La compra del 9,9% del capital de Telefónica por parte del gigante de las telecomunicaciones Saudi Telecom Company (STC), con participación del Gobierno de Arabia Saudí, ha protagonizado la vuelta al cole en el terreno empresarial nacional. Sin embargo, la operación que ha convertido al operador saudí como máximo accionista de Telefónica todavía tiene que pasar el visto bueno del Gobierno nacional, que debe aprobar la entrada en la teleco española en Consejo de Ministros. Pero, ¿qué puede hacer exactamente el Gobierno en medio de la operación entre Telefónica y Saudi Telecom?
El grupo de telecomunicaciones saudí ha efectuado su entrada en el capital de Telefónica a través de dos operaciones diferentes. En un primer momento, Saudi Telecom ha efectuado una primera compra del 4,9% de la cotizada española mediante la adquisición de acciones de su capital social. Una adquisición que ha completado después con la compra de instrumentos financieros que le confieren una exposición económica sobre otro 5% del capital social de Telefónica.
Esto supone, en detalle, que el operador saudí de telecomunicaciones obtendrá los derechos de voto correspondientes a este segundo 5%, a través de la liquidación física de dichos instrumentos financieros tras la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias para la operación. Autorizaciones que pasan por obtener el visto bueno del Gobierno, en funciones tras el resultado electoral del pasado 23 de julio, por tratarse la teleco de una “empresa estratégica”.
Desde las dos partes de la operación, tanto Telefónica como el grupo Saudi Telecom Company son conscientes de que la opinión del Ejecutivo es clave, y determinante, para cerrar la operación. El Gobierno ha dejado claro en todo momento, desde el anuncio de la operación, que Telefónica “no solo es una empresa emblemática”, sino “de carácter estratégico” para la sociedad española. Es aquí donde entra en juego el escudo antiopas que aprobó el Ejecutivo durante la pandemia para evitar la entrada de capital extranjero en empresas españolas consideradas estratégicas -energéticas o empresas de telecomunicaciones, por ejemplo- para asegurar su viabilidad y sus servicios a la sociedad.
¿En qué consiste el escudo antiopas del Gobierno?
El escudo antiopas aprobado durante la crisis sanitaria del coronavirus contempla que toda operación en la que un inversor extranjero compre, al menos, el 10% del capital de una cotizada española considerada estratégica necesita de la aprobación del Gobierno. La operación en cuestión -la compra del 9,9% del capital de Telefónica por parte de Saudi Telecom Company- deja, en un principio, fuera de efecto la herramienta del Ejecutivo para asegurar la autonomía estratégica nacional.
Sin embargo, hay un matiz en la actualización del escudo antiopas, aprobado a primeros de julio, hace apenas dos meses, en Consejo de Ministros pero recién estrenado ya que ha entrado en vigor este 1 de septiembre, apenas cuatro días antes del anuncio sorpresa de Saudi Telecom. El nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, se estrenaba con la actualización del escudo antiopas como una de sus primeras medidas tras sustituir a Reyes Maroto en el cargo, candidata a la alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de mayo.
El Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros el 4 de julio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente, refleja que, si se trata de una empresa estratégica con intereses en el ámbito de la defensa nacional, el límite para necesitar el ok del Ejecutivo se reduce hasta el 5%. Precisamente un 5% de Telefónica ha comprado Saudi Telecom como segundo paso de su entrada en el capital social.
Telefónica cuenta con importantes contratos con el Ministerio de Defensa en materia de ciberseguridad y defensa nacional. Es por eso por lo que altos cargos del Gobierno como la vicepresidenta económica y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño; la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, o el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ya han dejado claro que el Gobierno “está trabajando” para analizar la entrada de Saudi Telecom en el capital de Telefónica.
