La Real Academia Española (RAE) define estratégico como “de importancia decisiva para el desarrollo de algo” en una de sus acepciones. Más allá de la definición plasmada en el diccionario, el calificativo de estratégico ha entrado de lleno en el argumentario del Gobierno en el último año, especialmente a la hora de justificar cierto control o seguro para proteger a las empresas españolas. El último caso es el de Talgo, también el más conflictivo, pero no ha sido el único. Mes tras mes, desde septiembre del año pasado, han ido pasando por el calificativo "estratégico" empresas tan dispares como Telefónica, Naturgy o Banco Sabadell. Todas ellas con un punto en común: para el Ejecutivo son claves para el buen funcionamiento de la economía española.
Talgo, Telefónica, Naturgy o Banco Sabadell, más allá de sus similitudes o diferencias, coinciden en un punto común: son claves y "estratégicas" para el Gobierno y para la economía nacional. Talgo desde el punto de vista industrial, especialmente en la expansión del sector ferroviario. Telefónica como clave en las telecomunicaciones nacionales, protagonista del último año por la irrupción sorpresa de capital saudí en septiembre del año pasado. Naturgy, por su parte, es uno de los principales suministradores y comercializadores de energía y también, en los últimos meses, se ha visto inmersa en un intento de cambios en el accionariado, pausado por el momento. Y por último, Banco Sabadell, protagonista de una opa "hostil" por parte de BBVA. Un movimiento que ha revolucionado el sector financiero en los últimos meses.
Más allá del revuelo provocado en cada una de estas empresas, y por ende de su sector, el Ejecutivo ha dejado constancia en todo momento del papel de "protector" de los intereses estratégicos de las empresas españolas, protegiéndolas de la intervención extranjera gracias al escudo antiopas, aprobado en plena pandemia y actualizado después en Consejo de Ministros en julio de 2023.
A través de varias voces, y de varios mensajes según el caso concreto, en todo momento ha defendido mirar por la "autonomía estratégica" de estas compañías. Tanto que en Telefónica ha entrado con un 10% del capital a través de la SEPI, el vehículo inversor público dependiente del Ministerio de Hacienda, para hacer frente al 9,9% en manos del gigante saudí STC. También en Naturgy, ante la entrada de capital extranjero procedente de Arabia Saudí, el Ejecutivo mantuvo su argumentario protector de las empresas españolas.
Talgo, estratégica para el sector industrial
En esta línea, Talgo también ha sido calificada como empresa estratégica públicamente por varias voces del Ejecutivo. Sin embargo, en este caso los motivos no han sido esgrimidos de forma tan clara como sí ocurrió en el caso Telefónica, con la SEPI haciendo comunicaciones oficiales reiterando el carácter estratégico de la teleco. En el caso Talgo, el Gobierno ha vetado la opa del grupo húngaro Magyar Vagon por razones de "seguridad nacional" y "orden público" en base a un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el que, aparentemente, el CNI habría observado vínculos de la compañía con el gobierno de ultraderecha de Viktor Orban y también con el gobierno ruso de Vladimir Putin. Sin embargo, hasta el momento, el Ejecutivo ha calificado este informe como "información clasificada", por lo que no se conocen más detalles del estudio.
Más allá de la conclusión final del Ejecutivo, conocida esta misma semana, en los cinco meses que han transcurrido desde el anuncio de la opa húngara, el Gobierno ha reiterado en todo momento el carácter "estratégico" de Talgo como rol industrial, especialmente en el sector ferroviario, y más concretamente por su papel como suministrador de vehículos ferroviarios a Renfe, el operador público nacional. De hecho, es uno de los principales fabricantes de trenes que sirven a la compañía de nuevos trenes, con un pedido todavía pendiente de entregar.
¿En qué se basa entonces el Gobierno para considerar a una empresa estratégica? Pues bien, el argumentario para estos casos coinciden en la definición que da la RAE al adjetivo estratégico, “de importancia decisiva para el desarrollo de algo”. Telefónica, por ejemplo, es decisiva para mantener las telecomunicaciones a nivel nacional, no solo entre los ciudadanos particulares, sino también entre grandes empresas y administraciones públicas. Asimismo, Talgo también podría ser considerada “de importancia decisiva para el desarrollo de algo” por el Gobierno en cuanto a los contratos con Renfe y por su papel en la industria española.
¿Qué dice la ley española sobre las empresas estratégicas?
