No son buenos tiempos para el Partido Popular. Mientras en Madrid, tiemblan en Génova por si Luis Bárcenas tira de la manta, en Galicia se ha conocido una sentencia que, sin ser firme, se ha cobrado una pieza importante en el PP que preside Alberto Núñez Feijóo. Se trata de Luisa Piñeiro, hasta hoy Delegada de la Xunta en Pontevedra, y con cargos destacados en su formación a nivel local (fue alcaldesa de Moraña), provincial (coordinadora) y regional (vicesecretaria).

Pero su dimisión no es la primera. Con anterioridad lo había hecho su predecesor en el cargo orgánico del PP pontevedrés, Rafael Louzán, ex presidente de la Diputación Provincial y hombre fuerte en el sur de Galicia. Un hombre -según sus acólitos- hecho a sí mismo que, desde el puesto de conserje en su pueblo de Ribadumia, fue ascendiendo en la formación no sin polémicas y controversias. En algunas de aquellas estancias de Mariano Rajoy en la casa rural ubicada en este concello se le pudo ver acompañando al expresidente del Gobierno.

Durante 20 años ha controlado con mano férrea su formación y la Diputación de Pontevedra. Pero su buena estrella empezó a cambiar cuando la justicia inició la investigación de un par de asuntos. En uno resultó absuelto (supuestamente, por el que dejó sus cargos en el PP); el otro continuó, hasta hoy. Curiosamente, en 2016 dejó la política y se presentó a la presidencia de la Federación Gallega de Fútbol, cargo que ostenta en la actualidad. Hay quien dice que tal vez se esperaba una sentencia condenatoria como la que hoy se ha dado a conocer.

Louzán todavía no se ha pronunciado. Piñeiro, por su parte, ha anunciado en rueda de prensa que dimite con el objetivo de defenderse ante la justicia porque, según ha dicho, va a recurrir la sentencia. Complicado lo tiene a tenor de la contundencia de la resolución judicial que se ha hecho pública tras el proceso celebrado el pasado mes de noviembre.

El escrito del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra condena a Rafael Louzán a dos años de cárcel por conceder una subvención de 86.311 euros para realizar “unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas con anterioridad”. La sentencia le considera culpable de un delito de prevaricación, en concurso con un delito de fraude, lo que, además, conlleva una pena de inhabilitación para empleo o cargo público de ocho años.

La jueza le impone a la ex alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, - los hechos se refieren a cuando ocupaba este cargo- la misma condena de dos años de cárcel y 8 de inhabilitación para empleo o cargo público, como cooperadora necesaria del delito de prevaricación y autores de un delito de fraude, una sentencia que también recae sobre el entonces director de Infraestructuras de la Diputación.

"Sistema artificioso"

También a dos años ha sido sentenciado el administrador y un empleado de la adjudicataria del proyecto, así como el arquitecto que lo firmó, a quienes también ha inhabilitado para obtener subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años. La magistrada, además, ha condenado a un año de prisión y a dos años de inhabilitación para obtener ayudas públicas a cada uno de los dueños de las dos constructoras que accedieron a participar en el procedimiento negociado sin publicidad sabiendo que se trataba “de un mero trámite” para adjudicar la obra a una determinada empresa.

Según explican el juzgado a través de un comunicado, la jueza considera probado que “la constructora a la que la Diputación había adjudicado en 2011 la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificaciones anexas, aumentó su coste en 86.816 euros debido a una certificación”.

Tal y como señala la resolución judicial, para tratar de esquivar la legislación vigente, “se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa el importe que reclamaba”. La magistrada destaca que, para hacer frente a ese pago, en 2013, con el acuerdo del presidente de la Diputación, el director de Infraestructuras, el administrador de la empresa, la alcaldesa de Moraña y un arquitecto, se adjudicó de forma irregular otra obra a la misma constructora por ese importe, en concreto, las mejoras en el vestuario y las gradas del campo de fútbol, a pesar de que parte de ellas ya habían sido realizadas.

La jueza en su sentencia también subraya que, una vez denegada la posibilidad de aumentar el coste de las obras iniciales, “se buscaron alternativas para pagar esa certificación, creándose el proyecto de mejora en vestuarios y graderío del campo de futbol”.

Sobre Louzán relata al magistrada que, desde su cargo de presidente de la Diputación, “sabía de primera mano, por haber visitado el campo con motivo del anterior proyecto, también subvencionado por la Diputación, que cuanto menos la mayoría de las obras para las que aprobó una nueva subvención ya estaban ejecutadas”.

Esa conducta del expresidente de la Diputación, según la jueza, “evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad, sabiendo que la subvención que concede es claramente arbitraria y contraria a derecho”.

Probablemente, Alberto Núñez Feijóo, si se pronuncia sobre este asunto es probable que aluda a que Louzán lleva años sin formar parte del partido. En el caso de la ex responsable de la Xunta y del PP en la provincia, el presidente de la Xunta tendrá una respuesta menos justificada.