La opa del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo va camino de convertirse en el nuevo caso Telefónica. De nuevo aquí entra en juego la importancia de equilibrar la balanza entre la protección de las empresas consideradas estratégicas y potenciar las inversiones extranjeras en el sector productivo nacional. Un equilibrio que depende del Gobierno central y, en última instancia, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ahora liderado por Carlos Cuerpo, que ha dejado claro en su opinión conjunta que, efectivamente, Talgo es una empresa estratégica desde el punto de vista del Ejecutivo.

Talgo es una empresa estratégica para el sector productivo nacional, no solo por ser el principal suministrador de trenes a Renfe, el operador público del sector ferroviario, sino por el papel que juega en el sector del transporte. La compañía forma parte de las infraestructuras consideradas críticas para el buen funcionamiento de un país, en este caso a través de las comunicaciones por vía ferroviaria. Al menos así lo refleja la actualización de la ley del escudo antiopas, actualizada el verano pasado en Consejo de Ministros, y clave a la hora de anticipar que podría ocurrir con la opa de Talgo.

Desde el Ejecutivo llaman a la prudencia y calma hasta que se produzca el paso imprescindible para tener que pronunciarse sobre el traspaso del negocio de Talgo al operador húngaro Magyar Vagon. Y es que el Gobierno no tiene por qué dar su visto bueno -o no darlo- hasta que el interesado en Talgo presente una autorización formal al Ejecutivo -esa que todavía tiene que presentar la teleco árabe STC para hacerse con el 9,9% del capital de Telefónica- y que será analizada en conjunto en el Consejo de Ministros correspondiente.

En una operación parecida, con diferencias frente al caso Telefónica, el Gobierno apuesta por mantener la españolidad de una empresa considerada estratégica pero siempre sin poner en peligro las inversiones extranjeras. La última palabra aquí la tiene el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo que, tras el traspaso de las competencias de la cartera de Comercio -antes en el departamento de Industria-, es el último responsable en alcanzar este equilibrio a la hora de aprobar, o no, la oferta pública de adquisición (opa) del 100% de las acciones de Talgo por parte del grupo húngaro.

¿Qué dice exactamente la ley?

La ley que regula las inversiones extranjeras en la economía española menciona literalmente la necesidad de “obtener autorización administrativa previa” para las inversiones extranjeras “directas” en España en caso de que se trate de un inversor externo a la Unión Europea o bien, siendo un Estado miembro como es el caso, se cumpla alguna de las siguientes condiciones. Uno: que se trate de una inversión “en las infraestructuras críticas, las tecnologías críticas y de doble uso, el suministro de insumos fundamentales, aquellos con acceso a información sensible y los medios de comunicación”. Aquí entraría el argumentario del Gobierno para decir que no a la opa de Talgo por considerarla una parte clave de las “infraestructuras críticas” del transporte ferroviario.

Pero no es la única consideración. El segundo supuesto pasa por el control o las relaciones de la compañía interesada en entrar en España. Literalmente la legislación actual menciona “que esté controlado directa o indirectamente por el gobierno de un tercer país o se constate que existe un riesgo grave de que ejerza actividades delictivas o ilegales, que afecten a la seguridad pública, orden público o salud pública en España, tal y como señala el apartado 3 del artículo 7bis”. Y es que una de las principales informaciones surgidas en los últimos días sobre la opa de Talgo aseguran que Magyar Vagon tiene relación con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, e incluso con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Con esto sobre la mesa, hay que esperar a que Magyar Vagon presente al Gobierno la correspondiente solicitud de autorización para que el Ejecutivo pueda dar su opinión sobre la operación, ya sea favorable o no al traspaso del negocio del fabricante de trenes a la compañía húngara. Por el momento, el Ejecutivo analiza “con todo detalle” la operación, presentada oficialmente la semana pasada a la CNMV por un precio de 619 millones de euros para hacerse con el total de la compañía tras los rumores constantes de que se produjera ese paso desde hace más de un mes. “El Gobierno trabaja a su vez para garantizar la estabilidad futura de Talgo. Y eso supone estar vigilante ante esta operación”, reiteran en este caso fuentes del Ministerio de Transportes.

Renfe reclama sus trenes Avril a Talgo

A todo esto, mientras se espera a que el grupo húngaro dé el siguiente paso, Renfe está pendiente de que el fabricante le entregue los trenes Avril en abril, tal y como estaba pactado. La compañía ferroviaria pública, dependiente del Ministerio de Transportes, ha reforzado la presión sobre el fabricante de trenes en las últimas horas para efectuar la entrega de los vehículos pendientes lo antes posible. Es más, la compañía ha aumentado su reclamación hasta los 167 millones de euros por el retraso de los trenes, 50 millones más frente a la reclamación anterior por los retrasos ya efectivos en la entrega del pedido a la empresa pública de transporte ferroviario.

"La documentación aportada hasta la fecha por Talgo no justifica que los retrasos en la entrega de los trenes objeto del contrato no sean atribuibles a Talgo. Nos sorprende, además, que Talgo no tenga elaborado el análisis que se requiere y que, adicionalmente, necesita noventa días para elaborarlo", lamenta Renfe en la carta enviada directamente a la cúpula de Talgo, publicada por algunos medios de comunicación en las últimas horas. Y es que Renfe tiene un contrato pendiente con el fabricante de trenes que espera cumplir en las próximas semanas, tal y como estaba pactado, sin meterse en el futuro de la compañía tras la opa formalizada por Magyar Vagon.