Sigue hablándose, y mucho, de la decisión del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo de obligar a la vacunación en virtud de la nueva Ley de Salud Pública de Galicia. La medida tiene sus defensores y detractores, al margen de los negacionistas y ultras que han aprovechado la coyuntura para tratar de lograr rédito ideológico, como demuestra la denominación elegida para hacer frente a la normativa: ley Auschwitz.

Al margen de estos últimos, una de las entidades que con mayor fuerza se han posicionado contra la nueva normativa es SOS Sanidade Pública. Junto esta organización, otra, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública. Esta entidad critica la ley, pero “rechazando” los argumentos que utilizan los negacionistas.

La Asociación considera el cambio de ley “innecesario” porque existen ya “instrumentos suficientes”. Además, creen que “tendrá repercusión sobre derechos y libertades cívicas de la población”.

Del mismo modo, sus representantes vuelven a criticar lo que llaman “peligroso poder” que se otorga al “Comité clínico” que asesora a la Xunta y cuyas directrices, en más de una ocasión, han puesto en entredicho por posible conflicto de intereses.

Esta organización, no olvida en su denuncia uno de los apartados más destacados de la nueva normativa por su trascendencia mediática, indicando que “no se puede imponer con carácter obligatorio y bajo amenazas de fuertes sanciones” las vacunas en una situación de pandemia como la actual.

La parte económica de la ley, la de las multas por no querer recibir la dosis correspondiente, es la más llamativa. Pero ese apartado sancionador va más allá, y la nueva Ley gallega prevé la imposición de elevadas penas pecuniarias por determinados comportamientos.

Partiendo de una clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves, el negarse a recibir la vacuna es la punta del iceberg de las actividades o conductas susceptibles de sanción por esta normativa aprobada en el Parlamento gallego.

De este modo, entre las consideradas leves, se encuentra, por ejemplo, no usar mascarilla, superar los límites en las reuniones o, en el caso de la hostelería, incumplir los horarios. En estos supuestos la sanción iría de los 1.000 a los 3.000 euros.

El siguiente nivel que implicaría multas de 3.001 a 60.000 euros por considerar la ley las infracciones como graves, se aplicaría a quienes no sigan la correspondiente cuarentena o aislamiento, asi como a aquellos que organicen una fiesta o reunión que conlleve aglomeración, como pudiera ser un botellón. Llama la atención en este apartado no facilitar a las autoridades sanitarias una información que se solicite, o que esta sea falsa. Asimismo, suben a la categoría de graves las infracciones leves que supongan un daño importante para la población en general.

Riesgo extremo

El último de los escalafones lo reserva el articulado aprobado por la mayoría absoluta de los ‘populares’ gallegos para los casos muy graves, a los que corresponden sanciones de 60.001 a 600.000 euros. Este apartado se refiere a las conductos señaladas en los dos niveles anteriores que supongan un daño o riesgo extremadamente grave para la sociedad,

Algunos Ejecutivos autonómicos, como el cántabro, han aplaudido la posibilidad de multar a quien no se ponga la vacuna que recoge la ley gallega. Otros, como el asturiano, ya han descartado aplicar medidas de este tipo. Sea como fuere, una vez más, Feijóo ha conseguido ser otra vez pionero a nivel estatal y copar titulares.

Y todo alrededor de una normativa que aún debe pasar filtros de legalidad. Tal y como señaló ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, habrá que esperar a los informes jurídicos para comprobar si “vulnera algún derecho constitucional”, indicando antes que “en España, la vacunación es voluntaria”.

A la espera de su publicación en el Diario Oficial de Galicia y de la fiscalización judicial que se haga de la nueva Ley de Salud, lo que parece evidente es que, al margen de consideraciones reales de salud pública, como han dicho desde la Asociación para a Defensa da Sanidade Pública lo que sí parece es “una medida de márketing político”.

No es este un dato poco importante en el marco de la guerra interna que se ha desatado en el PP, con cruce de declaraciones entre el presidente de la Xunta y su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el posible liderazgo del partido como meta final.