España dio el martes un nuevo golpe sobre la mesa. Un triunfo histórico que deja a la Selección a tan sólo un paso de saborear la gloria europea doce años después. Este domingo, 14 de julio, Berlín dictará sentencia deportiva, aunque hasta la noche de este miércoles no se sabrá si enfrente estará Inglaterra o Países Bajos. Lo cierto es que, independientemente de lo que ocurra en la gran Final de la Eurocopa, el combinado de Luis de la Fuente ya ha hecho historia y no sólo en el ámbito futbolístico, también en lo social. Con dos hijos de inmigrantes como Nico Williams y el propio Yamal como referente, La Roja ha puesto delante de un espejo el racismo que aún perdura en la sociedad española. También en la política, con un Partido Popular que va y viene, contagiándose en muchas ocasiones de la xenofobia de Vox, en los asuntos referentes a la inmigración.
Casualidades del destino, la Eurocopa ha coincidido en tiempo con un profundo debate migratorio en el país. Este miércoles, además, un día después del histórico triunfo frente a Francia, se celebrará la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Canarias. Un cónclave que contará con la presencia del Gobierno central y los ejecutivos autonómicos en el que se discutirá la reforma del artículo 37 de la Ley de Extranjería, con el objetivo de que las comunidades autónomas acojan menores migrantes no acompañados de forma “solidaria y vinculante” con los territorios de llegada.
La conferencia se celebrará en un ambiente de extrema controversia, especialmente fomentada por la derecha y la ultraderecha. Vox busca medrar ante un Partido Popular guadianesco en lo relativo a la inmigración, amoldando su discurso acorde a las necesidades -o apuros- electorales. En este caso, el principal partido de la oposición, a través de su líder, Alberto Núñez Feijóo, expresó su “solidaridad” en primer término. El jefe de los conservadores no ha descartado un acuerdo con el Gobierno en este sentido, pero el contrapeso de la ultraderecha en las cinco autonomías donde cogobiernan deja a Génova entre la espada y la pared. O, quizás de manera más precisa, entre la “solidaridad” garantizada de Feijóo y las urgencias por combatir la inmigración usando a las Fuerzas Armadas en el mar.
Un discurso variable
Hasta la irrupción de Vox, el Partido Popular vivía en una situación de relativa comodidad en el terreno discursivo, en especial en espinosos asuntos como la inmigración. Génova rebajaba el tono en este debate, en buena medida para no espantar al espectro más centrado del electorado. Sin embargo, la aparición de una fuerza radical a su derecha provocó un juego de equilibrio difícil de mantener. Desde Pablo Casado y hasta Núñez Feijóo, los conservadores han acomodado su argumentario al escenario del momento, ya sea electoral o tras unos comicios.
La campaña catalana fue una buena metáfora de la trayectoria popular en materia de inmigración. Tras una primera fase de prudencia, con la tranquilidad que entrañaba la devolución del sorpasso de 2021 a Vox, el PP escenificó una postura más radical en el último tercio de la carrera electoral. El duro mensaje de Aliança Catalana provocó que los de Santiago Abascal elevaran el tono en sus mensajes antiinmigración, arrastrando a un PP que temía un retroceso en sus perspectivas electorales. Tanto Feijóo como otras voces de la dirección nacional endurecieron el discurso, pasando a vincular la “inmigración ilegal” con los índices de criminalidad en Cataluña.
“Pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, […] para todos aquellos que se dan cuenta de que Cataluña tiene los índices de criminalidad, de robos, de hurtos y de reincidencia entre los más altos de España”, dijo el líder de la oposición a pocos días de la votación. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, hacía lo propio al ligar la inmigración ilegal con la “delincuencia y la inseguridad ciudadana”. Incluso el candidato conservador a la Generalitat, Alejandro Fernández, citaba a su compañero Xavier García Albiol, para exponer que sus líneas maestras migratorias buscan la “expulsión de España” de aquel inmigrante “detenido por cometer delitos”. “No debe ser regularizado. Aquí sólo debe ser bienvenido el que viene a trabajar y a adaptarse a nuestros valores”, dijo el alcalde de Badalona.
Opino exactamente lo mismo que @Albiol_XG y es lo que proponemos. https://t.co/XAbKej6UrX
— Alejandro Fernández (@alejandroTGN) April 11, 2024
Estas mismas urgencias explican implícitamente por qué Génova ha adoptado la utilización del término “mena” (por sus siglas: menor extranjero no acompañado), que hasta ahora usaba cuasi con exclusividad Vox. También la “ocurrencia” de un Miguel Tellado que poco menos reclamaba la semana pasada el despliegue de la flota de la Armada para combatir a los cayucos que se aproximasen a territorio español desde el mar. Idea que, por cierto, deslizó un día antes el jefe de la oposición y que, por otro lado, constituye una de las propuestas programáticas de Vox desde antes incluso de su desembarco en el tablero nacional. Iniciativa que nace tras la amenaza de Santiago Abascal de romper con los gobiernos autonómicos con los barones populares que acepten el “chantaje” del Gobierno central.
Contrasta, sin embargo, con intervenciones conservadores de quien hace un año vinculaba la inmigración con la delincuencia, adelantándose a Génova. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargaba contra el Gobierno por la llegada de migrantes a las Islas Canarias, acusándolos de “repartir a miles” de ellos entre las autonomías “en un momento de máximo temor por la seguridad nacional”. No obstante, un año antes, durante una sesión de control en la Asamblea de Madrid, abroncaba a la ultraderechista Rocío Monasterio por hacer exactamente lo mismo: “La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas. Muchos de ellos son emigrantes de segunda generación, tan españoles como Abascal, usted o yo”.
Cruzada ultraderechista
Sin tantos vaivenes, Vox ha sido meridiano desde su aparición con la inmigración. Un discurso orientado al cierre de fronteras y la expulsión de los ilegales del país. Para el recuerdo queda el célebre cartel electoral que instalaron en los espacios publicitarios de la estación de Metro de Sol. Valiéndose de un bulo, la ultraderecha marcó la agenda en aquella campaña a la Comunidad de Madrid de 2021.
“Los españoles no tienen por qué mantener a los menas y a los ilegales que asaltan nuestras fronteras con sus impuestos. Tras el 4 de mayo, Vox enviará a los menas con sus padres y si han cometido algún delito, a las cárceles de sus países”, rezaba la carta de presentación. Por su parte, el cartel contraponía la imagen de una anciana y de un hombre encapuchado y la cara cubierta, con un texto que rezaba lo siguiente: “Un mena, 4700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión al mes”. Un bulo al que incluso prestó batalla la propia Díaz Ayuso, acusando a sus otrora socios de “provocar odio” y resaltando que no existen datos que prueben que la “inmigración es violenta”.
💸 Los españoles no tienen por qué mantener a los menas y a los ilegales que asaltan nuestras fronteras con sus impuestos.
— VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 20, 2021
✅ Tras el 4 de mayo, VOX enviará a los menas con sus padres y si han cometido algún delito, a las cárceles de sus países. #VOXenSol 🇪🇸 pic.twitter.com/PZXlwG6Hbf
Más recientemente, con el debate de distribución de menores migrantes sobre la mesa, Vox amenazaba de manera constante al PP con la ruptura de los Ejecutivos. Advertencia que este mismo martes conjugaron con una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados que su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, desgranó y presentó ante los periodistas. Contempla, entre otras cuestiones, adoptar las medidas pertinentes para “revocar el reparto” de los menores extranjeros, amén de “tramitar de forma preferente e inmediata” la expulsión de todos aquellos que lleguen de manera “ilegal” a España, o de de aquellos “inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida”.
