El Tribunal Supremo no ha dudado en enmendarle la plana a la magistrada instructora del caso del diputado del PP, Alberto Casero. Así, y como ha publicado en exclusiva ElPlural.com, la juez envió una extraña providencia a la defensa en la que le decía que debían ser ellos, o en su defecto la fiscal del caso, los que se pusieran en contacto con el Alto Tribunal para que este dijera que no puede investigar a Casero al estar aforado.

La defensa de Casero envió un escrito al Tribunal Supremo exponiendo el problema que la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, Patricia Gutierrez Escudero, había generado con su providencia. En el escrito, el abogado solicitaba al Alto Tribunal que, en virtud del Artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el mismo que Gutierrez Escudero había utilizado para su providencia, le dijera a la juez que “se abstenga de conocer del referenciado procedimiento, y remita las actuaciones al Tribunal Supremo”, pues Casero está aforado y, por tanto, la competencia corresponde a la Sala Segunda de este tribunal.

Tras recibir este escrito, el Supremo ha contestado diciendo que, vista la solicitud formulada, “ha de ser el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo el que, con libertad de criterio y en el ejercicio de su jurisdicción el que, en su caso, formule la correspondiente exposición razonada a favor de esta sala”. 

Por tanto, el Supremo responde dando la razón a la defensa del diputado del PP. Ahora, si desea proseguir con el caso abierto contra Alberto Casero por prevaricación continuada, la juez deberá enviar la causa a la Sala Segunda, donde la Sala de Admisiones tomará una decisión tras solicitar informe a la Fiscalía del Supremo y a la defensa.

Caso Casero

Alberto Casero está siendo investigado por los tribunales de Trujillo. De hecho, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de la localidad cacereña le ha imputado por un supuesto delito continuado de prevaricación relacionado con los contratos a dedo en su reciente etapa de alcalde de Trujillo, en los que se habría saltado la Ley de Contratación del Sector Público