La jueza del caso Casero, que investiga al diputado del PP y exalcalde de Trujillo, Alberto Casero, por un presunto delito de prevaricación continuada como ha contado ElPlural.com en exclusiva, ha decidido no elevar todavía una exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute a Casero. Por el contrario, lo que ha resuelto es instruir el procedimiento hasta que tenga material suficiente, más allá de la extensa denuncia de la Fiscalía contra el popular, para enviar el caso ante el Alto Tribunal.

Entre las diligencias que está practicando desde el pasado día 1 de diciembre, una de las más importantes ha sido tomar declaración al actual alcalde de esta localidad cacereña, el socialista José Antonio Redondo. Además, también le ha hecho un ofrecimiento de acciones a Redondo, por si el Consistorio quiere formar parte del procedimiento penal como acusación particular, pues el dinero utilizado por Casero para pagar los contratos públicos, presuntamente otorgados a dedo, era dinero del erario. Además, la magistrada también está citando a declarar como testigos a los diferentes funcionarios del Ayuntamiento de Trujillo que tuvieron alguna relación con esos contratos.

Según las fuentes consultadas por este periódico, la magistrada está esperando a tener toda la información necesaria para poder armar un buen escrito que, posteriormente, elevará al Tribunal Supremo. Esto es necesario puesto que ella no puede citar como imputado a Casero, ya que el diputado en el Congreso está aforado ante el Alto Tribunal.

Los contratos

En la denuncia de la Fiscalía se explicaba que Alberto Casero otorgó diversos contratos presuntamente a dedo. Entre las explicaciones que da la fiscal jefe en su denuncia se expone que, en un convenio firmado con la Cámara de Comercio de Perú “el investigado no informó a los servicios económicos ni jurídicos del ayuntamiento, ni aportó copia de dicho convenio a la Intervención, ni fue aprobado previamente ni en el pleno ni por resolución de alcaldía, como dispone la Ley 39/2015 del PAC de las administraciones públicas, respecto de la tramitación de los convenios, tampoco se sometió a información pública, ni se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)”.

Otro de los contratos, el firmado con un psicólogo para que atendiera a mujeres maltratadas, es incluso más grosero todavía, ya que afirma el Ministerio Público que se abonaron 25.000 euros sin que “conste que realizara efectivamente los servicios por los que presentó factura desde julio hasta octubre, porque las actividades de violencia de género se canalizaban a través de la Comisión de Violencia de Género, a la que no le consta ninguna actuación”.