Este miércoles el Parlamento andaluz debate y aprobará definitivamente la Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA) impulsada por Moreno Bonilla. Lo hará, una vez más, a golpe de mayoría absoluta, ignorando a los rectores, despreciando a la comunidad universitaria y dando la espalda a miles de estudiantes y profesores que ven cómo la universidad pública andaluza se debilita mientras las privadas hacen negocio. No es una ley de modernización. Es una ley ideológica muy de derechas que consolida un modelo desigual y rompe la igualdad de oportunidades.
Bajo un discurso amable de calidad, excelencia y futuro, Moreno Bonilla utiliza la LUPA para asfixiar económicamente a las universidades públicas, limitar su autonomía y abrir aún más la puerta al chiringuito de las privadas. El resultado es claro: en la Andalucía del PP, estudiar una carrera universitaria dejará de ser un derecho ligado al mérito y pasará a ser un privilegio ligado al dinero.
La oposición frontal de los rectores a esta ley desmonta por completo el relato oficial de la Junta. No hablamos de una crítica partidista, sino de la voz autorizada de quienes gestionan día a día las universidades públicas andaluzas. El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha advertido de que la LUPA se sitúa “en el límite de la inconstitucionalidad”, por vulnerar la autonomía universitaria recogida en la Constitución y en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Una advertencia grave que el Gobierno de Moreno Bonilla ha decidido ignorar.
A esta preocupación se han sumado en los últimos días nuevas voces. La recién elegida rectora de la Universidad de Sevilla ha sido clara: faltan recursos económicos para sostener el sistema universitario público. No es una opinión aislada ni una novedad. Es la constatación de una realidad que venimos denunciando desde hace años y que ahora se agrava con una ley que impone más obligaciones, más controles y más exigencias sin garantizar la financiación necesaria para cumplirlas.
Los rectores alertan de una injerencia política injustificada en la organización interna, la contratación del profesorado y la planificación de plazas docentes. La LUPA traslada a la Junta decisiones que son competencia exclusiva de las universidades, imponiendo revisiones y autorizaciones que solo generan más burocracia y menos capacidad de gestión. Todo ello mientras se recorta la autonomía universitaria y se cuestiona su capacidad para decidir sobre su propio personal y su modelo académico.
La financiación es, una vez más, el gran agujero negro de la política universitaria del PP. Desde que Moreno Bonilla llegó al Palacio de San Telmo, las universidades públicas han sufrido recortes encubiertos y una infrafinanciación crónica que no se corrige con titulares ni con propaganda. Lo hemos escrito en numerosas ocasiones: el aumento nominal de los presupuestos no compensa ni la inflación acumulada, ni el crecimiento del alumnado, ni las nuevas exigencias normativas. En términos reales, las universidades públicas andaluzas tienen hoy menos capacidad que hace una década.
El PSOE de Andalucía lo deja muy claro: la LUPA no blinda un modelo de financiación suficiente, estable y finalista para el sistema universitario público. En cambio, normaliza y facilita la expansión de universidades privadas, rebajando los requisitos de calidad y control público. Se consolida así un sistema dual profundamente injusto, donde la pública pierde capacidad de absorber la demanda social y la privada se convierte en una vía alternativa para quien puede pagar.
Uno de los ejemplos más claros de esta desigualdad es la exigencia del nivel B2 de idiomas. Los rectores han advertido de que imponer este requisito sin un potente sistema de becas es una medida claramente discriminatoria. Las ayudas para la acreditación lingüística llevan cuatro años congeladas, con apenas 200.000 euros anuales para diez universidades públicas. En la práctica, unos 20.000 euros por universidad. Una cantidad ridícula que pone en riesgo la graduación de miles de estudiantes con menos recursos.
Mientras tanto, las universidades privadas siguen creciendo al calor del favor político. En Andalucía, estudiar un grado en una universidad privada cuesta entre 9.000 y 14.000 euros al año. Carreras como Medicina, Enfermería o algunas ingenierías superan con facilidad los 60.000 euros en el conjunto del grado. Miles de familias andaluzas sacrifican los ahorros de toda una vida o se endeudan para que sus hijos puedan tener una titulación universitaria. No por elección, sino porque la universidad pública no tiene plazas suficientes o porque las notas de corte son inalcanzables.
Ese es el modelo que impulsa Moreno Bonilla: una universidad para quien pueda pagarla. Como ha denunciado el portavoz socialista en materia de universidades, Antonio Ruiz Sánchez: “Estamos ante una ley que otorga nuevos derechos a las universidades privadas, recorta la autonomía de las universidades públicas y no les garantiza una financiación adecuada”, Ruiz ha recordado que el PSOE votará en contra de una ley “asimétrica y clientelar”, que exige mucho en investigación y transparencia a las universidades públicas para obtener ingresos extra, mientas que el nivel de exigencia a las privadas en investigación es escaso y, en transparencia casi nulo, conduciendo un modelo de universidad privada como mera fábrica de expedición de títulos.
Nada de esto es casual. Moreno Bonilla es un alumno aventajado de Isabel Díaz Ayuso y está copiando sin disimulo su modelo universitario. En Madrid, la ofensiva contra la universidad pública es abierta: recortes, desprestigio y asfixia económica, mientras se impulsa un negocio privado cada vez más poderoso. Ayuso, como Trump en Estados Unidos, entiende que la universidad es un espacio de pensamiento crítico y libertad, y por eso la combate.
Andalucía avanza peligrosamente por ese mismo camino. La LUPA limita la autonomía universitaria, rebaja el listón a las privadas y abre la puerta a que incluso puedan recibir fondos públicos sin asumir compromisos reales en investigación, transferencia o transparencia. Los rectores lo han dicho con claridad: esta ley invade competencias, cuestiona la legalidad vigente y no responde a las necesidades reales del sistema universitario andaluz.
Frente a este modelo, el PSOE de Andalucía ha defendido enmiendas para blindar la financiación, reforzar el control público, garantizar becas suficientes, proteger al estudiantado y preservar la autonomía universitaria. La mayoría han sido rechazadas por el PP, evidenciando su voluntad de imponer un modelo cerrado, ideologizado y profundamente regresivo.
Hoy, con el rodillo parlamentario de Moreno Bonilla, se consuma una ley que debilita uno de los principales ascensores sociales de Andalucía. Una ley que lanza un mensaje devastador: en esta tierra, el futuro universitario dependerá cada vez más del dinero y cada vez menos del esfuerzo. Y eso, sencillamente, no lo podemos aceptar.
