La mayoría absoluta del PP de Moreno Bonilla en el Parlamento andaluz ha sacado adelante este miércoles la nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), una norma llamada a “redefinir” el sistema universitario andaluz, pero que ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios de la oposición en bloque.
La LUPA es una norma que, desde que comenzó su tramitación en 2024, ha contado con la desconfianza y el rechazo de los rectores de las universidades públicas, de los sindicatos y del alumnado que critican que la norma supone una “injerencia” en la autonomía universitaria y advierten de que bordea la inconstitucionalidad.
La aprobación se produce sin consenso político y en un clima de fuerte crispación por parte de sectores de la comunidad universitaria. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) ya había advertido antes de la votación que la ley nace con un “grave déficit democrático” por la incorporación de cambios de última hora que, a su juicio, no han sido consensuados con la comunidad académica.
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido que la norma se ha elaborado “para conseguir el máximo consenso posible” y ha asegurado que aportará “estabilidad” al sistema universitario, especialmente al público, al que, según sostuvo, dota de mayor autonomía en materia de personal, planificación académica y organización departamental. El consejero también ha subrayado que la ley “blinda” derechos del estudiantado y consolida el modelo de financiación. Sin embargo, los grupos de la oposición cuestionaron tanto el procedimiento como el fondo de la norma.
Críticas por financiación y papel de las privadas
El PSOE-A ha calificado la LUPA de “insuficiente” y de “regresión” para el sistema universitario público. El diputado socialista Antonio Ruiz ha advertido en el debate final que la ley establece una “doble vara de medir” entre universidades públicas y privadas. Según ha señalado, “a las públicas se les exigen mayores estándares en investigación, transferencia y transparencia, mientras que las privadas asumen menos obligaciones” y, además, ganan peso institucional, como su incorporación con voz y voto al Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria.
Los socialistas sostienen que la norma no garantiza una financiación pública suficiente y estable para las universidades públicas andaluzas, que arrastran, según denuncian, dificultades para cubrir los gastos de personal. En la misma línea, sindicatos como UGT y CCOO han mostrado preocupación por el impacto de la ley en los derechos laborales y en la estabilidad del sistema.
Por Andalucía ha alertado que la ley se enmarca en un contexto de expansión de universidades privadas en Andalucía, habiéndose creado 5 nuevas en los últimos años y “de escasa calidad”. Así, el partido ha cuestionado que no se refuerce de manera equivalente la financiación del sistema público. Desde esta formación se ha señalado que el crecimiento del sector privado no puede producirse a costa del debilitamiento estructural de las universidades públicas.
El Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha denunciado que la LUPA forma parte de una estrategia de “privatización” del sistema universitario. Además, ha criticado la introducción de una modificación de la Ley de Transparencia que elimina el régimen sancionador para altos cargos en materia de infracciones económicas por incumplimientos en transparencia e incompatibilidades.
Valoración de los rectores de las universidades
Los rectores de las universidades públicas andaluzas se han mostrado muy duros con una norma cuyo texto final “difiere en aspectos sustantivos” del borrador que se consensuó con el Gobierno autónomo en 2024, tal y como dejó claro el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la Pablo de Olavide de Sevilla, Paco Oliva, durante su intervención a finales del año pasado en la comisión para abordar su proyecto de ley. Este es un argumento que han reiterado los estudiantes en un comunicado difundido por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP) y que también comparten los agentes sociales dando el visto bueno a la redacción inicial.
En su comparecencia, Oliva advirtió que la nueva norma invade “la autonomía universitaria consagrada en la Constitución”. Los rectores destacan como ejemplo de esa “injerencia injustificada” la introducción de un mecanismo por el que la Consejería de Universidades debe aprobar la relación de puestos de trabajo del Personal Docente Investigador (PDI) y del de administración y servicios (PTGAS); la supervisión semestral por parte de la administración de la contratación de los profesores sustitutos o la creación de figuras contractuales no previstas en la ley universitaria estatal (LOSU, 2023).
Sin duda, la creación del interventor es uno de los elementos que más han inquietado a los rectores. Oliva recordó que esa figura en la redacción inicial se presentó como algo facultativo y recuerda que las universidades públicas son las instituciones “más vigiladas y fiscalizadas”. Otros recortes consultados inciden en que en sus propias entidades tienen controles internos y se someten a auditorías propias.
Igualmente, en la asamblea de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía celebrada en Cádiz, se han reunido los rectores y rectora de las diez universidades públicas andaluzas. En dicha reunión, se ha realizado un análisis del impacto de la nueva ley, intercambiado posiciones sobre su aplicación en la gestión de los centros y en la organización del sistema universitario público andaluz.
En diciembre, los rectores ya habían expresado dudas sobre determinados apartados del proyecto y manifestado discrepancias con la Administración autonómica en algunos puntos. En la asamblea celebrada en Cádiz han abordado de nuevo esos aspectos y han tratado de acercar posturas ante la aprobación de la norma.
Polémica por la gestión de datos educativos
El debate sobre la LUPA coincide además con otra controversia en el ámbito educativo. Adelante Andalucía ha solicitado explicaciones a la Junta por el convenio firmado por la Consejería de Desarrollo Educativo con Google para el uso de su plataforma educativa, que afecta a datos de más de 700.000 alumnos y más de 43.000 docentes de 2.600 centros andaluces. La formación ha cuestionado la cesión de datos a una multinacional tecnológica y ha pedido aclaraciones sobre las garantías de protección y uso de esa información. La Junta, por su parte, ha defendido que el acuerdo cumple la normativa vigente en materia de protección de datos.
Con la aprobación en solitario de la LUPA, el Gobierno andaluz consolida una de sus principales reformas legislativas en materia universitaria. La norma sustituye al marco vigente desde 2013 y abre una nueva etapa en el sistema andaluz, marcada por la falta de consenso político y por un intenso debate sobre el equilibrio entre universidad pública y privada, la financiación y la autonomía académica. Así, esta ley suma un hito en el desencuentro de las universidades públicas con el Gobierno de Moreno Bonilla, muy enquistado por el incumplimiento de la administración en materia de financiación.
