“Mariano Rajoy gana con mayoría absoluta”. Ya han pasado seis años y dos meses desde que este titular copara los periódicos y el tiempo de radio y televisión. Casi siete años lleva Rajoy en Moncloa, casi siete años construyendo su particular palacete. Carta a carta, el presidente del Gobierno elaboró una compleja estructura legislativa y, ahora, asiste atónico al derrumbe de su castillo de naipes. Rajoy ve desde una posición privilegiada cómo la oposición, desde su pérdida de mayoría absoluta el 26J, abate uno a uno sus buques insignia: la Ley Mordaza y la reforma de las pensiones del año 2013. Muchos son los temporales que han sacudido al presidente de Gobierno desde que aterrizara en La Moncloa y ninguna tempestad ha provocado un dolor de cabeza ni siquiera parecido al que estará viviendo en estos momentos. Un vendaval que aglutina frentes judiciales, electorales y parlamentarios que amenazan la salubridad del líder del Ejecutivo y del Partido Popular.
Frente parlamentario: una flota a la deriva
Dos de los buques insignias del PP se hunden. La Ley Mordaza retornó al Congreso de los Diputados en septiembre de 2017 para nunca volver. Rajoy ya no tiene su preciado colchón de la mayoría absoluta. Impuso su Ley Mordaza sin contar con otras fuerzas parlamentarias, y la oposición le respondió tiempo después aprobando el inicio de la tramitación de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana y la del PNV para reformar la misma ley. La propuesta del PSOE pretende tomar como base el cuerpo normativo de 1992 y trabajar desde ahí, mientras el PNV opta por una derogación parcial. Ahora, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se encuentra en la Comisión de Interior, donde, tras concretarse deberá pasar al Senado. En la Cámara Alta, el PP podría tumbarla valiéndose de su mayoría absoluta, ya que siempre se han mostrado reticentes a modificar uno de sus buques insignia, aunque, tras perder su mayoría absoluta, se abrió a debatir según qué detalles. Lo que no admitiría sería una nueva Ley totalmente distinta.
A la Ley Mordaza habría que sumarle otro golpe asestado a la flota del PP. A partir del año 2019 entra en juego el Factor de Sostenibilidad que introdujo el PP en la reforma de las pensiones del año 2013. Esta medida recortará las pensiones ya que la cuantía se actualizará conforme aumente la esperanza de vida. En este sentido, el PDeCat presentará una Proposición no de Ley (PNL) en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social para tumbar el Factor de Sostenibilidad, y tiene el apoyo de buena parte de la Cámara, con lo que el Partido Popular deberá lidiar con un nuevo frente parlamentario. Incluso, PSOE y Podemos abrieron el melón del impuesto a la banca para sostener el sistema de pensiones.
A estos dos asuntos espinosos se le une la madre de todos los problemas parlamentarios. Rajoy no tiene Presupuestos. Se trata de la ley más importante de un Estado y sus principales socios, Ciudadanos y PNV, no parecen por la labor de reeditar su apoyo.
Los naranjas le han declarado la guerra a los populares, y ambos partidos llevan semanas inmersos en una batalla sin cuartel. Además, las tensiones y distensiones han aumentado después de que Ciudadanos pidiera el cese de la senadora Pilar Barreiro, imputada en Púnica, pero los de Rajoy por el momento no mueven ficha, violando así el pacto de investidura. Por su parte, el PNV se muestra reticente tras la aplicación del 155 en Catalunya.
El portavoz parlamentario del Partido Popular, Rafael Hernando, ha pedido a ambos “que no se inventen excusas para aprobar los PGE porque es bueno para los españoles”.
El plan B de Rajoy es aprobar prorrogar los Presupuestos e ir actualizándolos por fascículos vía Real Decreto. El contraataque de los naranjas ha sido registrar una pregunta para la sesión de control del próximo 21 de febrero pidiendo explicaciones: “¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno está considerando prorrogar "sine die" los Presupuestos Generales del Estado y no traer a esta Cámara unas nuevas cuentas para 2018?”.
Frente judicial: el invierno más frío para el PP
Un auténtico bombardeo de saturación se ha cernido sobre el Partido Popular en las últimas semanas. Un día sí y otro también, algún imputado o testigo deja helados a los de Mariano Rajoy por tirar de la manta. El pasado martes Luis Bárcenas volvió a aterrizar sobre la Audiencia Nacional, esta vez en calidad de testigo y en la rama valenciana de la trama Gürtel, para soltar otra bomba Fritz X contra el Partido Popular. El extesorero confirmó el relato de Ricardo Costa, quien aseguró que le trasladó al extesorero el método de financiación en B que estaban empleando y Bárcenas le reprochó que “eso era un Filesa 2”. “Lo recuerdo vagamente”, se justificó el extesorero, pero delegó el asunto en Álvaro Lapuerta, quien se libra del juicio por demencia sobrevenida.
