La pandemia, a pesar de estar todavía activa, si presenta una mejoría de los datos que, día tras día, arroja. Es verdad que hasta el momento acumula cifras muy negativas y dramáticas, pero no lo es menos que, de igual modo, ha servido también para destapar aspectos positivos, como el de la importancia que el colectivo de enfermería tiene para el conjunto de la sanidad, en particular, la pública.

Parecía como si, hasta el momento de saltar la crisis sanitaria, la sociedad no fuera consciente del papel que los profesionales de enfermería desarrollan en todas las fases, etapas y especialidades sanitarias.

Sin embargo, el Covid-19 también ha permitido que la ciudadanía se haya percatado de dos aspectos relacionados. Por una parte, las carencias que presenta la sanidad pública en materia de personal a causa de los recortes por la crisis económica y las ansias privatizadoras de las que han hecho gala algunos dirigentes; por otra, las vicisitudes que acompañan a las enfermeras en lo que a escasez en número y precariedad laboral se refiere.

Galicia, tal y como han denunciado repetidamente y mucho antes de la pandemia, sindicatos y colectivos profesionales de enfermería, ocupa los últimas puestos a nivel estatal en este sentido. Cabe recordar que, en la actualidad, el Parlamento Europeo anunció hace algunos meses que continuará con el análisis de la situación que presentan las enfermeras gallegas.

Hasta los organismos comunitarios elevó este asunto un grupo de profesionales perteneciente a Enfermeiras Eventuais en Loita, que explicaron que los eurodiputados tomaron la decisión de seguir “investigando” lo que calificaron como condiciones de “precariedad laboral, incertidumbre y uso abusivo” de los contratos temporales por parte de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Sanidade, en alusión al dato de que más de 11.000 enfermeras están inscritas en las listas de contratación del Servizo Galego de Saúde.

Uno de los últimos casos que se han conocido sobre esta situación se ha dado en Ourense. Allí, el Sergas ha sido condenado a abonar a una enfermera los fines de semana porque solo la contrataba de lunes a viernes. El tema lo denunció el sindicato SATSE que ahora acaba de dar a conocer que la profesional ha ganado el caso en los tribunales, en una sentencia en la que habla el juez, incluso, de manera de actuar por parte de la administración regional “altamente reprobable”. Llueve sobre mojado porque el asunto sobre el que han dado la razón a esta enfermera relativo a los años 2015, 2016 y 2018, no es, ni mucho menos, único en Galicia.

Precisamente, el salario de este colectivo es uno de los caballos de batalla de las diferentes organizaciones sindicales y, en concreto, las diferencias que existen entre el sector de la enfermería gallega y el de otras Comunidades Autónomas.

De nuevo aquí, la Xunta no sale bien parada, tal y como denuncia SATSE cuyos responsables advierten con contundencia en un comunicado que no van a “tolerar más discriminaciones salariales” en esa comparativa.

Ahora mismo, las enfermeras de Galicia presentan unas remuneraciones en la atención de guardia localizada “entre un 20,95% y un 35% menos que en otras comunidades como Valencia o Andalucía respectivamente”.

En relación con esto, abogan por la necesidad de un “sistema sistema de localización de atención de enfermería” en el servicio gallego de salud, denunciando que, en algunos supuestos, las guardias localizadas se realizan entre las 15 horas y las 8 de la mañana del día siguiente.

A pesar de la disposición necesaria por parte del colectivo de enfermeras, el Sergas retribuye la hora de localización de guardia a 5,44 euros, un coste que es discriminatorio con, por ejemplo, las regiones citadas anteriormente.

La conclusión de SATSE es clara: estas retribuciones de la Xunta son “una ofensa”. Recuerdan que las enfermeras gallegas no escatiman esfuerzos y, mientras de la ciudadanía reciben “el reconocimiento y los aplausos”, de la administración gallega solo perciben el “menosprecio y la espalda”. Esta situación es “discriminatoria, economicista y responde a un abuso de poder”, por parte del Servicio Galego de Saúde.