Con la desclasificación del 23F como gesto de transparencia, el Gobierno mueve ficha en el debate sobre los secretos del Estado. El presidente, Pedro Sánchez, ha invitado a reformar la normativa franquista que aún regula la materia, pero ha evitado confirmar si dará el mismo paso con documentos vinculados a episodios como la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, las cargas policiales en los Sanfermines de 1978 o el caso de Mikel Zabalza. El Ejecutivo reivindica la liberación de los papeles del intento golpista como un avance democrático, aunque mantiene bajo llave otros archivos que afectan a víctimas de la violencia policial y de la guerra sucia durante la Transición y los primeros años de la democracia.
El debate ha aflorado con fuerza en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha recordado que continúan clasificados como secretos documentos relativos a episodios que marcaron a fuego a la sociedad vasca y a amplios sectores de la izquierda. Entre ellos, además de Vitoria y los Sanfermines del 78, ha citado el caso Zabalza —el joven navarro que murió en 1985 tras ser detenido y torturado—, así como las actuaciones del Batallón Vasco Español y los GAL en los años de Gobierno de Felipe González.
Aizpurua ha defendido que la decisión del Consejo de Ministros de desclasificar los documentos del 23F demuestra que existe margen político para actuar sin necesidad de esperar a una nueva ley. “Si quieren, pueden, como han hecho con el 23F”, ha señalado desde la tribuna. “La memoria no puede estar bajo llave. Las familias y la sociedad tenemos derecho a conocer la verdad. Desclasifique la impunidad”, ha reclamado, en una intervención que ha apelado directamente al compromiso democrático del Ejecutivo.
Sánchez, sin embargo, ha esquivado concretar compromisos inmediatos. En su respuesta, ha vuelto a situar el foco en el proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado por el Gobierno el pasado julio, actualmente bloqueado en el Congreso por falta de apoyos suficientes. El presidente ha defendido que ese texto permitirá derogar la ley preconstitucional de 1968 y establecer “un marco claro, con criterios objetivos, plazos definidos y mecanismos de revisión”, homologable al de las democracias europeas más avanzadas.
El jefe del Ejecutivo ha instado a los grupos parlamentarios a aprovechar el actual periodo de sesiones, que concluye en junio, para culminar la tramitación de la norma. Según ha sostenido, la futura ley pondrá fin a una anomalía democrática: que los secretos oficiales puedan mantenerse sin límite temporal, tal y como permite la regulación heredada del franquismo.
No obstante, la iniciativa gubernamental no convence a todos sus socios potenciales. EH Bildu y el PNV consideran que el proyecto mantiene plazos de clasificación excesivamente amplios —de hasta 60 años en algunos supuestos— y no garantiza una revisión automática que impida prolongar el secreto más allá de lo estrictamente necesario. Para estas formaciones, la reforma no puede convertirse en un mero lavado de cara que perpetúe la opacidad bajo una nueva denominación.
Mientras tanto, el Gobierno celebra el paso dado con el 23F como un hito en materia de transparencia. Sánchez ha calificado la jornada de desclasificación como “un gran día para la democracia” y ha subrayado que con ella se salda una deuda tanto con los investigadores como con la ciudadanía. En la misma línea se ha expresado el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien ha defendido que la publicación de esos documentos permite conocer en su integridad la información que el Estado custodiaba sobre el intento de golpe que puso en jaque al sistema constitucional.
Bolaños ha recordado que la legislación vigente no obligaba al Ejecutivo a hacer públicos esos papeles, ya que contempla la posibilidad de que los secretos se mantengan “para siempre”. De ahí, ha insistido, la urgencia de aprobar una nueva ley que trate a los ciudadanos como “mayores de edad” y fije estándares equiparables a los de los países de nuestro entorno.
Con todo, la cuestión de fondo sigue sin resolverse: si el Consejo de Ministros hará uso de su potestad para levantar el secreto sobre otros episodios de la historia reciente sin esperar a la nueva norma. Por ahora, Sánchez mantiene esa decisión en suspenso y vincula cualquier avance estructural a la aprobación parlamentaria de la Ley de Información Clasificada.
