El Gobierno está aún a la espera de recibir la solicitud formal por parte de Saudi Telecom Company (STC) para hacerse con el 5% adicional de Telefónica que le llevaría a conseguir su objetivo del 9,9% del capital. A pesar de las informaciones publicadas en los últimos días, desde la vicepresidencia económica aseguran que no hay ningún cambio relevante con la formación del nuevo Gobierno con respecto a cualquier decisión que afecte a Telefónica. Ni tampoco tras el traspaso de las competencias de Comercio a la cartera de Nadia Calviño, ahora denominado Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La responsabilidad última, y el consiguiente visto bueno necesario para adquirir ese 5% adicional de Telefónica, sigue estando en manos del Ministerio de Defensa de Margarita Robles. En concreto, de la Dirección General de Armamento y Material, con el almirante Aniceto Rosique a la cabeza. Lo único que se ha traspasado con el cambio de carteras son las labores de estudio y valoraciones que emite la Junta de Inversiones Extranjeras (JINVEX), dependiente del departamento de Comercio. Un organismo que ha pasado de las manos de Héctor Gómez como responsable máximo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al nuevo Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con Nadia Calviño al mando, al menos hasta que se resuelva la candidatura a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la próxima reunión del Ecofin.

Con Calviño como vicepresidenta económica o no, es el Ministerio de Defensa quien debe recibir la solicitud de expediente formal de Saudi Telecom Company (STC) para hacerse con el 5% adicional que le falta para tener una participación del 9,9% en Telefónica. Y después tendrá que trasladarlo al nuevo Consejo de Ministros para tomar una decisión conjunta. Así lo aprobó el anterior Ejecutivo el pasado mes de julio, también con Calviño a la cabeza de la cúpula económica, y así lo contempla la actual ley de escudos antiopas, actualizada hace apenas unos meses tras lanzarse en plena pandemia de coronavirus.

Sin cambios en el BOE: Defensa tiene la última palabra

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el pasado 5 de julio deja claro que las solicitudes para adquirir más de un 5% del capital de una empresa considerada estratégica para la seguridad nacional “se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa”. Así sigue siendo tras el cambio de carteras y la inclusión de las competencias de Comercio, hasta ahora en la cartera de Gómez, en manos de Calviño. Es así por tratarse la teleco española de una empresa estratégica para la seguridad del Estado. Además de ser la mayor compañía del sector en cuota de mercado, Telefónica cuenta con importantes contratos y un papel clave en la sociedad con respecto a labores de ciberseguridad y autonomía estratégica.

El Gobierno ha dejado claro en todo momento, desde el mismo momento en que se conoció la irrupción sorpresa de STC en el capital de Telefónica, que su intención pasa por “mantener la autonomía estratégica” de la compañía. Un objetivo que pasa por asegurar su “españolidad” ante la entrada de capital extranjero y que el Ejecutivo pretende cumplir con una posible intervención estatal. Telefónica podría volver a tener participación pública en su capital -después de su privatización hace más de 20 años- después de la confirmación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de estar estudiando su entrada en la teleco de José María Álvarez-Pallete.

Algunas de las informaciones conocidas en las últimas semanas hablan concretamente de la compra de un 5% del capital de Telefónica con dinero público, a través de la SEPI. Un movimiento con el que el Ejecutivo podría cumplir su objetivo de proteger a la compañía como empresa histórica y estratégica para la sociedad. Desde el Gobierno no se pronuncian sobre los posibles movimientos que podría hacer el Ejecutivo en el capital de Telefónica y se emplazan a las declaraciones oficiales de sus miembros, con Calviño como máxima voz financiera del nuevo Gobierno.

Tampoco Telefónica y Saudi Telecom Company (STC), las verdaderas protagonistas de la operación, se pronuncian sobre los últimos movimientos del caso. Ni tampoco sobre qué pasará en el futuro. Desde la teleco dependiente del Gobierno saudí ni siquiera revelan la fecha en la que prevén enviar la solicitud al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez para poder avanzar en su camino y hacerse con el 9,9% anunciado a primeros de septiembre de Telefónica. No obstante, las últimas informaciones conocidas por ElPlural.com revelan que el plan de STC para hacerse con una participación mayoritaria de los saudís en Telefónica, por encima de la SEPI, BBVA o CaixaBank, habría tornado hacia el largo plazo. Algo así como un aparente cambio de idea que supondría que el capital saudí no representaría un 9,9% de Telefónica en los próximos meses, sino que podría ocurrir más tarde de lo previsto en el plan inicial.

Con todo, Telefónica ha presentado en las últimas semanas su plan estratégico para el periodo 2023-2026 bajo el nombre GPS, por las siglas en inglés de sus tres patas clave (Crecimiento, Rentabilidad y Sostenibilidad). Un plan que incluye una mejora del dividendo para sus accionistas, así como una mayor generación de caja que asciende hasta los 5.000 millones de euros.