La nueva ley universitaria impulsada por Juan Manuel Moreno Bonilla ha abierto una grieta profunda en Andalucía. Rectores y sindicatos han alzado la voz contra una norma que, lejos de reforzar la universidad pública, consolida el avance de las privadas en el corazón del sistema. No hablamos de un simple ajuste técnico. Hablamos de un cambio de rumbo que puede marcar el futuro de miles de estudiantes andaluces durante décadas.
El Partido Popular ha aprobado en solitario la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), sin consenso político ni respaldo de buena parte de la comunidad académica. La tramitación se aceleró en plena etapa de temporales y lluvias intensas en buena parte de la comunidad, en un contexto que muchos interpretan como un intento de rebajar el foco público. La oposición votó en bloque en contra y los rectores de las universidades públicas expresaron su rechazo con contundencia. La ley nace cuestionada y con un debate de fondo que no es jurídico, sino profundamente político y social: ¿queremos una universidad pública fuerte o un sistema donde lo privado gane peso mientras lo público se debilita?
Desde hace meses, los rectores alertan de que la norma no garantiza adecuadamente la financiación ni respeta plenamente la autonomía universitaria. No es una crítica menor. Las universidades públicas desempeñan un papel clave en el desarrollo económico, científico y social de Andalucía. Si quienes las dirigen advierten de riesgos estructurales, conviene escucharlos.
Uno de los puntos más polémicos de la LUPA es que las universidades privadas tendrán voto en el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, el órgano encargado de planificar y coordinar el sistema. Hasta ahora podían estar presentes, pero no decidir. Con la nueva ley, podrán influir directamente en decisiones estratégicas sobre titulaciones, planificación académica e investigación.
Este cambio altera el equilibrio interno. En Andalucía existen diez universidades públicas y cinco privadas, además de otras seis en proceso de autorización. Si la expansión de las privadas continúa al ritmo actual, su peso en los órganos de decisión será cada vez mayor. No es una hipótesis alarmista, sino una posibilidad real si la política de autorizaciones mantiene la misma línea.
Y aquí es inevitable mirar a la Comunidad de Madrid. Allí, las universidades privadas ya superan en número a las públicas (13 frente a seis). El sistema público madrileño lleva años denunciando asfixia financiera, recortes y pérdida de titulaciones. Cuando la financiación no acompaña y el mercado gana terreno, el resultado es conocido: menos recursos para la pública y más oportunidades para la privada.
En Andalucía ya se perciben señales preocupantes. Hay universidades públicas que arrastran dificultades para cubrir plazas de profesorado, personal técnico y personal de administración y servicios. Con presupuestos ajustados, las primeras consecuencias se notan en las plantillas: se congelan vacantes, se retrasan sustituciones y se sobrecargan departamentos. Y todo ello termina afectando a la calidad de la enseñanza.
No hablamos de un escenario hipotético a largo plazo, sino de problemas que ya existen y que pueden agravarse si la financiación no se refuerza con claridad. Si el sistema público compite con más privadas y con recursos limitados, el deterioro es cuestión de tiempo.
Comisiones Obreras ha sido muy clara en su valoración. El sindicato sostiene que la LUPA no garantiza los capítulos fundamentales de gasto, como el de personal o el de bienes y servicios. Tampoco asegura una senda de crecimiento que permita alcanzar el 1% del PIB en inversión universitaria, como marca la normativa estatal. Además, obliga a las universidades públicas a buscar al menos un 25% de financiación externa.
Esa exigencia altera la lógica del sistema. Significa que las universidades dependerán en mayor medida de convenios, proyectos y fondos externos para sostener su actividad. En la práctica, aumenta la presión para orientar la docencia y la investigación hacia criterios de rentabilidad económica.
CCOO también alerta de la precarización de determinadas figuras docentes, del riesgo para titulaciones menos “rentables”, especialmente en Humanidades, y de una competencia desigual con universidades privadas que no afrontan las mismas obligaciones estructurales. Si el sistema público pierde músculo financiero, las privadas ocuparán ese espacio.
El PSOE de Andalucía ha calificado la ley de “regresión” tras reunirse con los sindicatos mayoritarios. Sostiene que no es una norma neutral, sino una reorientación del modelo universitario andaluz que reduce progresivamente el peso estructural de la universidad pública y facilita la expansión del negocio educativo privado.
Más allá del debate partidista, existe una dimensión social que no puede ignorarse. ¿Quién puede pagar hoy una universidad privada en Andalucía, con matrículas que oscilan entre 10.000 y 25.000 euros por curso? ¿Cuántas familias pueden asumir ese coste? En un contexto de salarios ajustados y dificultades para llegar a fin de mes, la universidad pública sigue siendo la principal herramienta de movilidad social.
Durante décadas, la universidad pública ha permitido que hijos e hijas de familias de la clase media trabajadora accedan a estudios superiores y mejoren sus oportunidades laborales. Si se debilita ese sistema y se refuerza la alternativa privada, el mensaje es claro: quien pueda pagar tendrá más opciones; quien no, dependerá de una red pública cada vez más tensionada. No es un efecto colateral. Es la consecuencia directa de decisiones políticas.
Resulta difícil entender por qué, en un contexto de superávit presupuestario, el Gobierno andaluz no apuesta de forma decidida por reforzar la financiación pública en lugar de abrir más espacio a lo privado. Las universidades públicas andaluzas no son un gasto prescindible, sino una inversión estratégica que aporta en torno al 3% del PIB regional y genera conocimiento, innovación y empleo cualificado.
El debate de fondo no es si debe existir universidad privada. Ya existe. La cuestión es qué peso queremos que tenga y qué papel debe desempeñar la universidad pública. Si la pública pierde financiación, autonomía y capacidad de decisión, el equilibrio se rompe.
Mirar a Madrid no es un recurso retórico, sino la observación de un precedente cercano. Allí, la falta de financiación ha provocado tensiones graves en el sistema público. Si Andalucía avanza por ese mismo camino, las consecuencias pueden ser similares: pérdida de titulaciones, salida de profesorado y deterioro progresivo de la calidad académica.
La LUPA no es una ley neutra ni inevitable. Es una apuesta política clara del Gobierno de Moreno Bonilla. Y a estas alturas ya no caben excusas ni ambigüedades. Si la universidad pública se debilita mientras las privadas amplían su influencia institucional, la responsabilidad será directa del presidente andaluz. Moreno Bonilla ha elegido el modelo y deberá asumir las consecuencias si esta reforma termina erosionando la igualdad de oportunidades y convirtiendo la educación superior en un espacio cada vez más condicionado por intereses privados.
