El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en más de una ocasión ha criticado al Gobierno central por las decisiones adoptadas por éste durante la crisis sanitaria. Los motivos y veces han sido muchos y variados, eso sí, sin las maneras incendiarias de su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El máximo dirigente gallego, por ejemplo, ha puesto en duda los criterios en el reparto de las vacunas o el límite del toque de queda fijado a través del Estado de Alarma vigente en todo el país.

Tampoco han faltado sus críticas al grupo de expertos que, supuestamente, asesora al Ministerio de Sanidad a la hora de tomar decisiones, poniendo en duda, primero su existencia y, segundo, su capacidad. A ambas incertidumbres también contribuyó, sin duda, el Gobierno de Pedro Sánchez por su poca claridad en cuanto a quienes forman parte de esas reuniones.

Sin embargo, parece que las quejas y comentarios de Feijóo sobre este particular,  se le vuelven en contra. Por lo menos, es lo que se desprende de lo afirmado sobre el Comité clínico que asesora a la Consellería de Sanidade y, por lo tanto, al presidente de la Xunta por parte de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública.

El presidente gallego, repite constantemente en las ruedas de prensa en las que participa que las decisiones que adopta su Ejecutivo se basan en las recomendaciones de este Comité. Incluso, en alguna ocasión, ha llegado a elogiar y dar públicamente las gracias por su trabajo a todos los forman parte de él.

Ahora los Defensores de la Sanidad Publica de Galicia ponen en entredicho la capacidad del grupo gallego de especialistas. Lo hace, según señalan, ante el “desconcierto y alarma generado por los continuos cambios de criterio sobre confinamientos, toques de queda, vacunaciones, cierre de centros o servicios...”. Eso sí, siempre bajo el paraguas de que “son decisiones de los Grupos Técnicos Independientes”.

Para empezar, ponen en duda el término “independientes” que se atribuye a estos expertos porque “casi la mitad de los miembros (47%) son cargos institucionales”, es decir, que su designación responde a criterios de “afinidad política” y no por su “experiencia o conocimientos contrastados”.

Intereses farmacéuticos

A juicio de la Asociación, el carácter político del Comité clínico gallego es evidente, porque “falta personal experto en pandemias”, argumentando que en dicho grupo, las “especialidades directamente relacionadas” con el COVID-19, como pueden ser “cuidados intensivos, geriatría, neumología, laboratorio, etc, suponen cada una el 2.7% del total”.

Continúa el análisis fijando su punto de mira en quienes no tienen cargos gubernamentales. “20 de un total de 26” integrantes de este Comité, el 77 por ciento, “defienden intereses privados o presentan graves conflictos de intereses por su vinculación a las empresas farmacéuticas, incluyendo las que comercialización las vacunas”, frente al actual coronavirus.

Ante esto, la conclusión a la que llegan desde este colectivo es que “no es posible asegurar para quién trabajan en la comisión”, poniendo en entredicho y cuestionándose acerca de “los intereses que defienden”. Y es en este punto donde vuelven a referirse a las farmacéuticas, insistiendo en que algunos de los integrantes del Comité clínico que asesora a la Xunta “tienen importantes conflictos de intereses con laboratorios farmacéuticos directamente relacionados con tratamientos y vacunas”.

Además de lo anterior, otras razones que alegan para dudar de la capacidad del grupo de expertos es la escasa conexión o relación que mantienen sus miembros con la Atención Primaria o la enfermería.

A modo de conclusión, además de criticar la vacunación de la consejera delegada de DomusVi, Josefina Fernández, por no hallarse entre los colectivos prioritarios para recibir la inmunización, la Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública reclama transparencia “en la gestión de lo público”.