Estas son las razones prácticas que, bajo el sentido común, dejarían claro el carácter estratégico de una empresa. Un sentido común que queda reforzado por la legislación vigente. Conocida en el sector es ya la actualización del escudo antiopas que el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2023, dos meses antes de que arrancara el culebrón Telefónica del año pasado, con el que el Gobierno se reservaba la última palabra para aprobar la entrada de capital extranjero en una empresa nacional considerada estratégica. Es la base legal que el Ejecutivo ha utilizado en todo momento para justificar su papel de control, o de escudo, para proteger la “españolidad” de Telefónica.
El escudo antiopas del Gobierno ha vuelto a la palestra en los últimos meses, esta vez con en el caso Talgo. Y es que esta ley incluye un supuesto en el que el Gobierno -en concreto el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa tras el traslado de competencias de comercio tras la marcha de Nadia Calviño a Europa- sería el responsable de proteger las inversiones en empresas españolas procedentes de empresas extranjeras “que estén controladas directa o indirectamente por el gobierno de un tercer país o se constate que existe un riesgo grave de que ejerza actividades delictivas o ilegales, que afecten a la seguridad pública, orden público o salud pública en España”.
Una de las informaciones más críticas frente a la opa de Magyar Vagon sobre el 100% de Talgo pasa por la relación de la compañía con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, e incluso con el presidente ruso, Vladimir Putin. Una relación que aparentemente habría constatado el CNI en el informe elaborado en los últimos meses para después trasladarse al Gobierno.
La última actualización del escudo antiopas, recogida en el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2023, mantiene así un equilibrio entre proteger a las empresas españolas de inversiones extranjeras mientras, en paralelo, facilita este tipo de inversión dentro de las fronteras españolas. Para ello, implica una serie de requisitos y supuestos que deben cumplir las empresas extranjeras para poder invertir y entrar en el capital de ciertas empresas españolas consideradas estratégicas.
Talgo, "infraestructura crítica"
En el caso de Talgo entra en juego también la importancia de equilibrar la balanza entre la protección de las empresas consideradas estratégicas y potenciar las inversiones extranjeras en el sector productivo nacional. Según el mismo escudo antiopas con el que el Gobierno ha protegido a Telefónica, también Talgo tiene un carácter estratégico por formar parte de las infraestructuras consideradas "críticas" para el buen funcionamiento de un país, en este caso a través de las comunicaciones ferroviarias.
La ley que regula las inversiones extranjeras en la economía española menciona literalmente la necesidad de “obtener autorización administrativa previa” para las inversiones extranjeras consideradas “directas” en España -como ha ocurrido con un resultado negativo para Magyar Vagon- en caso de que se trate de un inversor externo a la Unión Europea o que, bien siendo un inversor de un estado miembro como es el caso de Magyar Vagon, se cumpla alguna de las siguientes condiciones. Uno: que se trate de una inversión “en las infraestructuras críticas, las tecnologías críticas y de doble uso, el suministro de insumos fundamentales, aquellos con acceso a información sensible y los medios de comunicación”. Y es que Talgo forma parte de las infraestructuras críticas ferroviarias por ser uno de los principales fabricantes de los trenes, más allá del contrato que tiene pendiente entregar a Renfe.
Pero esta no es la única consideración que ha analizado el Gobierno, ya con el no sobre la mesa. El segundo supuesto pasa por el control o las relaciones de la compañía interesada en entrar en España. Literalmente el escudo antiopas menciona “que esté controlado directa o indirectamente por el gobierno de un tercer país o se constate que existe un riesgo grave de que ejerza actividades delictivas o ilegales, que afecten a la seguridad pública, orden público o salud pública en España, tal y como señala el apartado 3 del artículo 7bis” para pasar el trámite del Gobierno. Un supuesto que ha servido para analizar los riesgos en el caso Talgo y ante el que, efectivamente, el Ejecutivo parece haber encontrado indicios de riesgo para la "seguridad nacional".
El caso Talgo es la última pieza del puzzle de empresas estratégicas del Gobierno y parece ser también el más conflictivo o, al menos, el más complicado de resolver. Mientras que el Gobierno ha vetado la operación por motivos de "seguridad nacional" -sin conocerse por el momento el informe del CNI- los sindicatos reclaman un plan B para la compañía y Magyar Vagon, el interesado en hacerse con Talgo ya ha amenazado con recurrir el veto a la justicia española y europea. Es más, la opa ya recibió el visto bueno de más de 20 entidades financieras que analizaron la operación del grupo húngaro antes del Ejecutivo. Mientras tanto el Gobierno, concretamente Óscar Puente, ha anunciado dos nuevas reclamaciones a la compañía por el retraso en el pedido encargado por Renfe en una semana en la que Talgo se ha convertido en la nueva estratégica del Ejecutivo.
