El Gobierno continúa empeñado en sacar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 a tiempo. La Orden Ministerial que daba comienzo al proceso vio la luz hace casi tres semanas y este martes el Consejo de Ministros ha dado el segundo paso aprobando el techo de gasto, que se situará en los 199.120 millones de euros (incluidos los fondos europeos), un 0,5% más que en 2023, y los objetivos de estabilidad que presentará a las Cámaras. El déficit público contemplado seguirá la senda pactada con Bruselas y se reducirá al 3% en 2024, pasando al 2,7% y el 2,5% en los dos cursos siguientes.
“Este Gobierno se guiará por el rigor en las cuentas públicas, la prudencia a la hora de presupuestar y el compromiso con la consolidación fiscal”, ha trasladado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, dejando margen para “prorrogar alguna de las medidas excepcionales”. "Es compatible la reducción de déficit público con la apuesta nítida por mejorar el Estado del Bienestar y ser capaces de establecer un escudo social que permita a los ciudadanos tener instrumentos hasta en las peores situaciones posibles”, ha asegurado la también vicepresidenta.
La definición del techo es “un trámite previo, indispensable, para poder aprobar, formular y llevar al Congreso unas nuevas cuentas que continúen en la senda de progreso, modernización, apoyo al tejido productivo, pero sobre todo de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”, ha explicado Montero. Sobre los objetivos de reducción de déficit, la ministra ha garantizado que "España cumplirá con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea". Además, los objetivos propuestos son muy generosos con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas cuentan con dos décimas extra de margen de gasto para 2024 en comparación con el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas. También los Ayuntamientos disfrutarán de más flexibilidad, pasando de la pretensión de superávit al equilibrio presupuestario. Ambos subsectores contarán con una financiación récord para el próximo año, 28.557 millones, un 22,6% más que en 2023, y la Administración del Estado asumirá el desfase presupuestario. Con estas condiciones, el Ejecutivo espera que el PP no boicoteé los presupuestos, al ser estos beneficiarios para sus gobiernos autonómico y locales.
Pese a la petición de Montero, será en su desembarco en las Cortes Generales cuando empiecen los problemas. "Tengo que esperar que, al tener unos objetivos de estabilidad con mayor capacidad de gasto para las administraciones territoriales, gobernadas en una gran mayoría por el Partido Popular, el PP no se va a oponer en el Senado a estos objetivos de estabilidad que son buenos para los ayuntamientos y autonomías donde gobiernan", ha finalizado Montero
Procedimiento y veto del PP en el Senado
El límite de gasto no financiero que no pueden superar las administraciones públicas viene de la mano de los objetivos de estabilidad, que deberán ser aprobados por el Congreso de los Diputados y por el Senado debido a la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada por el Partido Popular (PP) en 2012. El Gobierno de coalición se encontrará el escollo en la Cámara Alta, donde los conservadores cuentan con mayoría absoluta y podrían vetar el nuevo techo de gasto.
Los objetivos de estabilidad están alineados con las reglas fiscales europeas que retornan en 2024, aspecto que obvia la organización encabezada por Alberto Núñez Feijóo, más preocupada en boicotear la nueva legislatura que en la buena marcha económica del país. No sería la primera vez que el PP, resignado, tumba el techo de gasto. En 2018, después de la moción de censura que acabó con el mandato de Rajoy, la estrategia fue la misma.
No obstante, no es necesario contar con un nuevo límite de gasto no financiero, aunque la recuperación de las reglas fiscales de los Veintisiete lo hace más necesario que nunca. El Gobierno se guarda un as bajo la maga, en forma de informe jurídico, para puentear a las derechas. Así lo ha anunciado Montero, encargada de desarrollar los PGE.
El informe realizado por la Abogacía del Estado recoge la posibilidad del Ejecutivo de acudir hasta en dos ocasiones a las dos Cámaras, con máxima separación de un mes entre ambas, para recibir el visto bueno a los objetivos de estabilidad de los próximos tres años. De no conseguirse la aprobación, los Presupuestos se basarán en lo contemplado en el plan remitido a Bruselas, que reconoció el proyecto español como uno de los pocos “coherentes” y “en consonancia” con las reglas.
"Esto es lo que dice el informe jurídico que tiene el Ministerio de Hacienda desde hace ya tiempo y es lo que me llevaba, cada vez que me han preguntado, a afirmar que sí o sí habrá proyecto de presupuestos", adelantaba la titular de Hacienda este lunes.
