La coalición goza de una salud envidiable. Al menos así lo han trasladado Isabel Rodríguez y Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros que ha dado luz verde a la “insuficiente” -a ojos del Ministerio de Igualdad- Ley de Trata. Precisamente desde la formación morada se han registrado críticas al nombramiento de Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia, como magistrado del Tribunal Constitucional. Crece el sentimiento entre las filas de Podemos que los argumentos que sostenían el veto a la inclusión de Victoria Rosell en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eran “falsos”. Sin embargo, el titular de Presidencia ha defendido la designación en base a su currículum y ha transmitido que sus socios en el Gobierno lo conocían antes de producirse.

PSOE y Podemos viven uno de los momentos más complejos, con choques constantes entre las dos fuerzas en leyes fundamentales como la Ley Trans o la recién aprobada de Trata. Se han elevado los niveles de tensión ante las visibles diferencias en la acción política. Tiranteces que se agravan con el nombramiento de Juan Carlos Campo como magistrado del Tribunal Constitucional, al considerar al ex ministro de Justicia un perfil politizado.

Las críticas a la designación no solo provienen de la derecha y la ultraderecha, sino que también afloran en el seno de la coalición. Podemos no ha ocultado su malestar a este respecto, recordando el veto que tanto Partido Popular como PSOE impusieron sobre Victoria Rosell en el fallido “último intento” por negociar el CGPJ. “Demuestra que los argumentos para vetar a Vicky Rosell eran falsos”, deslizaba un preocupado Pablo Echenique desde el Congreso de los Diputados.

Con todo, Moncloa sugiere que Podemos estaba al tanto y defiende a capa y espada el nombramiento de Campo, un perfil que se adapta a los requisitos contenidos en la Constitución para la designación de los magistrados del TC. En este punto, el ministro de Presidencia ha recordado que el Constitucional no es un órgano judicial per sé, sino el intérprete máximo de la Carta Magna. Esto justificaría, según Bolaños, que la elección nazca en el vientre de la política. “Consideramos que es idóneo para el puesto”, ha despachado.

Toque a los magistrados conservadores

Bolaños considera a Campo como un perfil óptimo para el puesto en base a su currículum. Su dilatada carrera y su doctorado en Derecho acreditan, según Moncloa, la elección del ex ministro de Justicia. Así, rehúyen las críticas surgidas por la elección de un perfil politizado para el Constitucional, evocando recuerdos del pasado personificados en la figura de María Dolores Delgado, predecesora de Campo al frente de la cartera de Justicia.

El ex ministro de Justicia se adapta “sobradamente” a los requisitos que exige el puesto: una dilatada trayectoria, acreditada competencia, ser jurista y quince años de carrera. El Gobierno se abraza a estas formalidades para repeler los ataques externos y ha aderezado sus justificaciones con un generoso tirón de orejas a los magistrados conservadores del Poder Judicial: “Nos hubiera gustado que este anuncio hubiera simultáneo a los del CGPJ”, ha lamentado un Bolaños que en consonancia afeaba al órgano rector de la judicatura su “incumplimiento de la Constitución”.

Pese al conglomerado de reproches, Bolaños ha destacado la “prudencia” con la que se ha envuelto a una decisión “obligada”, aunque cabe respuesta aún del Tribunal Constitucional, para la que exigen cierta celeridad desde Moncloa. Asimismo, urgen al CGPJ para que, por fin nombre a los dos magistrados que le competen.

Lo que no esperan en Moncloa es un toque de atención por parte de las altas instancias europeas. Defienden que en Europa están “espantados” por el bloqueo “grosero” tanto del Partido Popular como del Poder Judicial. “Nada tiene que decir sobre el cumplimiento estricto de la Ley y de la Constitución”, ha abundado el ministro Bolaños. En paralelo, ha reiterado que la “imparcialidad” del Ejecutivo está fuera de toda duda. “Las carreras de Campo y de Laura Díez son merecedoras del cargo”, ha resuelto.

Estado de la coalición: óptimo

La elección de Campo ha echado más leña a un fuego que no deja de expandirse en el Palacio de la Moncloa. Un nuevo choque que añadir a la extensa lista, que ya engordan discusiones por la Ley Trans y la Ley de Familias. Precisamente el articulado de Derechos Sociales ha soliviantado los ánimos en la facción morada, que ha descargado sus armas sobre el “ala socialista” del Ejecutivo.

Estaba previsto que la Ley de Familias se aprobara este mismo martes junto a la de Trata. Sin embargo, a última hora del lunes el anteproyecto se cayó y todo saltó por los aires. Fuentes del departamento que dirige Ione Belarra señalan directamente al PSOE y exhiben su “preocupación” por las trabas con las que se ha topado una iniciativa “fundamental para las familias”.

Sin embargo, en ese “ala socialista” que señala Podemos impera otra ley; la del silencio. Tanto en público como en privado repelen esa sensación de rigidez entre socios y argumentan que la coalición goza de buena salud. Tanto es así que la ministra Portavoz considera innecesaria la invocación del Comité de crisis. “La tensión que mueve al Gobierno es la de atender las preocupaciones de los españoles”, ha resuelto Rodríguez tras recordar el escudo social que desplegó la Administración Sánchez para hacer frente a las vicisitudes de la guerra de Vladimir Putin.

Los despejes del PSOE no convencen a Podemos, que ya empieza a advertir de la presencia de cierto buqué electoralista en el Ejecutivo. El portavoz morado en el Congreso ha denunciado “señales preocupantes” en la acción de los socialistas, a quienes urge para explicar la caída de la Ley de Familias. Entre tanto, fuentes de Moncloa niegan en privado este diagnóstico y justifican el retraso a la normativa de Derechos Sociales a una mera dosificación de anteproyectos.

Luz verde a la Ley de Trata

La buena noticia de este martes para los socialistas es la aprobación del anteproyecto contra la trata de seres humanos. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha desmenuzado el articulado que ha diseñado conjuntamente con Interior, Seguridad Social e Igualdad. Es precisamente en esta cartera -de dominio morado- donde no se han mostrado satisfechos con el producto final, entendiendo la iniciativa de Justicia como “insuficiente”.

Discrepancias ideológicas aparte, Llop ha puesto de relieve un articulado elaborado desde el “compromiso con los Derechos Humanos” y “casi desde lo personal”. La titular de Justicia se ha felicitado por sacar adelante el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y Explotación de Seres Humanos. Una cobertura para toda “mujer, hombre o niño” lastrado por el “tercer negocio más lucrativo” tras el tráfico de drogas y de armas. Supone, además, un “antes y un después” en la lucha contra las mafias de esta índole, máxime en un contexto de diáspora en Ucrania por la incidencia de la guerra.

El artículo 28 de la normativa desvincula directamente la denuncia y la participación de la víctima en la investigación penal para el acceso a derechos. Además, en lo relativo a la regularización para víctimas extranjeras, han erigido el proyecto en base a lo delimitado por el artículo 14 del Convenio de Varsovia, que establece que, toda vez se identifique la víctima, se concederá una autorización de residencia por motivos excepcionales bien por su situación personal o por colaboración con el procedimiento penal.