El matiz del BOE que podría dejar sin efecto al Gobierno
De nuevo hay un matiz en el BOE que podría dejar sin efecto al Gobierno. Se trata de la posibilidad de que Saudi Telecom no quiera tener derecho de voto en Telefónica ni un asiento en el consejo de administración. Es decir, que no quiera participar en la gestión de la compañía ni quiera ejercer ningún tipo de control, algo que la operadora saudí ha dejado claro desde las primeras frases del comunicado publicado a última hora del martes. “STC Group no tiene intención de adquirir control o participación mayoritaria en Telefónica”, reza textualmente el comunicado oficial de la compañía.
STC ha dejado claro que no quiere el control de Telefónica, a pesar de haberse convertido en su accionista principal con un solo movimiento de capital. Y tampoco adelantan nada sobre ocupar un asiento en el consejo de administración de Telefónica o si solicitarán derecho de voto en la cúpula de Telefónica. "Aún estamos en las primeras fases de nuestra inversión y confiamos en el actual equipo directivo de Telefónica, por lo que es demasiado pronto para hablar de estos asuntos”, replican fuentes de la compañía a ElPlural.com.
Ante esto, el Gobierno contempla el “requisito de autorización administrativa previa” en operaciones de tal calibre en casos como “la inversión en sociedades españolas cuando no alcancen el 5% del capital social de la sociedad española, siempre y cuando no permitan al inversor formar parte, directa o indirectamente, de su órgano de administración”, tal y como reza el BOE del 5 de julio con el escudo antiopas actualizado tras la pandemia. La petición del derecho de voto, y un asiento en el consejo, por parte de Saudi Telecom en Telefónica es entonces el hecho determinante para recibir el visto bueno del Gobierno, ya que, de no solicitarse, eliminaría también el control del Gobierno sobre la operación.
El artículo 18 del Real Decreto incluye otra excepción: “Cuando se haya alcanzado entre el 5 y el 10% del capital social, siempre y cuando el inversor notifique la operación a la Dirección General de Armamento y Material y a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones y acompañe dicha notificación de un documento en el que se comprometa fehacientemente en escritura pública a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada”. También en este caso el Gobierno tendría que estudiar a conciencia la operación ya que Saudi Telecom ha dejado claro por escrito, en su comunicado oficial, que no quiere el control de Telefónica pero, hasta el momento, no ha tomado una decisión sobre su entrada en el consejo de administración, máximo órgano de control de cualquier cotizada.
Desde el operador de telecomunicaciones saudí matizan que solo la compra del segundo 5% de Telefónica requiere de aprobación y confían en obtener el sí del Consejo de Ministros en los próximos meses. “Somos optimistas en cuanto a la obtención de dicha aprobación”, aseguran fuentes de la compañía. Un sí que esperan obtener en el primer trimestre de 2024, en menos de seis meses desde el anuncio de su entrada en el capital social de Telefónica. No obstante, el Real Decreto contempla que el plazo máximo del Gobierno para resolver la solicitud y notificar la resolución al interesado será de tres meses.
Tal y como explica el BOE en el siguiente apartado del artículo 18, las solicitudes de autorización para adquirir ese 5%, con el consiguiente derecho de voto en el consejo de Telefónica, se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. No obstante, su resolución posterior corresponderá al Consejo de Ministros, a propuesta siempre de dicha persona titular del Ministerio de Defensa y previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores.
El Gobierno mantiene conversaciones con ambas partes
En medio del revuelo provocado por la entrada del operador saudí en el capital de Telefónica, el Gobierno se ha puesto en marcha para analizar todos los detalles de la operación, con conversaciones con ambas partes, como ha podido conocer ElPlural.com. Desde Saudi Telecom recalcan la “voluntad de diálogo y cooperación” de la compañía ante lo que Telefónica ha calificado como “aproximación amistosa”. Por su parte, desde Asuntos Económicos llaman a la calma ante la avalancha de informaciones y aseguran estar analizando la operación en aras de encontrar un equilibrio entre la protección de la autonomía estratégica española y la inversión extranjera en las cotizadas del Ibex.
