El considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, se encuentra negociando con la Fiscalía de cara al juicio por la financiación ilegal del Partido Popular de Valencia que empieza este 15 de enero. En un escrito dirigido al juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que les ofrece El Plural, Correa reconoce todos los delitos de los que le acusa la Fiscalía y deja en una situación complicada al PP valenciano y a sus socios. 

“Expreso en este escrito mi voluntad de esclarecer los mismos colaborando con el Ilmo. Juzgado y la Ilma. Fiscalía, al tiempo que solicito que me sean acogidos los beneficios legales que ello conlleva, a partir de la aplicación de las oportunas atenuantes penológicas”, dice Correa. 

En el escrito reconoce que creó la empresa Orange Market para trabajar con el PP de Valencia después de que Álvaro Pérez alias El Bigotes contactara con la formación gracias a Francisco Camps. Y que cobraban al PP de Valencia “de tres maneras: mediante facturas correctas; mediante pagos en “b” y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas”. 

“El dinero “b” de Valencia se trasladaba a Madrid. Existía una caja “b” que la controlaba yo. A través de ésta fue como Álvaro Pérez cobró durante un tiempo en “b” hasta que se solucionaron sus problemas fiscales”, añade Correa en su escrito al juzgado. Correa, o cómo montar una red corrupta para defraudar -él solo-, 119 millones de euros

El cabecilla de Gürtel deja vendido a Ramon Blanco Balín, el amigo de José María Aznar considerado el blanqueador de la trama. Según Correa, Orange Market pasó a ser controlada por José Ramón Blanco Balín a través de la mercantil Hator consulting SL”. “Blanco Balín se ocupó de la contabilidad y de la fiscalidad de la empresa. Entiendo que la ocultación de ingresos y la creación de facturas ficticias de gastos las realizaría él o una persona a su cargo. Yo nunca me ocupé de las declaraciones tributarias”, señala.

Correa también admite que, al saber que estaba siendo investigado, encargó a un empleado que ocultara información relevante en “un piso que yo alquilé en la calle General Martinez Campos”. Y que utilizaba para comunicarse dos teléfonos que no estaban a su nombre, sino al de un amigo al que recompensaba “mis abonos para acudir al fútbol en el estadio Vicente Calderón”.