Justo en la jornada (1 de diciembre) que comienza el paro académico convocado por los estudiantes de la Universidad de Málaga por la infrafinanciación de las universidades públicas andaluzas, el portavoz de las diez universidades públicas de Andalucía y rector de la Universidad Pablo de Olavide, Paco Oliva, ha advertido en la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz de las consecuencias que los cambios introducidos por la Junta de Andalucía, de manera unilateral y sin consultar, en la Ley de Universidades Públicas (LUPA), que se está tramitando en el Parlamento, pondría en graves peligros a dichas entidades educativas superiores.

Así, en un contundente comunicado, las universidades han explicado que, "tras más de un año desde que las universidades emitieran un informe favorable al borrador inicial, el texto que llega a la Cámara incorpora cambios “sustanciales y no consensuados”, que podrían vulnerar la autonomía universitaria y contravenir la normativa estatal. Así, el propio Oliva ha reconocido que el borrador aprobado y negociado en 2024 "difiere" del texto que ahora se han vuelto a encontrar las universidades en "aspectos esenciales". Unos cambios que, según el rector de la Olavide, le obligan a "expresar" su "preocupación ante la Comisión".

Uno de los principales motivos de alarma, según las universidades, es la posible vulneración del derecho fundamental a la autonomía universitaria, reconocido en la Constitución Española y desarrollado por la LOSU. La nueva redacción de la LUPA incluye varios artículos que podrían suponer una injerencia directa de la administración autonómica en competencias exclusivas de las universidades.

Entre ellos, destaca la previsión de que la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente y del personal de administración deba ser aprobada mediante Orden de la Consejería. “Nunca antes la Junta ha intervenido en la configuración interna de nuestras plantillas, porque forma parte del núcleo esencial de la autonomía universitaria”, ha subrayado Oliva.

Igualmente, las universidades consideran restrictivo y poco democrático que el proyecto de ley fije un número máximo de integrantes para órganos colegiados como Claustro, Consejo de Gobierno, centros y departamentos, competencias que la LOSU reserva a los Estatutos de cada universidad.

En materia de contratación, las universidades rechazan la revisión semestral por parte de la Consejería de las causas de contratación del profesorado sustituto, así como la creación de figuras contractuales no contempladas en la LOSU.

Otro punto especialmente controvertido es la obligatoriedad de incorporar una figura de interventor externo perteneciente a cuerpos específicos de las Administraciones públicas. Según Oliva, “las universidades ya contamos con un sistema de control económico riguroso, independiente y sometido además al escrutinio de Consejos Sociales, auditorías externas y la Cámara de Cuentas”.

Por otra parte, ha señalado que el proyecto de ley atribuye a los Consejos Sociales funciones que exceden lo establecido en la normativa estatal, así como una mayor dependencia del Gobierno andaluz. Especial preocupación genera la nueva competencia para aprobar el Plan Plurianual de Financiación.

Asimismo, las instituciones académicas consideran necesario recuperar la referencia normativa a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, presente en borradores anteriores y eliminada del texto actual.

Respecto al tratamiento normativo que reciben las universidades privadas, Oliva ha exigido que los programas de becas financiados con fondos públicos se destinen exclusivamente al estudiantado de la pública, y que las universidades aún no constituidas cumplan todos los requisitos legales antes de iniciar su actividad.

Una ley sin financiación suficiente no es aplicable

En este sentido, Paco Oliva ha insistido en que la futura ley requiere una financiación adecuada para su aplicación real. “Si no se alcanza cuanto antes el 1% del PIB en financiación universitaria, como recoge la LOSU, muchas de las obligaciones que impone esta ley serán inviables. Una ley sin financiación está condenada a convertirse en papel mojado o, peor aún, a poner en riesgo la sostenibilidad del sistema público”.

En su conclusión, el representante de las universidades públicas ha reiterado que el objetivo común es contar con una norma sólida, estable y útil para el futuro del sistema universitario andaluz. “La ley que entre en vigor debe poder perdurar; para eso debe respetar la autonomía universitaria y ajustarse al marco estatal”. Por ello, el portavoz de las universidades ha instado a los grupos parlamentarios a que reconsideren los artículos conflictivos durante el trámite de enmiendas.