Más de cuatro décadas después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Gobierno ha dado un paso decisivo para arrojar luz sobre uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España. Desde este miércoles ya están disponibles para su consulta más de 150 documentos hasta ahora considerados secretos -se pueden consultar a través de este enlace-, relativos al asalto al Congreso de los Diputados encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado a primera hora el acuerdo del Consejo de Ministros que autoriza la desclasificación de “cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado” del 23-F, al entender que ya no suponen un “riesgo para la seguridad y defensa del Estado”.
La medida ha sido impulsada a propuesta de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de Defensa; y de Interior. Según el Ejecutivo, los años transcurridos desde aquel 23 de febrero permiten hacer pública esta información “sin generar ningún riesgo real y presente”.
Un episodio aún rodeado de incógnitas
El 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles armados irrumpió en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. Al frente del asalto se encontraba Tejero, cuya imagen pistola en mano se convirtió en símbolo de la fragilidad de la joven democracia española.
La sentencia del Tribunal Supremo del 22 de abril de 1983 condenó a una treintena de sublevados por un delito de rebelión militar. Aquella resolución contribuyó a fijar un relato oficial según el cual el fracaso del golpe se debió, fundamentalmente, a la actuación decidida del rey Juan Carlos I y a la lealtad mayoritaria del Ejército.
Sin embargo, con el paso de los años han surgido dudas y debates historiográficos sobre los entresijos de la trama, las responsabilidades políticas y militares y el grado de conocimiento previo que pudieron tener distintos actores institucionales. Numerosos historiadores y periodistas que llevan décadas investigando el 23-F han celebrado la desclasificación como una oportunidad para contrastar versiones y profundizar en la verdad de lo sucedido.
Transparencia y memoria democrática
La decisión del Gobierno se enmarca en un contexto de creciente demanda social de transparencia y de revisión crítica del pasado reciente. La apertura de estos archivos podría contribuir a despejar algunas de las incógnitas que aún persisten y a fortalecer la memoria democrática en torno a un episodio que puso en jaque el sistema constitucional.
Con la publicación de los documentos, se abre una nueva etapa en el estudio del 23-F. La incógnita ahora es si el contenido de los archivos confirmará el relato consolidado durante décadas o si, por el contrario, aportará elementos que obliguen a reescribir parte de la historia oficial de aquel día que marcó el rumbo de la democracia española.
