El Partido Popular (PP) ha tumbado por segunda vez en un mes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de los subsectores en periodo 2024-2026. Los conservadores no han dudado en perjudicar a todas las autonomías, incluidas las once en las que gobiernan, a cambio de dificultar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al Gobierno de coalición.  La conocida como senda de déficit, calve para las cuentas de las CCAA y los Ayuntamientos, ha decaído definitivamente por el veto del PP en el Senado.

"Hoy el Senado cierra las puertas al abuso de poder y se pone al lado de los españoles diciendo no, por segunda vez, a su objetivo de estabilidad. Han tropezado con la primera piedra en el camino de los Presupuestos", ha presumido Eva Ortiz, senadora del PP. Las administraciones locales y autonómicas tendrán menos margen de gasto público, pero la conservadora no ha hecho ninguna mención al respecto en su discurso en la Cámara Alta. Sin embargo, si ha habido espacio para el caso Koldo, que nada tenía que ver con la materia que se estaba abordando en la sesión.

“Los votos del PP no están en venta y ustedes parecen que han comprado de todo, incluso mascarillas falsas”, ha espetado Ortiz, que ha dedicado gran parte de su intervención a atacar a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al Gobierno. “Nadie mejor que usted para dirigir el departamento en el Gobierno de las comisiones”, ha cargado. Finalmente, ha pedido la disolución del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones tras decaer una senda aprobada en el Congreso y tumbada por el PP en el Senado.

¿Qué significa la caída de la senda?

Más allá de los reproches políticos, lo cierto es que la actuación de los de Alberto Núñez Feijóo perjudicará sustancialmente a los gobiernos autonómicos, a los consorcios locales y, en última instancia, a la ciudadanía. España había pactado con Bruselas la readaptación de la reducción progresiva del déficit público, comprometiéndose a situarlo en el 3% en 2024 y pasando al 2,7% y el 2,5% en los dos cursos siguientes. Esta relajación de la exigencia beneficiaba también a otras administraciones.

Las Comunidades Autónomas contaban con un objetivo del 0,1% en 2024, en busca de la estabilidad presupuestaria en los dos cursos siguientes. Por su parte, los Ayuntamientos habrían tenido que mantener la estabilidad durante los tres años, en vez de buscar el superávit. Ahora, al decaer el planteamiento del Ejecutivo, las CCAA tendrán que atender al equilibrio, en vez de a una décima de déficit, y los Ayuntamientos se regirán por dos décimas de superávit, no por el equilibrio presupuestario. Esto significará una pérdida de 5.000 millones de euros para los territorios.

La nueva ruta obligará a algunos gobiernos a recortar en inversiones públicas, como es el caso de Andalucía, donde Juanma Moreno Bonilla ya había conseguido aprobar sus cuentas para 2024 con la nueva senda. La Junta sacó adelante sus presupuestos con mayoría absoluta y en ellas contempla un déficit del 0,1%. Ahora, con el veto del PP nacional del que han formado parte senadores andaluces, el ejecutivo autonómico estaría obligado a realizar un ajuste de 200 millones de euros para adaptarse al 0% de las reglas anteriores.

Montero asegura que habrá Presupuestos

El bloqueo del PP no impedirá que haya Presupuestos para este año. Así lo asegura la ministra de Hacienda, que asegura contar con un as en la manga. "Quiero dejar muy claro en esta tribuna que el Gobierno va a presentar su proyecto de Presupuestos para 2024 y lo va a remitir a las Cortes Generales", ha garantizado Montero. La también vicepresidenta asegura que no es necesario contar con una nueva senda de déficit y se agarra a la remitida a Bruselas en abril para poder diseñar las cuentas para este curso.

Posteriormente, fuentes del PSOE han hecho balance de la traducción que supone a hechos prácticos la negativa del PP en esta votación: "Una pérdida de casi 1.500 millones de euros para las comunidades autónomas, un montante que asciende a alrededor de 5.000 millones si sumamos lo que perderán los ayuntamientos. Es un dinero que podrían invertir en Educación o Sanidad", han remarcado. Ejemplificando con algunas de las comunidades autónomas, los socialistas han señalado que "para la Comunidad de Madrid supondrá un perjuicio de más de 284 millones de euros, siendo de 277 millones para Cataluña o de 195 para Andalucía. (...) ¿Están de acuerdo con esto Moreno Bonilla o Díaz Ayuso?", se han preguntado. 

El PP niega que esto sea posible, pero Hacienda se agarra a un informe de la Abogacía del Estado que, según defienden desde el Ministerio, posibilitan esta actuación. El Gobierno acumula ya mucho retraso para la definición de unos Presupuestos que suelen prepararse en otoño del año precedente. No obstante, Montero no piensa ceder y desde todos los flancos del Ejecutivo aseguran que las cuentas se están negociando y llegarán. Las negociaciones entres las diferentes fuerzas políticas, incluidos los socios, para conseguir una mayoría parlamentaria llevan tiempo desarrollándose, pero habrá que esperar para conocer si, definitivamente, 2024 cuenta con Presupuestos propios.

 

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