La de Bárcenas ha sido la última, pero es que 24 horas antes, el exconsejero de Presidencia Francisco Granados cantó cucú. La rana de Esperanza Aguirre situó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y a Ignacio González en la cúspide de las responsabilidades y la toma de decisiones en las campañas de 2007 y 2011, financiadas en B. Pero la campanada llegó al final del concierto de la rana más cantarina, cuando el exconsejero mentó a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP regional. Granados especificó que Cristina Cifuentes fue nombrada en 2005 número tres del partido y que se convirtió en la mano derecha de González: era sus ojos y sus oídos. Acumuló mucho poder y responsabilidad.
Cifuentes formaba parte del cinturón de hierro de González. Una especie de núcleo de control de la estructura de poder que estaba formado por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid; Isabel Gallego, exdirectora de Comunicación de Aguirre (ya imputada en la causa); Jaime González Taboada, exnúmero tres de Cifuentes en el Ejecutivo regional y actual senador del PP; y el consejero Borja Sarasola. Esta especie de guardia pretoriana se fracturó con la ruptura de la relación sentimental entre González y Cifuentes, según el relato de Granados.
El 24 de enero, el que fuera secretario general del PP valenciano concluyó en sede judicial en el marco de la rama valenciana de la trama Gürtel que ““Es cierto que el PP se financiaba con dinero negro” por orden de Camps.
El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, negoció con la Fiscalía en los días previos a la apertura del juicio de la rama valencia de la trama (arrancó el 15 de enero). Correa reconoció todos los delitos de los que le acusa la Fiscalía en un escrito dirigido al juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. En el escrito, Correa reconoció que creó la empresa Orange Market para trabajar con el PP de Valencia después de que Álvaro Pérez El Bigotes contactara con el partido a nivel regional gracias al entonces president Francisco Camps. El cabecilla detalló que cobraban de tres maneras: “Mediante facturas correctas; mediante pagos en “b” y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas”.
El capo de la trama Gürtel, además de en sede judicial, compareció mediante videoconferencia en sede parlamentaria. Ante la comisión que investiga la caja B del PP, Correa, que no quiso responder a ninguna pregunta, aseveró que “Rajoy daba el OK” a los gastos del PP.
Álvaro Pérez, más conocido como El Bigotes, era el cobrador. En su declaración ante el tribunal de la rama valenciana de Gürtel, contó con todo lujo de detalles que cobrar las facturas de los actos del PP era un suplicio y le costó más de un “llanto”. “El dinero B era para pagar los actos del partido que lo pagaban los empresarios”, dijo, y añadió, “todo el mundo estaba en contra de pagar en B, menos el que daba la orden que era Camps” y “solo Francisco Camps era el que podía ordenar los pagos a los empresarios”. “A mí los empresarios me pagaban siempre en B con facturas pero el concepto de la factura era falso”, relató quien “iba a Génova 13 con la tarjeta como la de cualquier otro trabajador”.
La legión de arrepentidos que acorrala a un PP que se ahoga en su propio fango
Fuente electoral: la batalla por la derecha española
Los de Mariano Rajoy aseguran que “una cosa son las autonómicas y otras las generales”, pero las encuestas insisten en rebatir a los populares: Ciudadanos gana terreno hasta el punto de que, de celebrarse comicios estatales, sería la primera vez desde 1982 que el bipartidismo no consigue la primera plaza. Albert Rivera se ve en La Moncloa, y ambos partidos pugnan ahora por erigirse como el buque insignia de la derecha española.
La gestión del debate territorial está pasando factura a Rajoy. Ciudadanos está capitalizando su desgaste explotando la corrupción del PP. De hecho, el último CIS es revelador. El 17,8% de los que votaron al PP el 26J, ahora optarían por Ciudadanos. Un flujo notable de votos y que no se produce en sentido contrario: el 86,2% de los votantes de Ciudadanos en las últimas generales mantendría su voto y solo el 2,4% cambiaría a los naranjas por los populares. Lo llamativo es que los naranjas no solo le arrebatan votos a los populares, sino que varios cargos se han cambiado de filas: el PP de Cáceres se fuga en masa a Ciudadanos.
¿Por qué Ciudadanos intensifica sus ataques al PP?
El fango provocado por la corrupción, la derogación de los pilares legislativos del PP y el auge de Ciudadanos ponen en jaque a Mariano Rajoy. Y esto no ha hecho más que empezar: acaba de comenzar la fase testifical de la rama valenciana de Gürtel, en primavera se espera la sentencia de la primera etapa gürteliana, varios dirigentes y exdirigentes del PP desfilarán ante la comisión que investiga la caja B del PP en los próximos meses, se espera que Rajoy sea citado para finales de año, el caso Lezo continúa aportando nuevas informaciones, el PP sigue sin Presupuestos y las encuestas continúan engordando a Rivera. Lo peor está por llegar.
