El Gobierno ha aprobado este martes el plan de implementación del informe del Defensor del Pueblo en materia de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al texto que tendrá vigencia hasta 2027 y que, entre otras cosas, contiene indemnizaciones a las víctimas, la organización de un acto público y una batería de medidas en materia de prevención, formación e investigación. “Como Gobierno queremos prevenir, reparar y tratar de saldar la deuda que tiene nuestra sociedad y democracia con las víctimas”, ha explicado Félix Bolaños en rueda de prensa. 

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha trasladado que le gustaría poder desarrollar el plan “en colaboración y trabajando con la Iglesia Católica”, motivación para la que ya ha mantenido reuniones con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. “La Iglesia Católica, durante décadas, no dio una respuesta adecuada a este problema y, de hecho, en la colaboración con el informe la respuesta de las diferentes diócesis ha sido muy dispar”, ha lamentado Bolaños antes de presentar un plan dividido en cinco ejes:

  • Reconocer y reparar: Organización de un acto público con las víctimas y con sus familiares que supondrá “una reparación simbólica que por sí misma no basta”. Así, vendrá acompañada de una “reparación material adecuada y suficiente en términos económicos” en los casos que esta no se haya podido dar judicialmente.
  • Atender a las víctimas: Prestación de un "trato adecuado y óptimo" en las oficinas de atención a las víctimas habilitadas, generando entornos seguros para que en esos procedimientos judiciales que exijan declaración "no se someta a una revictimización" a los afectados. Garantía de asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas.
  • Prevenir: Refuerzo de las labores de supervisión en las inspecciones educativas para formar y dar mayores competencias a los inspectores, creando la nueva figura de coordinación de bienestar y protección en los centros docentes.
  • Formar y sensibilizar a todos los profesionales futuros y presentes a todos los profesionales que tienen tratos con menores.
  • Informar e investigar: Realización de un estudio sobre la prevalencia de la violencia hacia la infancia, analizando las causas y donde se produce con mayor frecuencia, para poder orientar correctamente las políticas públicas.

“Tenemos que dar respuesta a casos que no han tenido reparación judicial”, ha explicado Bolaños, aclarando que cuando esta actuación sí se ha producido sentencia y se asumido responsabilidad civil ya “está resuelto judicialmente y no hay más que se pueda hacer”. La clave es que gran parte de los abusos a los que alude este plan de produjeron hace décadas, afectados por dificultades probatorias y prescripciones de delitos. “Es ahí donde debemos ahora establecer las medidas que correspondan para reparar adecuadamente a las víctimas”, ha desarrollado.

Además, ha detallado que ya se han iniciado conversaciones para que "la Iglesia Católica sufrague y asuma el coste de la reparación económica que ha de llevar a cabo con las víctimas”. “Es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad y, además, no se entendería que no fuera así porque en todos los países de nuestro entorno ha sido así”, ha trasladado el titular de la cartera de Presidencia.

Respuesta y convesaciones con la Iglesia

La respuesta de la Iglesia ha sido contradictoria. Los obispos avanzaron en noviembre que estaban preparando un plan que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos, tanto si media sentencia judicial como si no existe por determinadas circunstancias como que el victimario haya fallecido. Sin embargo, en lo referido a la colaboración con el plan de indemnizaciones del Gobierno, como ha denunciado Bolaños, los prelados españoles señalaron que su colaboración estaba condicionada a que el plan afectara a toda víctima de pederastia y no solo a las de la Iglesia.

No obstante, pese al posicionamiento histórico de la Iglesia en lo referido a este tema, Bolaños ha detallado que el pasado jueves mantuvo una reunión con el presidente y el secretario general de la Conferencia Episcopal. “La Iglesia Católica tiene voluntad de colaborar. Es mi impresión y así me lo trasladaron”, ha relatado Bolaños aquel encuentro. “Me consta que están trabajando en como proceder a la reparación, que también me lo explicaron de esa manera”, ha añadido. Por esta actitud, ha defendido que el Gobierno se “siente con los responsables” y se trabaje “conjuntamente”. “Estoy convencido de que la Iglesia querrá saldar la deuda que los poderes públicos saldamos desde hoy”, ha concluido.