeo, sino que la ha modificado haciendo del Plan de Recuperación y Resiliencia el elemento central de la misma.

Dentro del marco de los Programas de Recuperación y Resiliencia, la Comisión anima a los estados miembros a invertir en las iniciativas “emblemáticas” que ha identificado como claves para la recuperación: Power up (tecnologías limpias y energías renovables), Renovación (eficiencia energética), Recarga (transporte sostenible), Conectividad (despliegue de 5G y banda ancha), Modernización (reforma de la administración pública), Ampliación (economía de datos) y Perfeccionamiento (sistemas educativos). Iniciativas que responden a los pilares de la propia estrategia de crecimiento económico: transición verde, digitalización y productividad, y justifica social, en un contexto de estabilidad macroeconómica -algo francamente difícil de poner en marcha el año que viene, dada la evolución de las economías europeas.

Para liderar este proceso la Comisión Europea ha establecido un grupo de trabajo (task force) específica que trabajará con la Dirección General de Asuntos económicos y financieros, y que será la responsable, de la ejecución y seguimiento de los planes en cada uno de los países.

En definitiva, la Comisión ha avanzado y los detalles de los planes de Recuperación y Resiliencia se están conociendo tras unos meses de indefinición debido a la necesidad de terminar de redactar y aprobar las regulaciones correspondientes. Ahora llega el turno de los estados miembros.

En el caso de España, la expectativa es máxima, tanto en términos políticos como económicos. Parece descartada la puesta en marcha de una Agencia Nacional de Recuperación, o el fichaje de un “Zar de la Recuperación”, decisión que parece acertada ya que fácilmente podría haberse convertido en un ministro de economía en la sombra. Bien al contrario, son los ministerios los que están ejerciendo un papel de redacción del plan, tanto en lo que tiene que ver con las reformas como sobre todo con las inversiones, con la coordinación y la asistencia de la Dirección de Asuntos Económicos del Gabinete del presidente del gobierno. Tras las expectativas -más mediáticas que reales- de generar una estructura nueva o de descubrir el Mediterráneo, la estructura que se ha planteado para la elaboración del plan parece la más sensata y la que mejor se adapta a nuestra realidad institucional, a la espera de que se precisen los niveles de cogestión y participación de las Comunidades Autónomas y el rol de un consejo asesor trufado de estrellas del Ibex35, cuyo papel será más el de legitimar que el de decidir el destino de los fondos.

Pero la planificación y la presentación del plan es sólo uno de los aspectos que debemos tener en cuenta: sin duda una buena planificación y selección de las propuestas de proyectos es esencial, pero no suficiente. Será imprescindible reforzar las capacidades técnicas de la oficina económica de Moncloa, con el correspondiente apoyo de personal especializado, algo que ya es costumbre en otros instrumentos europeos como el Fondo Social Europeo o el Programa de Desarrollo Rural. Una vez identificados los proyectos e iniciativas de inversión, el siguiente paso será la ejecución: se deberá controlar la elegibilidad de los gastos, preparar los pliegos de contratación, establecer las bases de las convocatorias, marcar los principios de justificación y verificación de los fondos, en definitiva, incorporar los 140.000 millones al ciclo de gestión de las administraciones públicas. Y eso será un verdadero reto en dos años en los que España tiene todavía que terminar de ejecutar el 70% de los fondos europeos correspondientes al período 2014-2020, poner en marcha los fondos europeos del período 2021-2027, y ejecutar adecuadamente la financiación correspondiente al mecanismo de recuperación y resiliencia.

Centralizar la ejecución es una quimera: ninguna oficina tendrá la capacidad de ejecutar por si misma todo el ciclo presupuestario para estas cantidades en los más diversos temas. Así que, en buena lógica, tendremos que esperar una ejecución que se traslade a ministerios y comunidades autónomas, por lo que el buen diseño del ciclo de gobernanza “interna” -cómo se va a establecer el circuito de la gestión pública española de los fondos- debe ser también una prioridad. El fortalecimiento institucional de las administraciones ejecutoras será también clave, papel que sí se puede desarrollar desde una oficina que apoye -apoye, pero no lidere- la ejecución de los proyectos con criterios estrictos en materia de calidad. Es un trabajo que se llevará pocos titulares, donde nos jugaremos el futuro del instrumento. Una mala definición de los procedimientos internos llevará a una mala ejecución del fondo y a desaprovechar la oportunidad. Tendremos que estar atentos a estos aspectos.