La convocatoria anticipada de las elecciones de Cataluña ha dinamitado mucho más que el Gobierno de la Generalitat. Pere Aragonés ha fechado los comicios para el 12 de mayo después de no conseguir sacar adelante las cuentas de la autonomía y María Jesús Montero ha tirado la toalla. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha renunciado oficialmente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, pese a que escasas horas antes del anuncio del líder catalán se mostraba optimista y entregada con las negociaciones en torno a la cuestión.
Las relaciones entre independentistas y Gobierno atravesaban su mejor momento, con la aprobación este jueves de la ley de Amnistía, y los Presupuestos eran la siguiente parada de la negociación constante; sin embargo, Montero considera que dar por perdido el proyecto "es lo sensato”. “Están prorrogados actualmente y la realidad indica claramente que tenemos que aprovechar todo un trabajo técnico impresionante y las conversaciones fluidas y de preacuerdos con la mayoría de formaciones que son un punto de partida importante para el proyecto del 2025 y tener los mejores presupuestos de nuestra historia”, ha defendido la ministra en Cadena Ser.
Los tiempos ya iban muy retrasados y la convocatoria electoral no ha hecho más que certificar una muerte anunciada. Montero lo veía venir y ya trabajada simultáneamente en los Presupuestos para 2025, para los que ya ha alcanzado preacuerdos con algunas formaciones políticas. Este año continuará con las cuentas prorrogadas de 2023, como lleva haciendo desde que comenzó el año, y los partidos se centrarán en las dos próximas elecciones, vascas (21 de abril) y catalanas (12 de mayo). Las damnificadas serán múltiples medidas que tendrán que buscar nuevas vías para ver la luz.
¿Qué medidas caen con los Presupuestos?
Las cuentas catalanas han caído y han provocado un efecto dominó que ha tumbado el Gobierno de Esquerra Republicana de Cataluña y los Presupuestos nacionales. La falta de una hoja de ruta económica actualizada perjudicará a todo el país, pero especialmente al territorio catalán. La condonación de la deuda autonómica, principal exigencia independentista para el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, podría no ver la luz. Costó mucho a PSOE y ERC alcanzar un acuerdo para la reducción del 20% de la deuda, extensible a todas las autonomías, y los PGE eran la vía adecuada para acometerla.
Montero ya había comenzado a negociar con todas las comunidades autónomas y preparaba las transferencias extraordinarias con las que el Estado asumiría parte de la deuda de los territorios con la pretensión de que las administraciones regionales ganasen “autonomía financiera” y pudieran acceder a los mercados con “absoluta libertad”. El margen de actuación ahora será menor y, con la senda de déficit tumbada por el Partito Popular (PP) en el Senado, los objetivos de deuda y déficit serán más exigentes y restrictivos, dejando menos espacio al gasto público.
Las cuentas no estarán actualizadas ni para el Estado ni para las autonomías, que tendrán que ajustarse a la financiación del 2023, pero no serán las únicas damnificadas. La eliminación de la coletilla “extraordinario” del impuesto a la banca y las energéticas también se iba a certificar en los Presupuestos. Sumar y el PSOE habían alcanzando un acuerdo para consolidar el gravamen a las energéticas, contentando a PNV con beneficios fiscales para empresas inversoras, y los magentas preveían hacer lo mismo con el de la banca, vía enmienda a los PGE. Ahora, nada de esto sucederá.
Hacienda tendrá que ponerse manos a la obra para encontrar rápidamente una fórmula que establezca como permanentes estos tributos pues, de lo contrario, decaerían con la entrada de 2025. Mientras, los tribunales siguen dilucidando la legalidad de los impuestos, reclamados por múltiples compañías, y el margen se estrecha para el Ejecutivo de coalición. A esto se suma el cumplimiento del compromiso del 3% de déficit asumido con la Comisión Europea, que ha recuperado las reglas fiscales y los tiempos de exigencias.
La eterna inversión en vivienda pública, que ya no conoce cuantos miles de inmuebles se han prometido, tampoco se hará efectiva en esta ocasión. Además, para disgusto de la OTAN y de los aliados europeos beligerantes, el aumento del gasto en Defensa previsto tampoco se producirá. España se había comprometido con terceros países a elevar el peso del presupuesto de defensa sobre el Producto Interior Bruto (PIB), hasta alcanzar el famoso 2% en 2029. Aún quedan años por delante, pero lo atrevido del objetivo requería comenzar cuanto antes, a poder ser este 2024, a aumentar el presupuesto.
