A menos de ocho meses de que acabe la legislatura, ya ha comenzado la cuenta atrás para muchas de las leyes que siguen encima de la mesa. Una de las que se encuentra en espera es la ley contra el proxenetismo impulsada por el PSOE, que está encallada en el Congreso de los Diputados y en las negociaciones. Esta, la de abolir la explotación sexual y perseguir la prostitución en nuestro país, es una de las promesas electorales del socio mayoritario de la coalición, que sigue intentando sacar adelante una normativa que plantea penas de cárcel de hasta seis años para los proxenetas y multas para los consumidores de estas prácticas. Los socialistas confirman a ElPlural.com que en los últimos meses "ha habido conversaciones" para desatascarla de la Comisión de Justicia, donde se encuentra desde el pasado noviembre. Se trata de una norma -que nació de una enmienda de los de Pedro Sánchez para el solo sí es sí que no cuajó- que ha sido defendida como un paso "histórico" y "previo" para eliminar la prostitución pero que todavía no ha conseguido avanzar.
Perseguir la prostitución
Una norma para acabar con la explotación sexual y perseguir el consumo de prostitución. Este es el argumento esgrimido por el PSOE para registrar una proposición de ley propia con este objetivo y después del choque público y notorio con Unidas Podemos a cuenta de la ley del solo sí es sí, ahora en plena reforma. De hecho, la propuesta socialista nació de una enmienda que no pudo incluir en el texto del Ministerio de Igualdad de Irene Montero y que tildaron de "paso previo" para acabar con estas prácticas. Así lo dijo su entonces vicesecretaria general Adriana Lastra, quien insistió en que era un "paso histórico".
En concreto, esta iniciativa apuesta por modificar el artículo 187 del Código Penal para que "se castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación" con condenas de cárcel de 3 a 6 años y multas de 18 a 24 meses a todos aquellos que con violencia, intimidación o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución. Además, recupera la tercería locativa que pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitución; y propone multar a los clientes de la prostitución con multa de 12 a 24 meses, que se eleva a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor.
Todavía en negociaciones
La propuesta para "prohibir el proxenetismo en todas sus formas" superó en junio de 2022 la toma en consideración con una amplia mayoría y una gran diferencia manifiesta de posiciones entre los grupos. La votación finalizó con 232 síes del PSOE, Partido Popular y Unidas Podemos; 38 noes de ERC, la CUP, Ciudadanos y los siete diputados de los comunes; y 69 abstenciones de Vox, EH Bildu y el PNV. Peor no fue el único escollo. El texto también se sobrepuso a la enmienda a la totalidad presentada por la CUP a finales de septiembre para establecer una nueva definición de la prostitución a cuenta de incorporar el trabajo sexual al Régimen Especial del Estatuto de los Trabajadores. Tras esto, ya pasó a la Comisión de Justicia y venció el plazo de enmiendas el pasado 19 de octubre, tras lo que se encuentra en stand by y a la espera de enviarse al Pleno.
Pero a pesar de cosechar un amplio apoyo, todavía no se ha avanzado para que la normativa vea la luz en un plazo corto. "Ha habido conversaciones", aseguran fuentes del grupo parlamentario socialista en el Congreso a ElPlural.com, quienes confirman a este diario que "el objetivo es sacarla en esta legislatura". Conversaciones que, todo parece apuntar, que se están produciendo en el lado de la bancada de la izquierda del Pleno, sin contar con el Partido Popular. De hecho, algunas voces de los de Alberto Núñez Feijóo acusan a los de Sánchez de estar bloqueando su propia iniciativa así como de no estar negociando nada. Al menos con ellos. Con todo, cabe destacar que actualmente hay cinco leyes en estudio en el seno de la Comisión de Justicia, donde se encuentra encallada, por lo que los tiempos se pueden estirar durante meses. Eso sí, la intención es aprobarla antes de las elecciones generales del próximo mes de diciembre.
La ley contra la trata, sin avanzar
Mientras los socialistas buscan aliados para sacar adelante esta norma, hay otra a la espera de avanzar en el trámite parlamentario: la ley de trata. Esta legislación -que surgió del Ministerio de Igualdad de Irene Montero junto al de Justicia de Pilar Llop- lleva casi un año en negociaciones entre los socios del Gobierno y los aliados con la persecución de la explotación sexual y la asistencia a las víctimas en el centro del debate. Desde que saliera como un anteproyecto del Consejo de ministros el pasado mes de noviembre, la normativa no ha dado más pasos hacia delante pero hay visos de avances. La tardanza de los informes preceptivos de la justicia ha ralentizado el proceso pero hace solo unas semanas que el Consejo General del Poder Judicial emitió el suyo, por lo que es probable que -más pronto que tarde- el texto pueda ser enviado al Congreso para su debate y aprobación. Eso sí, al igual que con la ordenación del proxenetismo, las posiciones en el Hemiciclo son distintas entre los distintos grupos.
Los grupos, divididos
Muy clara es la postura del Partido Popular y Vox ante la prostitución ya que son abolicionistas. De hecho, los populares intentaron presionar al PSOE buscando reactivar la ley que abole la prostitución a cuenta del caso Tito Berni. Más divididos están en la izquierda, donde algunos quieren anularla sin matices y otros piden que se diferencie el trabajo sexual. Mientras los socialistas han impulsado esta regulación desde la primera posición, en Unidas Podemos tienen distintas actitudes en el seno de la formación. Una parte de los morados, especialmente los comunes, apuestan por regular el "trabajo sexual" más que penalizar la prostitución frente a la otra parte, que sí aboga por penalizar el proxenetismo con la asistencia a las víctimas y su reinserción laboral y social en el foco. Pero las tres formaciones votaron a favor de abolirla en junio de 2022. En contra se decidieron Ciudadanos, la CUP, Junts per Catalunya y ERC aunque con argumentos algo desiguales como partidarios de regular la prostitución.
Los naranjas rechazan de pleno prohibir estas prácticas. Durante el debate cuestionaron si la legislación socialista va en contra del "derecho a decidir" de las trabajadoras sexuales, esgrimiendo que es un trabajo voluntario por su parte, mientras la extrema izquierda catalana ha puesto la mirada en la violencia machista. "¿Es la prostitución voluntaria lo mismo que la explotación o la trata?", ha sostenido la diputada Pilar Calvo durante el debate, donde acabó confirmando que no es así. Esquerra Republicana, por su parte, incidió en el consentimiento. "Si eres una puta que lo haces en efectivo te enviamos a la Policía, pero si eres una amante que tiene un piso...", esgrimió Pilar Valluguera, quien destacó que se intenta "imponer en qué casos es válido y no es válido ese consentimiento" en función de las prestaciones económicas. Pero junto a este debate se une el de la Ley de Extranjería ya que muchas de las víctimas son traídas de forma ilegal a nuestro país -en muchos de los casos engañadas- para ser forzadas a cumplir con estos "trabajos" sexuales. Los partidos de la izquierda insisten en reformar la norma para incluir este punto.
