La Universidad de Almería no puede pagar a todo su personal. Así, sin rodeos. No es ninguna exageración. Es una realidad administrativa reconocida por la propia institución. Cuando una universidad pública se ve obligada a declarar oficialmente que no dispone de fondos para abonar complementos salariales ya reconocidos por ley, algo muy grave está ocurriendo en el sistema universitario andaluz.
Lo sucedido en Almería no es un hecho aislado ni un problema de mala gestión local. Es la consecuencia directa de una política deliberada de asfixia financiera por parte de Moreno Bonilla. Una estrategia que debilita a las universidades públicas mientras, en paralelo, se despliega una alfombra roja para la expansión de universidades privadas en Andalucía.
La Universidad de Almería ha tenido que emitir dos resoluciones de urgencia, firmadas por su rector, José Joaquín Céspedes, en las que reconoce oficialmente la deuda que mantiene con su Personal Docente e Investigador (PDI) y con el Personal Técnico, de Gestión y Administración y Servicios (PTGAS). El objetivo de estas resoluciones no es pagar —porque no puede—, sino evitar que los trabajadores pierdan legalmente su derecho a cobrar esos complementos retributivos correspondientes a 2024 por culpa de los impagos de la Junta de Andalucía.
En términos jurídicos, la universidad ha tenido que acogerse a una fórmula excepcional: el reconocimiento de deuda para “interrumpir la prescripción”. En términos políticos, esto tiene otro nombre mucho más claro: quiebra técnica provocada por la infrafinanciación autonómica. La Junta reconoció esos complementos por decreto, pero no transfirió el dinero necesario para hacerlos efectivos.
En el caso del profesorado, los complementos salariales están vinculados a méritos docentes e investigadores y regulados por normativas aprobadas por la propia Junta desde 2024. Sin embargo, la Universidad de Almería depende totalmente de que la administración autonómica cumpla el compromiso firmado en abril de 2025 para transferir los fondos necesarios. Compromiso que, a día de hoy, no se ha materializado.
La situación es todavía más delicada para el PTGAS. A este colectivo se le adeuda el 50% restante del quinto tramo de productividad, pendiente desde 2018 y teóricamente desbloqueado con el acuerdo de carrera horizontal de junio de 2024. La falta de dotación económica ha impedido su pago, y dado que el plazo de prescripción para el personal laboral es de apenas un año, el riesgo de perder el derecho al cobro era inminente. De ahí la urgencia del reconocimiento de deuda.
Este escenario no se explica sin un dato clave: la Universidad de Almería es la peor financiada de toda Andalucía. En 2023 recibió 7.803 euros por estudiante, muy por debajo de la media andaluza (8.708 euros) y aún más lejos de la media nacional (9.397 euros). Con más de 13.000 estudiantes, esta diferencia supone entre 12 y 21 millones de euros menos al año respecto a lo que le correspondería si estuviera financiada en condiciones similares.
No es extraño, por tanto, que hace apenas un mes los estudiantes de la UAL salieran a la calle. El paro académico convocado por el Consejo de Estudiantes no fue simbólico ni marginal. Denunciaron una infrafinanciación crónica que afecta directamente a la calidad de la docencia, a los servicios universitarios, a las becas, a los programas Erasmus y a la renovación de infraestructuras. También protestaron por haber sido excluidos de la redacción de la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA).
Los estudiantes fueron claros: la falta de recursos tiene consecuencias reales en su día a día. Comedores más caros, menos profesorado, menos actividades culturales, menos oportunidades. Y, sobre todo, un futuro cada vez más incierto para quienes dependen de la universidad pública como ascensor social.
Lo que ocurre en Almería encaja perfectamente en el contexto general que vienen denunciando los rectores de las universidades públicas andaluzas. A finales de 2024 y durante 2025, han advertido reiteradamente que la Junta está incumpliendo su propio modelo de financiación aprobado en 2023. En concreto, no se ha respetado la cláusula de salvaguarda que obliga a garantizar al menos el 100% de la financiación del año anterior más el incremento salarial del sector público.
El resultado es demoledor: el reparto presupuestario de 2025, cifrado en 1.775 millones de euros, ha sido rechazado por la mayoría de los rectores porque no alcanza ni para pagar las nóminas. A ello se suma la no inclusión de los 16 millones adicionales comprometidos públicamente por Moreno Bonilla en la apertura del curso universitario. Un incumplimiento explícito que ha colmado la paciencia de las universidades.
Desde 2019, las universidades públicas andaluzas acumulan una pérdida cercana a los 200 millones de euros en financiación básica. Muchas han tenido que tirar de remanentes para sobrevivir, comprometiendo su viabilidad futura. Mientras tanto, el plan de infraestructuras universitarias se ha reducido a menos de la mitad de lo anunciado.
Todo esto sucede mientras la Junta de Andalucía impulsa cuatro nuevas universidades privadas en apenas dos años, cinco si se incluye la llegada de la Universidad de Comillas a Sevilla. Andalucía se ha convertido en uno de los territorios más atractivos para el negocio universitario privado, con titulaciones rentables y matrículas que oscilan entre 10.000 y 25.000 euros por curso. ¿Cuántas familias andaluzas pueden permitírselo?
La estrategia es evidente: debilitar lo público para favorecer lo privado. Copiar el modelo de Ayuso en Madrid, donde la universidad pública sobrevive asfixiada mientras proliferan los campus privados. No es una casualidad ni una deriva técnica: es una decisión política.
La universidad pública no es un gasto, es una inversión. Numerosos estudios demuestran que por cada euro invertido genera entre cinco y siete euros de retorno social. Desfinanciarla empobrece a Andalucía educativa, científica, cultural y económicamente. Y rompe la igualdad de oportunidades.
Mientras hay dinero para bajar impuestos a los más ricos, para sanidad privada o para privilegios de altos cargos, se niega lo imprescindible a las universidades públicas. El caso de la Universidad de Almería, obligada a reconocer deudas porque la Junta no cumple, es una señal de alarma que no debería ignorarse. Cuando una universidad no puede pagar a su personal, no falla la universidad. Falla Moreno Bonilla.
